Por Jorge Sánchez
La acción individual de cualquier aspirante a cargos electivos se despliega en entornos cuyas dinámicas conviene comprender. La contribución de la política a la sociedad resulta en cualquier caso de la interacción entre agentes que persiguiendo sus propios fines, despliegan acciones con impacto en la representación social. Se enmarcan en reglas que tácita o explícitamente enmarcan la construcción y ejercicio del poder. Los comentarios que siguen refieren algunas aristas del caso de la Provincia del Chubut en Patagonia Argentina. Se referencian en nociones que podrían emplearse para analizar otros. Su debate es el sentido de esta publicación.
Los partidos políticos chubutenses como la generalidad de los argentinos, son estructuras cerradas paulatinamente a la participación y competencia electoral institucionalizadas. Operan mejor como canal de aspiraciones particulares que como generadores de alternativas programáticas ofrecidas al electorado en competencia. De ahí las permanentes apelaciones al consenso y la unidad para definir ofertas partidarias o de frentes electorales. Se trata del esfuerzo por acuerdos cupulares entre grupos que controlan cada partido intentando plebiscitar su acceso exclusivo a los recursos y símbolos de poder estatales.
La segunda arista relevante es que sin una ley electoral, tales procesos son determinados por la especulación de grupos y contendientes negociando condiciones para llegar al poder. La inexistencia de una regla general resulta invariablemente en arreglos discrecionales de términos, métodos y fechas comiciales promoviendo juegos de suma cero y de resultados escasamente representativos. Lo único resonante con necesidades, expectativas y preferencias sociales es en esas condiciones la retórica, amplificada por medios masivos y sociales en la medida del control sobre recursos públicos aplicables a la publicidad o a la cooptación de canales hacia el electorado.
La tercera arista es generalizada en Argentina. La inexistencia de controles constitucionales del gasto público. Su ausencia facilita evidentemente aquella dinámica de apropiación de los recursos económicos. Pero en general facilita el financiamiento de proyectos particulares de poder a costa de los contribuyentes y el endeudamiento público en el caso de las instancias subnacionales.
Un problema crónico
El proceso en el que se desarrolla este modelo de funcionamiento ha contribuido a la cristalización de un sistema político orientado explícitamente a la captura de rentas del estado. Bajo la forma de posiciones de poder e influencia, el uso discrecional de fondos, preferencias arbitrarias en compras públicas, sobornos financiados por sobreprecios de obras y provisiones públicas, la hacienda termina representando un botín, la administración se reduce a burocracia y la estrategia no trasciende la inmediatez. La contracara es una dirigencia de naturaleza predatoria cuyo comportamiento corporativo deviene casi en oligarquías que en algunos casos incluyen formas hereditarias.
El nuevo año se presenta con algunos círculos académicos que analizando las finanzas públicas, señalan el endeudamiento provincial como problema tan crónico como inadvertido. Las federaciones empresarias se desayunan de la improductividad habitual del gasto público en relación al desarrollo de actividades productivas de la región. Los gobiernos escenifican las urgencias relacionadas a cambios de los procesos de mercado con impacto en las actividades más relevantes. Asistimos pues a la contrastación de este disfuncional modelo.
Los cambios que el progreso reclama en la región entretanto, no son de color político, nombres o edades de la dirigencia. Dependen de la evolución de la cultura política y la superación de algunas ideas fuerza como la consigna de que la política trata de gastar recursos públicos en buenas ideas de gente bien intencionada militando necesidades con la pretensión de representarlas. Requiere en definitiva de tiempos de aprendizaje que exceden el año electoral.
