La consulta popular demandaría una inversión monumental en impresión de boletas y un despliegue de fiscales y fuerzas de seguridad en todas las escuelas del país

El plebiscito con el que amenaza Javier Milei desde que perdió la ley ómnibus le demandaría al Estado más de 50 mil millones de pesos.

El presidente se la pasó retuiteando y poniendo me gusta a usuarios que le sugerían llamar a una consulta popular, una idea que ya había instalado durante la campaña, como para marcarle la cancha al Congreso y mostrar que él no los necesita ya que gobierna para el pueblo.

Pero el costo de la consulta chocaría de lleno con la bandera de ajuste y déficit cero que enarbola el presidente Los tres tramos de las elecciones del año pasado costaron, de acuerdo a lo informado por la jefatura de gabinete, alrededor de 160 millones de dólares. Es decir que cada tramo costó más de 50 millones de dólares. 

La Nación explicó durante la campaña en la que Milei ya hablaba de este mecanismo que la realización de un plebiscito se deberían garantizar, casi 105.000 urnas, el Correo Argentino debería transmitir un total de más de 106.000 telegramas, más de 17.000 locales de comicios y de 1100 sucursales electorales habilitadas. En las PASO de 2023 solo el Comando Electoral movilizó más de 85.000 efectivos para garantizar la seguridad de todo el proceso y el número asciende drásticamente con las autoridades de mesa y empleados en el Correo, encargado de la transmisión.

La Constitución Nacional establece en su artículo 40 que el presidente sólo puede convocar a una consulta popular no vinculante, sin que el voto sea obligatorio. Sólo el Congreso puede convocar a una consulta popular para convertir un proyecto en ley.

Si la consulta no vinculante la puede convocar el Poder Ejecutivo o el Congreso, a instancias de cualquiera de las dos cámaras. Si se aprueba, el Poder Legislativo está obligado a tratar el proyecto de ley en el próximo año, aunque podría no aprobarlo.

El diputado del PRO Gerardo Milman presentó un proyecto este miércoles para que el Ejecutivo convoque a la consulta popular. El proyecto difícilmente cuente con la mayoría: el propio Congreso estaría admitiendo su obsolescencia.