Después de dos semanas y tras el pedido de condena de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, el juicio oral por las presuntas irregularidades en las obras públicas de Santa Cruz se reanudará mañana.
Mañana a las 9:30 horas el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 iniciará la etapa de alegatos de las defensas. La primera será de Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y para quien la Fiscalía pidió tres años de prisión en suspenso.
Garro y su abogado, Mariano Fragueiro Frías, estarán en persona en la sala de audiencias y solicitaron que lo estén los fiscales y los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) que pidieron una pena de un año de prisión.
El resto de las partes seguirán la audiencia por videoconferencia.
El juicio se reanudará en un contexto muy distinto después del alegato de la Fiscalía. En el centro de la escena política está el intento de homicidio de Cristina Kirchner, por el que hay un detenido -Fernando Sabag Montiel- y una investigación en curso.

Por el hecho, el gobierno nacional decretó feriado el viernes, hubo una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo en repudio a lo ocurrido y la Cámara de Diputados hizo lo propio en una sesión especial.
Sin embargo, los cruces entre oficialismo y oposición continuaron y en los discursos hubo referencias al juicio y al pedido de condena de los fiscales contra Cristina Kirchner de 12 años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta.
Según informaron a Télam fuentes judiciales, el Tribunal Oral Federal 2 prevé comenzar la audiencia el lunes 5 a las 9.30 como estaba previsto desde la última jornada llevada a cabo el 22 de agosto, para dar inicio a la etapa de alegatos defensistas.
Para la etapa de alegatos se dejó abierta la posibilidad de que cada imputado y su defensa puedan pedir hablar en persona ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
Esto es lo que ocurrirá el lunes en el alegato defensor de Garro, que se extenderá una jornada y se anticipa terminará con un reclamo de absolución debido a que “el exfuncionario estuvo sólo cinco meses en su cargo y no hay peritajes, documentos ni nada” que hayan demostrado que cometió algún delito, explicaron fuentes de su defensa.
El abogado pidió además al TOF2 que en la sala de audiencias estén también presentes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
En el juicio se debaten las supuestas maniobras para beneficiar al empresario, y también acusado, Lázaro Báez con adjudicaciones de obra pública nacional y otras irregularidades en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a través de la firma “Austral Construcciones” y otras que adquirió en ese período.
El inicio de los alegatos de las defensas con esta opción de presencialidad se da en un momento en que la Cámara Federal de Casación pidió al Ministerio de Seguridad de un refuerzo en la seguridad del edificio, donde también se investiga el atentado a la Vicepresidenta.
De hecho el viernes tanto la jueza federal María Eugenia Capuchetti como el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de esta causa, resolvieron por cuestiones de seguridad ir ellos a tomar declaración como testigo a la vicepresidenta a su domicilio.
A la hora de tomar declaración indagatoria al hasta ahora único acusado por la tentativa de homicidio también optaron por evitar un traslado a la sede judicial y se dirigieron a sede de la Policía Federal donde permanece detenido.
Los alegatos en el juicio se realizarán por orden alfabético y el Tribunal dio un máximo de tres días a cada defensa, aunque algunas de ellas ya anunciaron que hablarán por menos tiempo.
La defensa de la Vicepresidenta figura en sexto lugar y se prevé que llegue su turno entre finales de septiembre y principios de octubre.
Al igual que los restantes acusados, tanto la Vicepresidenta como sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Comodoro Py.
En esta etapa de los alegatos, la expresidenta también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo.
El Tribunal rechazó en agosto un pedido de la defensa para que la vicepresidenta amplíe su declaración indagatoria.
El martes 6 será el turno del alegato del también ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz y responsable del llamado “distrito 23” en esa provincia, Mauricio Collareda, a quien la fiscalía pidió 6 años de cárcel.
A la hora de pedir penas, Luciani y Mola reclamaron condenar también a 12 años de prisión a Báez y diez años para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas de la Nación José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.