El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) dio a conocer este martes su veredicto en la causa denominada como «Vialidad» y resolvió condenar a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública contra el Estado entre 2003 y 2015.
Esto lo resolvieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, integrantes del TOF2.
La sentencia fue leída por el TOF2 constituido de manera presencial en una sala de audiencias en la planta baja de los tribunales federales en Comodoro Py 2002, edificio que amaneció con fuertes medidas de seguridad (doble vallado, solo un acceso habilitado y dos centenares de policías destinados a la custodia) para evitar incidentes durante la movilización de seguidores de Cristina Kirchner.
Un fallo histórico
Se trata de un fallo histórico y de alto impacto para la escena política de la Argentina, porque Cristina Kirchner no solo se convirtió así en la primera vicepresidenta en ejercicio en ser condenada por un caso de corrupción, sino que además la sentencia se conoció en medio de los movimientos que inició la referente del oficialismo para mostrarse como potencial candidata para pelear la presidencia en 2023.
En principio, la condena no será de cumplimiento efectivo porque Cristina Kirchner podrá apelar ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos. Y si el fallo en la segunda instancia también es adverso, la Vicepresidenta podrá recurrir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tendrá la última palabra.
El juicio por la causa Vialidad se extendió durante tres años, en el que se desarrollaron 117 audiencias y se escucharon a 114 testigos. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron 12 años de cárcel para Cristina Kirchner y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Luciani y Mola justificaron su pedido al considerar que la expresidenta lideró una asociación ilícita que funcionó en la estructura del Estado para favorecer al empresario Lázaro Báez con contratos de obras viales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Los fiscales sostuvieron que la empresa Austral Construcciones (del grupo empresarial de Báez) fue la estructura creada para extraer fondos públicos mediante la asignación irregular de obras públicas viales. Asimismo, consideraron que hubo varios proyectos asignados a esa compañía que registraron sobrecostos y muchos nunca se terminaron. Luciano y Mola hablaron del » mayor» esquema de corrupción «que se haya conocido en el país».
En sus presentaciones ante el TOF2, Cristina Kirchner negó las imputaciones y acusó al tribunal de tener la condena escrita desde el inicio del juicio. La Vicepresidenta hasta comparó al tribunal con un «pelotón de fusilamiento».
La defensa de Cristina Kirchner fue ejercida por un equipo liderado por el abogado Carlos Beraldi. «Acá hablan de retornos cuando son solo operaciones comerciales, con prestaciones recíprocas, uno alquila y el otro paga un alquiler, uno pide un préstamo y el otro paga los intereses, cómo pueden hablar de retorno», justificó Beraldi, sobre las relaciones comerciales entre Báez y la familia Kirchner.
En una entrevista publicada ayer en el diario de Brasil, Folha de San Pablo, Cristina Kirchner explicó porqué el 2 de diciembre de 2019, en la primera audiencia del juicio oral, dijo «la sentencia ya está escrita». «Se violaron todas las garantías constitucionales», sostuvo, y volvió a insistir sobre los vínculos entre el fiscal Luciani y el presidente del Tribunal, Gimémez Uriburu. La semana pasada, la Vicepresidenta difundió un documento titulado «Las veinte mentiras de la Causa Vialidad», con réplicas a las acusaciones.
En su alegato, el fiscal Luciani le puso un número al perjuicio que, entendió, le produjeron al Estado las maniobras ejecutadas entre 2003 y 2015, a los fines de favorecer al Grupo Austral Construcciones de Lázaro Báez: unos 5.321 millones de pesos, dijo.
Causa Vialidad
La causa se inició en 2016, por una denuncia de Javier Iguacel, entonces director nacional de Vialidad. La investigación quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques. Ercolini procesó a Cristina Kirchner.
Antes de ir a juicio oral, la causa pasó varias veces por la Sala I de la Cámara Federal, integrada en ese entonces por los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, y también por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que conforman Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Carlos Carbajo.
El juez Ercolini quedó envuelto el pasado fin de semana en un episodio polémico, al trascender chats sobre un vuelo privado, de octubre pasado, a la estancia patagónica de Joe Lewis, junto a otros funcionarios judiciales.
Entre estos estuvieron el camarista Carlos Mahiques, y su hijo, fiscal general porteño, Juan Mahiques, padre y hermano de uno de los fiscales, Ignacio Mahiques, que imputó a Cristina Kirchner en la primera etapa de la causa.