Karin Silvina Hiebaum – International Press

Por Eduardo Filgueira Lima

Filgueira Lima es Médico, Mag. en Sistemas de Salud y Seguridad Social. Ex Secretario de Salud de la Prov. de La Pampa. Ex Viceministro de Salud de la Nación. Consultor en temas de políticas y gestión de salud.

Como lo había anunciado durante la campaña, el ahora presidente electo, Javier Milei, tendrá en su gobierno 8 ministerios compuestos por Defensa, Justicia, Economía, Capital Humano, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad e Interior. En el de Capital Humano, se encontrará la Secretaría de Salud, que podría estar a cargo del pampeano Eduardo Filgueira Lima, uno de los referentes en la materia de La Libertad Avanza.

„Las instituciones de salud son ineficientes y los pacientes no son libres de elegir. Queremos lograr que la gente sea libre y que las instituciones sean eficientes“ – Eduardo Filgueira Lima

La Argentina destina el 10% de su PBI a financiar una estructura de prestaciones a través del sistema público, privado y de la seguridad social que se sostiene a través de aportes e impuestos y las agrupaciones políticas quieren reformar. Pero, ¿cómo?

El referente en salud de La Libertad Avanza resume en tres pilares su propuesta. El primero es la generación de un seguro de salud por provincia con libre elección del usuario de hacerlo por obra social, prepaga o, si no cuenta con los recursos, a cargo del Estado, y de dónde atenderse, sea en el sector público o privado. Plantea que, así, se pasa a financiar la demanda, en lugar de la oferta. Sería con asistencia técnica a las provincias y de manera progresiva en un primer año.

Es importante señalar que esta nueva estructura ministerial incluye una fuerte reestructuración con relación a la actual, que tiene un organigrama de 19 carteras.

Algunas de ellas, pasarán a ser secretarías, como Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación, que formarán parte del nuevo Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Portovello.

Otras dejarán de existir, como el Ministerio de Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación; Cultura; Desarrollo Territorial y Hábitat; la de Mujeres, Géneros y Diversidad; Transporte; y Turismo y Deportes.

En tanto, en las últimas horas de ayer y la mañana de hoy, comenzaron a aparecer los nombres de las personas que ocuparán esos casilleros ministeriales a partir del 10 de diciembre.

Entre los recién anunciados está el abogado de 62 años Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia. Actualmente, el letrado es dueño de uno de los principales estudios jurídicos junto a sus hermanos Rafael, Matías y Cristina.

Hay versiones de que Victoria Villarruel no solo se desempeñaría como vicepresidenta, sino como titular de la cartera de Seguridad y Defensa, para tener funciones de gobierno más allá de controlar el Senado. Pero ella lo desmintió. “Yo voy a ser vicepresidenta, nada más”, aseguró Villarruel antes de subirse al automóvil que la retiraría del hotel. La prensa en el lugar le había preguntado por su rol en las carteras de Seguridad y Defensa que Milei confirmó hoy le corresponderían a ella.

Además, está confirmado que el actual asesor del libertario Guillermo Francos estará al frente del ministerio del Interior.

A su vez, el que coordinará los ministerios, de los que todavía falta que se conozcan los encargados de áreas clave como Economía, será Nicolás Posse, quien asumirá como jefe de Gabinete.

Martín Krause, doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata, sería el referente en la secretaría de Educación y Gustavo Morón se desempeñaría en el cargo de secretario de Trabajo, al interior de la mencionada cartera que absorberá los ministerios existentes.

Por otra parte, la diputada electa y economista Diana Mondino sería la nueva canciller y la legisladora Carolina Píparo, excandidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, iría como futura titular de la ANSES.

Dentro del ministerio de Capital Humano se encontrará la Secretaría de Salud, que podría estar a cargo de Eduardo Filgueira Lima, uno de los referentes en la materia de La Libertad Avanza.

Es médico cirujano, yudoca y fue funcionario de Salud de gobiernos peronistas de La Pampa entre 1994 y 2002. En este último año asumió como viceministro de Salud de la Nación, cargo en el que se desempeñó hasta junio de 2003.

“En un servicio en los hospitales públicos, tres trabajan y dos se rascan”, llegó a decir.

Propone un fortísimo desregulamiento del sistema de Salud: seguro para las prestaciones en las provincias, reforma del PAMI y competencia libre entre las obras sociales sindicales y las prepagas.

