El intendente “K” de Río Gallegos, Pablo Grasso contrató al menos medio centenar de dirigentes y militantes del sector radical que conformaba el frente Cambia Santa Cruz, lo que pondría al descubierto una posible retribución con cargos públicos a favores políticos.
En medio de la interna radical, en las últimas horas salieron a la luz unos 50 “contratos de locación de servicios” de la municipalidad de la capital de Santa Cruz con fecha de enero 2024, entre los que se destaca el nombramiento del presidente de la junta Electoral Provincial de la Unión Cívica Radical Lisandro Roger Ojeda,
familiares de la concejal Daniela D’Amico y del ex concejal Jorge Gareca; además de militantes que responden a la edil y a la diputada nacional Roxana Reyes.
La información, que surgió como dato desde las redes sociales, luego se pudo confirmar mediante documentación donde se detallan los nombramientos.
En este contexto, cabe mencionar que además de estar contratado en la municipalidad, Ojeda cumple funciones en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ). En este listado de contratos de personal con fecha de ingreso el 1 de enero de este año, se encuentran también familiares de la concejal Daniela D’Amico y del ex concejal Jorge Gareca; como así también de un numeroso grupo de militantes que responden a la edil; y a la diputada nacional Roxana Reyes.
La situación, revelaría la existencia de un posible acuerdo entre la concejal Daniela D’Amico y la diputada nacional Roxana Reyes con el bloque Unión por la Patria a través del intendente, Pablo Grasso.
Según trascendió, el personal contratado cumpliría funciones en la Secretaría de Gobierno a cargo de Sara Delgado, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, a cargo de Mónica Gutiérrez y la Jefatura de Gabinete cuyo responsable es Diego Robles.
Dar y recibir
Como ocurre en la ecuación de “dar y recibir un retorno”; aquí se puede establecer un paralelismo valido. Para que alguien otorgue un favor una dádiva éticamente indebida, alguien tiene que aceptar recibirla. Se trata de una cuestión de ética pública y este tipo de acciones raya con la inmoralidad.
Otro detalle que genera sorpresa y gnera suspicacias es que Grasso, luego de firmar los ingresos de militantes radicales y familiares de la concejala, publicó el Decreto 607/2024, en el que suspendía las designaciones de personal en la comuna riogalleguense. Vale recordar que Grasso, en su momento había explicado a medios de comunicación local que el mencionado decreto se daba “para mantener una administración responsable y razonable de los recursos, ante la falta de asistencia financiera del Gobierno de Claudio Vidal”.
Contubernio
Aunque el intendente Grasso acostumbra a este tipo de arbitrariedades y manejos poco claros (por no calificar de turbios), que incluyen contrataciones de obras, sesiones y adjudicaciones de terrenos además de otras cuestiones administrativas a las que es poco propenso a dar explicaciones; en este caso son los actores políticos que conforman este “combo” de picardía política y engaño moral a quines suponen que las posturas políticas que se ponen sobre la mesa de la ciudadanía luego se sostienen en la trastienda del poder.
Pero seguramente, nuevamente nadie se hará cargo de estas adulterados comportamientos de la dirigencia que en los inicios de la democracia eran calificados como “contubernios” y que describían la inmoralidad de algunos políticos.
Precisamente ayer, durante el anuncios de una obra para la localidad en donde volvió a criticar al gobierno provincial y al nacional, el intendente hizo otra de sus alocuciones en los que pretende convencer de la supuesta transparencia de su gestión. “Cuando la gente exige mucho más, es porque nosotros podemos dar mucho más en cada una de las acciones que tenemos que tomar como estado Municipal, Provincial o Nacional”, dijo en referencia al primer año de su gestión luego de la re elección lograda el año pasado; tal vez con el secreto apoyo de un espacio político que decía enfrentarlo.
Estos son los principales contratos:
