El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros doce imputados, se reanudará este lunes con el inicio del alegato fiscal, que se extenderá durante nueve audiencias.
Tras el receso judicial de invierno, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 escuchará desde este lunes en su rol de parte acusadora al fiscal de juicio Diego Luciani, quien ya anticipó que expondrá durante nueve audiencias, a razón de tres por semana.
En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio y termina el lunes, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez en ese período.

El organismo consideró «irresponsable avanzar en la acusación» por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.
Con esta postura, la única voz acusadora que quedó en el debate es la del fiscal Luciani, quien según fuentes judiciales considerará que hay pruebas para formular pedidos de pena.
Tanto la Vicepresidenta como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate se realiza por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom.
El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.
En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Además de la Vicepresidenta, son juzgados el propio Báez, dueño de «Austral Construcciones»; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López.
También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.

Causa

Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo «Austral Construcciones» de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.
La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.
El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19.
Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que «fue un plan ideado por el Gobierno saliente» de Mauricio Macri y que la causa «forma parte del lawfare».
Entre los centenares de testigos estuvieron todos los jefes de Gabinete de los gobiernos de Cristina Kirchner y del fallecido expresidente Néstor Kirchner.
El 15 de febrero pasado, el presidente Alberto Fernández, exjefe de Gabinete entre 2003 y 2008, concurrió en persona a declarar como testigo a Comodoro Py 2002 y negó la existencia de «arbitrariedades» en la distribución de obra pública nacional.
A su turno, el también exjefe de Gabinete Sergio Massa sostuvo que las partidas para obra pública estaban incluidas en el Presupuesto nacional, aprobadas por el Congreso y negó haber recibido algún tipo de indicación u orden sobre la asignación de esos recursos.
También declararon empresarios de la construcción como un primo del expresidente Macri, Angelo Calcaterra, quien sostuvo que resulta «imposible» pensar la obra pública sin la «redeterminación de precios», una práctica habitual en momentos de inflación, que es uno de los puntos bajo análisis.
Al igual que el constructor Juan Chediak, otro testigo, mencionó que las empresas locales tienen por lo general «ventaja competitiva» por estar cerca de las zonas de la obra.
Otros testigos aludieron a las inclemencias del tiempo en la región, a la llamada «veda invernal» y al traslado de materiales a la hora de referirse al cálculo del costo de las obras.
El mes pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó recursos de la defensa de la Vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, y ratificó la continuidad del juicio oral.

(Télam)