Diecisiete gobernadores y gobernadoras de las provincias de Argentina, a través de un documento conjunto, expresaron su preocupación por el inminente fallo del máximo tribunal sobre los fondos que se trasfieren actualmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según el oficialismo, esos fondos se vieron notablemente incrementados durante la gestión del gobierno anterior, por ello es que la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, adhirió al mismo y recalcó la imperiosa necesidad de avanzar en una distribución más equitativa y con una mirada federal.
Es importante resaltar que previo a la emisión de este comunicado por parte de los y las representantes de las distintas provincias, se concretó un encuentro en las instalaciones del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Buenos Aires.
Durante el mismo, Alicia Kirchner se hizo presente y resaltó la necesidad de rever la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y abogó para que el resto de las provincias reciban los fondos de coparticipación, teniendo sentido federal y concordancia con el contexto actual.
En ese marco y luego de haber expuesto los puntos de vista, las autoridades de cada una de las provincias participantes en la reunión, destacaron: “La Ley 27.606 encomendó a la Comisión Federal de Impuestos (CFI) a dictaminar sobre la valuación de la transferencia de la policía efectuada en 2016 por el Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires”. A la vez indicaron que el CFI, es un organismo constitucional con expertise técnica que integran todas las provincias, la CABA y el Estado Nacional, el cual con fecha 5 de mayo de 2022 emitió una resolución con el acuerdo de 21 jurisdicciones, mediante la cual determina que el valor de la transferencia de la policía implica para el año 2021 la suma de $43.000 millones.
“Consideramos que el Estado Nacional no puede hacer más que aceptar el dictamen del organismo técnico constitucional. Ofrecer a la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la conciliación ordenada por la Corte, un monto superior a lo determinado por el organismo técnico competente, generaría un enriquecimiento sin causa en detrimento de las demás jurisdicciones”, expusieron. Asimismo, ante el vencimiento del proceso de conciliación dispuesto por la Corte Suprema, y de cara a la resolución de las medidas cautelares interpuestas, indicaron: “Las provincias firmantes reafirmamos la necesidad de atenerse a los parámetros determinados por la CFI al momento de valuar el servicio transferido y alertamos que otorgar la cautelar a la CABA profundizaría las graves asimetrías que tiene nuestro territorio nacional.
El documento está firmado por Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán, (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Oscar Herrera Ahuad, (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alberto Rodríguez Saá, (San Luis); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).