En una tendencia preocupante para los conservacionistas marinos, un informe del grupo ambiental argentino El Círculo de Políticas Ambientales revela que la extensa flota pesquera de China está cada vez más invadiendo la zona económica exclusiva (ZEE) de Argentina. Este desarrollo se atribuye a la sobreexplotación de los recursos pesqueros en aguas más cercanas a China, lo que ha llevado a una campaña patrocinada por el estado que combina prácticas de pesca tanto legales como ilegales.

El informe destaca una preocupante dualidad en las operaciones de los buques pesqueros chinos. Si bien muchos están registrados legítimamente para operar bajo la bandera argentina, se cree que un número significativo de ellos está pescando ilegalmente bajo las banderas de otras naciones. Esta táctica sirve para oscurecer la magnitud de las actividades pesqueras de China en el Atlántico Sur y evadir el escrutinio internacional.

Milko Schvartzman, experto en conservación marina y autor del informe, señala que el modus operandi de los barcos pesqueros chinos ha evolucionado. En el pasado, estos barcos solían permanecer en los bordes de la ZEE de Argentina, apagando sus sistemas de identificación automática para participar en pesca ilegal de forma esporádica. Sin embargo, la tendencia actual muestra un número creciente de barcos de propiedad china registrándose bajo la bandera argentina, lo que les permite reclamar recursos argentinos.

El informe estima que más de la mitad de la flota pesquera de calamares de Argentina está compuesta por embarcaciones chinas, muchas de las cuales están vinculadas a la Corporación Nacional de Pesca de China (CNFC). Esta conexión plantea preocupaciones sobre las implicaciones de las prácticas pesqueras respaldadas por el estado en los ecosistemas y economías locales.

A pesar de los intentos de regular la pesca ilegal, la armada argentina enfrenta desafíos significativos. Operaciones recientes, como la Operación Mare Nostrum I, desplegaron aeronaves de vigilancia y buques navales para monitorear las aguas, detectando cientos de embarcaciones pesqueras dentro de la ZEE. Schvartzman especula que una porción sustancial de estas embarcaciones son chinas, con algunas operando bajo banderas de países como Vanuatu y Camerún, lo que complica aún más los esfuerzos de control.

El impacto ambiental de esta actividad pesquera se ve agravado por informes de abusos a los derechos humanos, incluidos el trabajo forzado y la transbordo no autorizado, asociados con algunas operaciones pesqueras chinas. La Fundación Justicia Ambiental ha destacado estos problemas, llamando la atención sobre las implicaciones más amplias de las prácticas pesqueras de China en la vida marina y los derechos humanos.

A medida que los grupos de conservación continúan abogando por regulaciones más estrictas y una mejor aplicación de la ley, la situación sigue siendo precaria. Con hasta 500 embarcaciones extranjeras operando regularmente en la ZEE de Argentina, y el 65% de ellas se cree que son chinas, la necesidad de cooperación internacional y medidas políticas efectivas es más urgente que nunca.

En conclusión, la expansión de la flota pesquera de China en aguas argentinas subraya una creciente tensión entre la soberanía nacional, la sostenibilidad ambiental y los derechos humanos. A medida que ambos países navegan por este complejo problema, el futuro de los recursos marinos en el Atlántico Sur pende de un hilo.