Después de tres años de juicio, con 117 audiencias y 114 testigos escuchados, y sobre todo, con Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena por estar entre los trece acusados, este martes el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el veredicto en la llamada «Causa de Vialidad». El impacto político del fallo es incuestionable; sus efectos, impredecibles. Sin conocerse, el veredicto ya divide aguas. La Vicepresidenta de la Nación calificó al Tribunal de «verdadero pelotón de fusilamiento» e insistió en que la condena ya fue escrita «en base a hechos inexistentes». La oposición, en tanto, se alineó con la frase del fiscal Diego Luciani al terminar su alegato: «Corrupción o Justicia».
El Tribunal deberá decidir entre la absolución reclamada por las defensas y las condenas pedidas por los fiscales Luciani y Sergio Mola. Para la Vicepresidenta pidieron 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, como jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta.
Para el empresario Lázaro Báez los fiscales reclaman también 12 años de prisión. El ex ministro Julio De Vido y el ex Secretario de Obras Públicas, José López están en la lista de los trece acusados que completan ex funcionarios de Vialidad Nacional. El fiscal Luciani le puso un número al perjuicio que, entiende, le produjeron al Estado las supuestas maniobras fraudulentas ejecutadas entre 2003 y 2015, a los fines de favorecer al Grupo Austral Construcciones de Lázaro Báez: unos 5.321 millones de pesos, precisó.
«Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país», dijo el fiscal Luciani.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner fue ejercida por el abogado Carlos Beraldi y por ella misma. «Acá hablan de retornos cuando son sólo operaciones comerciales, con prestaciones recíprocas, uno alquila y el otro paga un alquiler, uno pide un préstamo y el otro paga los intereses, cómo pueden hablar de retorno», justificó Beraldi, sobre las relaciones comerciales entre Báez y la familia Kirchner.
La Vicepresidenta volvió a hablar el martes pasado, en lo que la jerga judicial llama «últimas palabras». «Si dije que este era el tribunal del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento», calificó. Sobre los fiscales, dijo: «mintieron».
«Lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal acusada desde la fiscalía, nada se pudo probar», agregó. Publicó, entonces, en las redes sociales, un documento titulado «Las Veinte Mentiras de la Causa Vialidad», un punteado con réplicas a los fiscales.
Cristina Fernández de Kirchner también criticó en su momento los vínculos sociales, deportivos y amistosos entre integrantes del tribunal y el fiscal Luciani. Cuestionó ahora que se le acuse de encabezar una asociación ilícita, figura penal que, dijo, aún no se les imputa a los detenidos en la causa por el intento de asesinato en su contra. «Cuando uno es víctima, la figura de la asociación ilícita no existe», ironizó.
El Presidente Fernández se solidarizó con Cristina Fernández de Kirchner con una cita de un jurisconsulto italiano (Francesco Carrara). Su jefe de gabinete, Juan Manzur, acaso fue más directo: «La Vicepresidenta hizo su descargo en forma muy contundente y yo les vuelvo a decir lo que dije públicamente: creo en la inocencia de la vicepresidenta y esperemos que hable la Justicia ahora».
El jefe de gobierno porteño y aspirante presidencial por un sector del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó a Cristina Fernández de Kirchner. «Decir que un tribunal de la democracia es un pelotón de fusilamiento es una vergüenza. Es otro ataque más de la Vicepresidenta y de todo su espacio político a la Justicia. Acá hay un fiscal que presentó las pruebas, hay un tribunal que debe juzgar de manera independiente. No hay que meterse», dijo Larreta.
Elisa Carrió también aludió al inminente veredicto: «El martes podemos poner fin a dieciséis años de impunidad», dijo, a la vez que consideró que «nadie debe festejar una condena, porque toda condena, aun siendo un acto de Justicia, es un momento de dolor». El diputado Mario Negri suscribió en Twitter la frase del fiscal Luciani: «Corrupción o Justicia».
Cristina Fernández de Kirchner difundió por las redes unas declaraciones del diputado oficialista Leopoldo Moreau, bajo el título «La Corte Suprema juega al truco con las instituciones». Más allá de las referencias al juicio de Vialidad, el diputado explicitó un comentario dominante en el oficialismo en el Congreso. «Yo creo que el martes va a haber una condena a Cristina», dijo Moreau. Vinculó el fallo al jueves tumultuoso en Diputados y a la tensión en el Senado por el Consejo de la Magistratura.
En el bloque del Frente de Todos acusan a la oposición de promover «un vacío legal» ante una acefalía en la presidencia de la Cámara Baja, más una eventual condena judicial a la Vicepresidenta. «Tal vez pensaban en desestabilizar la línea de sucesión de la Cámara de Diputados», dijo Moreau.
Según trascendió en los tribunales de Comodoro Py, el martes por la tarde los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso darán a conocer el fallo.
Los acusados
Cristina Fernández de Kirchner: 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada.
Lázaro Báez, empresario: 12 años de cárcel como organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta, en calidad de partícipe.
Julio De Vido, exministro de Planificación Federal: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público, como organizador de la asociación ilícita y por administración fraudulenta.
José López, exsecretario de Obras Públicas: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con la administración fraudulenta.
Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV): 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita en concurso con la administración fraudulenta.
Mauricio Collareda, exresponsable del Distrito N°23 «Santa Cruz» de la DNV: 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada
Raúl Daruich, exresponsable del Distrito N°23 «Santa Cruz» de la DNV: 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 3 años de prisión en suspenso, por administración fraudulenta.
Juan Carlos Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 6 años de prisión por administración fraudulenta.
Raúl Pavesi, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 5 años.
José Santibañez, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 4 años de prisión.
Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación: 4 años de prisión.
Carlos Kirchner, exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal: absolución por el delito de asociación ilícita y pedido de condena a dos años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad.
(Via País)