El oficialismo de la Cámara de Diputados decidió el jueves incorporar un artículo en el proyecto de Presupuesto 2023 para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias, con lo cual se estima que se podrán sumar $237.000 millones a las arcas públicas.
La solicitud fue realizada por el secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos), quien señaló que “hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales”.
“Cuando uno mira en detalle el presupuesto se encuentra con un rubro, que es importante, controvertido, a lo largo de los años, y que creo que hay que modificar en esta oportunidad”, lanzó el entrerriano como introducción.
En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresaran al Poder Judicial desde ese año pagaran Ganancias, pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta ese impuesto de sus haberes.

El artículo incorporado ahora fija que “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.
El diputado oficialista dijo que en 2022 el Estado no recaudará “129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan Ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones”.
En relación a 2021 leyó un informe que estimó esa suma en 55 mil millones de pesos.
“Los trabajadores que ganan más de $ 330.000 pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $ 1.000.000 o $ 2.000.000 mensuales, no pagan”, agregó.
Casaretto señaló que quienes “tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las Ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial”, en referencia al argumento de los magistrados para que sus ingresos no se vean depreciados, dado que mientras ejercen el cargo no pueden desarrollar actividad privada.
“Claramente yo no coincido con esta exención; de hecho el año pasado presenté un proyecto de ley en el cual me acompañaron unos cuarenta colegas, esencialmente de mi bloque, y que diputados aquí presentes han sido parte de la discusión”, remarcó.

Respuesta

En tanto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, se declaró en estado de “alerta y movilización” en todo el país en rechazo a “la propuesta de que los trabajadores de la actividad abonen el mal llamado Impuesto a las Ganancias, ya que el salario no es ganancia”.
Piumato sostuvo que “el problema de la Argentina no son los trabajadores ni quienes abonan Ganancias sino la usura financiera que saquea la riqueza y el futuro”.
En tanto, Casaretto recordó en su argumentación que la discusión de este tema “surgió en la década del ’30, cuando la Corte Suprema de entonces, que había declarado constitucional el Golpe de Estado de 1930, había resuelto que tenía que pagarlo toda la sociedad, menos ellos”.
“Se siguió sucediendo con el tiempo, y cuando ese impuesto a los réditos cambia, en la década del ’70, se dispuso que estuvieran exentos tres ítems: jueces, legisladores y jueces y legisladores jubilados”, continuó.
Casaretto prosiguió: “En 1996 este Congreso derogó esos tres artículos, con promulgación el 26 de marzo de ese año; y muchas cosas demoran muchos años en la Justicia, pero esta no, porque el 11 de abril, dos semanas después, firman una acordada por la cual declaran inaplicable esa ley”.
“Y lo hicieron en relación a los jueces y a los jueces jubilados, o sea que, todos los demás, de vuelta a tener que pagar, menos ellos. De hecho a partir de ese momento, los legisladores activos y jubilados comenzaron a pagar, y hoy pagamos”, precisó.
Para clarificar, añadió: “Hoy el Poder Ejecutivo, paga; los legisladores, pagamos; y los jueces no lo hacen. Porque ellos, con esa Corte presidida por Julio Nazareno (en los ’90, durante el Gobierno de Carlos Menem), dispusieron que no se hiciera”.
“Volvió a discutirse en 2016, alguno de los acá presentes votó una ley, que dispuso que comenzaran a pagar los designados de 2017 en adelante; pero sobre eso la política aplicó cautelares y no pagó ninguno”, advirtió.
En la cronología mencionó que “el tema volvió a aparecer en octubre de 2018 durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2019; y allí el diputado (Nicolás) Massot (entonces presidente del bloque PRO) pidió junto a otros colegas que se tratara este tema”.
“Se obtuvieron tres cuartos de los votos para tratar el tema (mayoría especial requerida) pero cuando se llegó al momento de considerarlo, Massot dijo ‘estamos todos de acuerdo’ en tratarlo; y el presidente de la Cámara, Emilio Monzó (también del PRO), le respondió: ‘Estamos todos de acuerdo en tratarlo, pero no en esta sesión, en la sesión siguiente'”, relató.
“Todavía estamos esperando”, remató Casaretto ante ese análisis que finalmente nunca llegó.
“Dos semanas después la Corte falló, rechazó las cautelares y mandó a pagar a los jueces que no lo habían hecho, por lo que, durante casi dos años no habían cumplido la ley, y allí lo empezaron a hacer”, añadió.
El diputado oficialista también aclaró que “un tiempo después hubo otra acordada por la que fijaron que solo debían pagar por alguno de los códigos de sus ingresos y no por la totalidad; o sea que hoy paga solo una parte de los jueces, y paga solo por una parte de sus remuneraciones y no por las otras”.
Sobre este punto, el exjuez y diputado radical Fernando Carbajal (Formosa) dijo que pagó Ganancias cuando ejerció en el cargo y se mostró favorable a que el Poder Judicial pague tributos.
“Como ingresé después de 2017 pagué el impuesto, e incluso lo pagué con gusto, porque creo que corresponde; coincido, así debe ser y creo que el desencuentro histórico que planteó muy bien Casaretto tuvo que ver con que hubo tibieza y complicidad por parte de los poderes ejecutivos”, agregó.
En ese sentido, advirtió: “Nunca una acordada pudo modificar una ley; si esto fue un consentimiento a una serie de actividades irregulares de los poderes judiciales, porque está la acordada de la Corte Suprema, pero cada superior tribunal de Justicia de cada una de las provincias, sacaron resoluciones administrativas y se autoconcedieron el beneficio”.
“Durante años la AFIP no dijo nada y los poderes ejecutivos nacionales tampoco, en un acuerdo espurio que durante muchos años hubo con sectores de la Justicia; y esto también es parte de la historia”, remarcó.

(Télam)