Licitaciones que no cumplen plazos de inicio y ejecución, montos que se duplican o incluso cuadriplican; falta absoluta de fiscalización y el nexo empresarial entre el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y la municipalidad de Río Gallegos, son parte de un entramado en donde miles de millones de pesos de los contribuyentes se manejan sin control y con absoluta impunidad.
A lo largo de la presente gestión del Intendente Pablo Grasso y mientras su hermana María Grasso permanece – hasta el 10 de diciembre próximo – como presidente del IDUV; se puede constatar que una innumerable cantidad de licitaciones de obras públicas, han recaído siempre en las mismas empresas. Una de estas firmas – Strella Construcciones- se ha “llevado” la mayor parte.
Con mecanismos administrativos aparentemente formales y legales, esta “sociedad” de hecho ha controlado la obra pública en la capital de Santa Cruz sin que nadie pudiera acceder a la información documentada de su entrega y desarrollo.
Tal vez, de todas estas obras varias veces anunciadas y vueltas a anunciar en campaña, la más emblemática es la del “embellecimiento y reacondicionamiento” de la Laguna Ortiz.
Si bien la licitación se dio a conocer en 2022 y se anticipaba una inversión de unos 55 millones de pesos en un periodo de 6 meses; a mediados del este año recién comenzó a “anunciarse” que la obra se llevaría a cabo, pero esta vez por un monto que rondaría los 300 millones de pesos. La primera vez que funcionarios del gobierno de Grasso hablaron del inicio de la obra fue en agosto y pasados casi cuatro meses, el avance evidenciado no parece permitir cumplir el plazo estipulado en los pliegos de licitación.
Seguramente “nada nuevo”, y en cada obra en la que se “ponga la lupa” se podrá advertir este tipo de irregularidades; pero el caso es que a días de iniciar un segundo mandato al frente de la Comuna capitalina; esta vez Grasso no tendrá a su hermana al frente del IDUV; y es probable que comiencen a “saltar” todo tipo de anormalidades administrativas y financieras.

Laguna Ortiz

La obra de la Laguna Ortiz tenía en agosto de este año apenas un avance en la construcción de los canteros. Según se indicó en medios oficiales y oficialistas en ese momento, la obra se encontraba siendo supervisada por la Secretaría de Planificación y Obras Públicas de la Municipalidad de Río Gallegos. Y en ese contexto el arquitecto Horacio Capel, titular del área mencionada, señalaba que la obra pretendía “claramente mejorar el aspecto del sector y que sirva como paseo recreativo con diversas alternativas, ya que también habrá juegos para los niños y la familia en general, en el sector que da a calle Las Heras. Pero además la obra comprende la construcción de veredas, un deck de madera que emula un pequeño muelle, también se construirá un anfiteatro. Eso irá acompañado de nueva luminaria, y parquización”, sintetizaba el funcionario meses atrás.
Vale mencionar que desde abril se venía hablando de ese proyecto – pese a que la licitación llevaba meses adjudicada- pero los 6 meses de plazo se hicieron eternos.
Se trata de 3 sectores bien definidos, uno de ellos ya había comenzado a ser refaccionado en el 2016 durante la gestión de Roberto Giubetich; pero luego no hubo otra intervención urbanística.
Este año Capel, confirmó que la empresa adjudicataria iniciaría la obra y mencionó que se trataba de Strella Construcciones. Lo que no explicó es porque el monto de ese proyecto financiado por el IDUV alcanzaba ahora un monto de $283.019.100,39.

Sin respuestas

En mayo del año pasado fue el entonces concejal Pedro Muñoz (CC – ARI) quien reclamó explicaciones apuntando al estado de situación de numerosas obras adjudicadas por convenio entre ambas partes (IDUV y Municipio), y solicitó copia certificada de los expedientes de cada una de las licitaciones y adjudicaciones correspondientes. En ese contexto también solicitó un informe sobre la “capacidad técnica de obra y solvencia económica de la empresa Stella Construcciones/ Stella Maris Carrizo, siendo esta la principal adjudicataria de las obras públicas durante el año 2021 a la fecha en la localidad, por una cifra superior a los 1.300 millones”, detallaba el entonces edil.
Claramente y como era de esperar Muñoz no tuvo respuesta
Entre las obras que mencionaba se encontraban: dos licitaciones públicas para la creación del sistema de explotación y distribución de agua potable para los barrios Santa Cruz y 22 de septiembre (por 19 y 16 millones de pesos respectivamente), construcción del Centro de día y Pileta en el barrio San Benito (por 119 millones de pesos), construcción de 32 viviendas y equipamiento en el barrio San Benito (por 287 millones de pesos), terminación de 17 viviendas manzana 49 barrio Santa Cruz (por 143 millones de pesos), construcción de 87 viviendas programa Casa Propia (por 630 millones de pesos), 150 viviendas e infraestructura en Río Gallegos distribuidas en 50 viviendas (por 370 millones de pesos), intervención en la costanera (por 64 millones de pesos), intervención urbanística en la Laguna Ortíz (por 55 millones de pesos), todas a cargo de la empresa Strella Construcciones/Stella Maris Carrizo.
Pese a los reiterados reclamos de sectores de la oposición, los Grasso, nunca rindieron cuentas. Es más, la titular del IDUV aseguraba: “materializamos la política pública que lleva adelante Alicia Kirchner”. Esta afirmación tendría sentido ya que todas las obras que debía ejecutar la provincia estaban marcadas por la sospecha; un rasgo distintivo de la gestión de la gobernadora pronto a abandonar el “poder”.