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La Cámara de Diputados de la Provincia consumó otro gravísimo hecho que atenta contra la democracia, y seguramente podría ser el “tiro de gracia” a la ya moribunda justicia santacruceña.
En la sesión extraordinaria del miércoles, por mayoría, los legisladores oficialistas – al servicio de la familia Kirchner- dieron acuerdo para la designación de Lisandro De La Torre en el cargo de Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Esta votación tuvo el abrumador resultado de15 votos positivos, 2 negativos y 2 abstenciones.
En la misma jornada se aprobó la designación de Jesica Mariel Hernández como titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Familia de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Puerto Deseado
La designación de Hernández tuvo 14 votos positivos y 5 negativos.
Los pliegos de ambos letrados habían tomado “estado parlamentario” el 10 de noviembre pasado, y solo restaba la convocatoria a las sesiones ordinarias para que se cumpliera con el “trámite” para terminar de “colonizar” el Poder Judicial Provincial.

Ordenes de la Jefa

Estas designaciones pueden leerse como una “reacción” del Kirchnerismo al Juicio por la causa Vialidad – por corrupción en la obra pública en Santa Cruz – en donde la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner fue calificada como la principal responsable del desfalco al Estado por casi mil millones de dólares.
Cristina, su familia y sus “funcionarios-empleados” más allegados enfrentan otras causas en donde se investiga el origen de sus fortunas además de otras maniobras que son investigadas en distintos ámbitos de la Justicia Federal.
Por eso, es evidente que el oficialismo provincial, respondiendo a “ordenes” de su “Jefa” pretendiera dar una “cobertura judicial” en la provincial y evitar que Cristina y sus secuaces sean investigados por un Poder Judicial Independiente.
Claramente lo que está en juego es la “impunidad” que por más de 30 años tuvo la familia Kirchner y su entorno, en la provincia donde se diseñó y se perfecciono el sistema de corrupción que luego se desplegó en todo el país, cuando Néstor y Cristina llegaron al “poder” nacional.
Hasta el momento, la única reacción política y de denuncia de está avasallamiento a uno de los poderes de la Democracia la tuvo una parte de la oposición, mientras que las entidades y asociaciones que agrupan a los profesionales del “Derecho” santacruceño se mantienen calladas y ajenas a la situación; tal vez sin entender que están siendo de alguna manera cómplices con el silencio.

Repudio de la UCR

“Denunciamos públicamente, una vez más. la anulación del sistema de administración de justicia en la provincia de Santa Cruz, y repudiamos las propuestas de designación presentadas hoy – por el miércoles – ante la Cámara de Diputados Provincial de los Dra. Lisandro de la Torre y Romina Saúl”, inicia el comunicado de la Unión Cívica Radical de Santa Cruz, luego que los pliegos de ambos letrados tomaran estado parlamentario en la Legislatura.
La presentación, es el último pasó de un trámite que consagra el “copamiento” de todos los estamentos del Poder Judicial de Santa Cruz, en busca de una “justicia militante” que genera un “blindaje” a la familia Kirchner y a todos los funcionarios del kirchnerismo.
Al respecto, desde la UCR se manifestó que: “las últimas designaciones realizadas en las más altas esferas del Sistema de Administración de Justicia en la Provincia de Santa Cruz, han terminado de perfeccionar un sistema de gobierno anti republicano, reduciendo la función judicial a la categoría de una mera dependencia política del Gobierno del Frente de Todos, quedando sólo un Poder Judicial ficticio”, denunció la oposición.
En este comunicado, la UCR provincial mencionó los antecedentes recientes, que Mas Prensa también cuestionó en diversas notas como: “Basanta el Okupa” (sobre la designación irregular de Fernando Basanta en el Tribunal Superior de Justicia) y la avanzada para que el abogado de Cristina y allegado a la familia Kirchner, Marcelo Bersanelli, fue puesto al frente de la Cámara Federal de Piedra Buena, otra designación para garantizar que, en Santa Cruz, los K sean “intocables”:

Justicia “militante”

“El Tribunal Superior de Justicia fue integrado recientemente por el ex Ministro de Gobierno y de Seguridad Fernando Basanta. agente ultra kirchernista. quien ni si quiera reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo, sumándose a los restantes vocales, también reconocidos actores políticos: La Dra. Renee Fernández, ex representante del Frente para la Victoria. Asesora Legal y Técnica de Néstor Kirchner y funcionaria del Gobierno Nacional durante su presidencia; el Dr. Mauricio Mariani, ex Diputado del Frente de Todos. Paula Ludueña. esposa del ex secretario privado de Pablo González …
Hoy se sumarán las designaciones de ex Ministro de Seguridad y militante ultra kirchnerista Lisandro de la Torre como Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia y de la Dra. Romina Vanesa Saúl Militante de Alicia, como Defensora General ante el Tribunal Superior de Justicia”, describieron desde el radicalismo.
Lo ocurrido -una vez más- en la Legislatura, tiene una gravedad que debería derivar en una reacción más contundente, incluso desde el mismo seno del Poder Judicial. Pero a esta altura, la Justicia provincial no parece tener los anticuerpos necesarios para librarse del daño que se le causa.
En tal sentido, la oposición consideró que “esta politización absoluta del sistema de administración de justicia en la Provincia de Santa Cruz significa en los hechos la anulación del Estado Republicano de división de poderes, colocándonos por fuera de la Constitución Nacional y Provincial, anulando uno de los poderes del estado -El Poder Judicial- transformándolo en un cuadro político de gestión del Gobierno de Alicia Kirchner”.
Tremendo análisis nos pone frente a una realidad, que tiene como síntesis, el documento dado a conocer por la UCR: “El objetivo de este sistema resulta sumamente claro; garantizar la impunidad, sin jamás dar curso a las reiteradas denuncias de corrupción realizadas desde hace vanos años ante los Juzgados Provinciales, de las cuales no se ha rendido cuenta alguna ni se conocen sus resultados”.