Filgueira Lima fue subsecretario de Salud de La Pampa y, en enero de 2002, asumió la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación que ocupó Ginés González García durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Al año y medio, ya durante el gobierno de Néstor Kirchner, renunció “por motivos políticos”. Siguió estudiando y empezó actividades de consultoría en obras sociales sindicales y organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Cuenta también que viajó a Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y países de la región para conocer los sistemas sanitarios y sus reformas. Es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires especializado en cirugía de emergencias, doctor en ciencia política por la Universidad del Salvador, magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social (Isalud) y en Economía y Ciencias Políticas (Eseade).

“Tener una enfermedad es un riesgo y tener un seguro no lo evita, pero sí permite diluir el riesgo financiero que podría significar que la persona tenga que afrontarla sola si ocurre. En el caso de los hospitales, esto se financia a través de los impuestos que se paga al Estado, que definen un presupuesto para la atención de la enfermedad de esos pacientes con un subsidio para las personas que no tienen el recurso, pero que se entrega al hospital. Esto es subsidiar la oferta –define Filgueira Lima–. Lo primero que vamos a hacer es promover, incentivar, aportar y apoyar al desarrollo del seguro de salud a través de seguros provinciales.”

Un segundo eje es la desregulación absoluta del sistema de seguros (PAMI, obras sociales nacionales y coberturas privadas). “Que el contribuyente pueda optar dirigir su aporte a la obra social que más le guste y que las obras sociales peleen por captar afiliados ofreciéndoles mejores servicios –explica–. Esto es un mecanismo que da más calidad porque la población elegirá lo que más le convenga. Ya ocurrió y tuvieron que adecuar sus estrategias porque perdían afiliados. Por un decreto de 2021, se retrocedió a que mantengan cautivos a sus afiliados por un año.”

De alrededor de 300 obras sociales nacionales, señala que casi el 70% no recibe los recursos suficientes para financiar siquiera el costo estimado de la canasta básica de prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO). “La consecuencia de eso es cuando se ve que un paciente va a pedir un turno y no lo encuentra”. El fondo que se genera con los aportes es importante, pero será un tercio las que cumplen con los servicios que deben asegurar. El resto lo hace “más o menos” o no lo hacen, lo que se enmascara a través de fondos solidarios.

La intermediación de las obras sociales en la contratación de una prepaga (un “pasamanos”, como lo define Filgueira Lima, que le está costando un 10-12% de bolsillo al usuario por servicios que no recibe) y el PAMI tampoco escapan a este punto de reforma. “El 20% de sus afiliados tiene una cobertura aparte porque está disconforme con las prestaciones, pero de sus aportes que recibe la obra social no recuperan nada para pagar su seguro privado. Entonces, esas personas gastan dos veces. No está bien –plantea–. El PAMI se lleva el 1% del PBI, que son casi US$50.000 millones por año, y el 35% de su gasto no es en salud, sino en prestaciones políticas (entrega de notebooks, turismo, etcétera) que beneficia de manera indirecta al afiliado, pero no con servicios de salud. Esta cautividad hace que PAMI no mejore.”

Filgueira Lima rechazó que vaya a promoverse la compra-venta de órganos. “La cultura de un país establece pautas de comportamiento. Esto debe ser respetado, independientemente de los que uno pueda pensar o que alguien pueda debatir en el ámbito académico”, responde. Asegura, también, que la legislación vigente habilita a implementar la reforma propuesta. “La salud no está desfinanciada. Estamos gastando el 10% del PBI, lo que es bastante, pero que se pierde en el camino por anomalías e ineficiencia, sin contar la corrupción”, dice.

–Los subsistemas público, privado y de la seguridad social seguirán. Los hospitales seguirán funcionando igual, pero tendrán que hacerlo con una mejor gestión. Lo harán en cada distrito y como lo decida cada jurisdicción, pero con la universalización de la cobertura (que todo el mundo tenga un seguro y con prestaciones posibles) y el control por establecimiento, sean públicos o privados, para justificar el pago de las prestaciones a través del seguro de salud. Hoy, los ministerios de Salud provinciales no tienen potestad sobre los privados, solo el control edilicio. Con el mecanismo de control que proponemos, si un centro de atención no adhiere a las pautas y metas, no puede ser prestador del seguro provincial.