En marzo pasado, el día del Trabajador de Prensa, la gobernadora anunció la puesta en marcha de este sistema integral de medios.

En marzo el gobierno fusionó el canal y la radio oficial con organismos de gobierno y creo un observatorio de medios
Pareciera ser que, todo a lo que le pone “foco” el kirchnerismo, está relacionado con “cajas” y “control”.
El denominado Sistema Integral de Medios y Contenidos Públicos en Santa Cruz no parece haber sido la excepción al punto tal que, detrás del anuncio y solo puede decirse que permitió “multiplicar cargos”, crear áreas y direcciones y generar más burocracia en un Estado de por si elefantiásico.
Por lo demás, ni se mejoró ni transparento la comunicación e información que deben suministrar los medios públicos, ni se puede verificar una modernización del sistema de medios provinciales que parecen estancados en la década del 90 del siglo pasado.

Si bien, ante el pomposo anuncio de la gobernadora, el pasado 25 de marzo (Día del Trabajador de Prensa), daba la sensación que el gobierno buscaba establecer otro tipo de comunicación con la gente, tal vez para mejorar su deteriorada imagen o fortalecer y dar protagonismo a ciertos dirigentes con “ambiciones” para el 2023; todo se dedujo a multiplicar y replicar estructuras burocráticas. Así se fusionaron las operaciones del Canal 9 y de la radio oficial LU14, para ponerlas bajo la misma órbita administrativa. Sobre estos dos medios hay que decir que salvo por los lugares donde efectivamente funciona la repetidora del canal (en la mayoría de las localidades no existe o no opera) y por las localidades donde una FM (muchas de ellas sin identificación oficial y con frecuencias disimiles) en general no son ni vistos ni escuchados masivamente. Claramente hubiera sido más lógico y eficiente invertir en capacitar a su personal y equipar los medios con tecnología, que “agregarlos” a la estructura burocrática.

Así es que, este “sistema integral” incluyó a la Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales de Santa Cruz (AMA Santa Cruz), el Consejo Asesor de los Medios Públicos Santacruceños (CAMPuS), y el Observatorio Provincial de Medios (OPM), todos estos organismos destinados a la “operatoria” política y al control de todo lo que cada área de gobierno quiere difundir. Prácticamente, la estructura de Prensa, Propaganda y Difusión de las épocas en las que gobernaba Néstor Kirchner, el fallecido ex presidente, hermano de Alicia Kirchner.

Pasaron 30 días, y todo hacía suponer que se verificaría un cambio no solo estético, sino también en lo profesional y la dinámica de la comunicación oficial. Otra idea presentada como novedosa, pero que de novedosa no tiene nada, y es todo lo contrario a lo que en materia de comunicación debería hacer un Estado, fue la creación de un área especial que “seguirá o monitoreará” a la opinión pública en redes sociales; en definitiva: control social.
Quién asesoró a la mandataria, o quien diseñó ésta estrategia (nadie en el gobierno dice saber quién “empujó” la idea para que Alicia la tomara con tanto interés) probablemente intentó justificar la existencia de la enorme estructura abarrotada de personal, en su mayoría no técnico, pero si administrativo; y competir con el “pool” de medios privados afines al kirchnerismo y financiados por el gobierno, que en realidad cumplen con el rol de voceros del gobierno.
Hay que recordar que luego de la supuesta compra del diario La Opinión Austral por parte del ahora vice gobernador Eugenio Quiroga, gran parte de la pauta oficial se dirigió a este medio. No obstante, Quiroga – que figuraba como director – nunca dijo de dónde sacó los fondos para la compra del histórico medio de Río Gallegos; aunque hay indicios que un actual ministro y un ex ministro habrían estado detrás de la operación. Tras las elecciones, se informó que el medio y su “sucursal” en Zona Norte habían sido adquiridos por el “Grupo Olmos”, titular del Canal Crónica TV de Buenos Aires y otros medios. El otro diario de Río Gallegos, también cambió de manos y en la actualidad ambos periódicos se imprimen en la misma planta. Se debe sumar en este esquema de medios privados financiados o apoyados por el gobierno, a diversas emisoras en toda la provincia, programas de radio locales y página Web.
De este modo, el gobierno concentra un enorme poder comunicacional – a un costo millonario en la suma – pero de dudosa eficacia o credibilidad. Nuevamente queda expuesto el tema de la “caja” que se maneja con la pauta oficial y a su vez, el control y condicionamiento de quienes están bajo este esquema; los denominados medios “oficialistas”.

Tal vez la idea de “re ordenar” el “aparato” de prensa y difusión del gobierno tuvo que ver que darle una “lavada de cara” y mostrar cierta “modernización” y “utilidad” ante el rol ocupado por los medios privados adictos al gobierno.

El 17 de diciembre 2020 se sancionó la ley 3723 que creó el Sistema Integral de Medios y Contenidos Públicos de la Provincia de Santa Cruz.

El propósito: Política partidaria y mayor burocracia

Centenares de direcciones provinciales, direcciones generales, y departamentos, están previstos para esta estructura de comunicación oficial.
La estructura contará, además, con otras cuatro gerencias, con una importante burocracia administrativa que decenas de direcciones generales y provinciales: Administración, LU 14 Radio Provincia, LU 85 TV Canal 9, y Producción y Contenidos, tiene 3 Direcciones Provinciales; 8 Direcciones Generales; 7 Direcciones, y 3 Departamentos.
También prevé la creación de un Consejo Asesor con 13 miembros con mayoría absoluta del oficialismo, y un Observatorio de Medios que controlará los contenidos «sensibles» que emiten los medios públicos y privados.
A principios de este mes la gobernadora nombró oficialmente en la flamante Gerencia de Comunicación Territorial y Relaciones Institucionales de la AMA, a Alejandro Garzón, histórico dirigente de ATE. Tras su designación el 1 de abril, el gremialista dijo: “He sido convocado por la Gobernadora Alicia Kirchner para asumir esta responsabilidad política. Me sumo a este equipo de gobierno con todos sus matices, porque somos el Frente de Todos”.
Luego de estas declaraciones, queda en claro que esta estructura, que debería estar al servicio de los ciudadanos, de cada comunidad santacruceña que necesita recibir información o simplemente estar integrada en la comunicación, es simplemente un órgano político.

Control y “billetera”

Según trascendió, entre los objetivos de este “sistema” está como “mejorar la imagen del gobierno” a través de los medios públicos de Santa Cruz, y realizar un seguimiento de la opinión pública en las redes sociales, como de las redes de los medios de comunicación y “de referentes de la provincia”.
El decreto firmado por Alicia también establece como misión de generar “contenidos con un perfil popular, igualitario, horizontal e inclusivo”. Además el decreto 0332/2022 dispone el registro de medios comunitarios y alternativos, para abordar contenidos “fuera de la agenda mediática”, y podrá crear medios locales en el ámbito de toda la provincia. Para todo esto, está prevista la distribución de pautas discrecionales.

El nuevo esquema de Medios Públicos que tomó forma bajo el Decreto N° 1.423/20.

El proyecto para el sistema integral de medios públicos se sancionó en diciembre 2020, a través de un trámite exprés en la Legislatura provincial. En apenas dos semanas, fue analizado, tratado y votado por mayoría del Frente de Todos; aunque con críticas y cuestionamientos de la oposición.
Precisamente los planteos apuntaron al peligro de “condicionamientos” a la prensa y a la libre expresión.