Buenos Aires
Vialidad le reclama a la ex Presidenta 22.500 millones de pesos por los “daños” que le generó al organismo por la corrupción. En tanto, la AFIP le reclama a Cristóbal López, empresario K una compensación por una deuda impaga.
En medio de la discusión sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri que impulsa la extinción de dominio mediante un procedimiento de la justicia civil, el Gobierno promueve dos demandas civiles millonarias en causas de corrupción K: una de ellas contra Cristina Kirchner y la segunda contra Cristóbal López.
En los dos juicios podría haber más de $ 30.000 millones que el Estado busca recuperar al considerarse agraviado por las acciones de los acusados.
En los Tribunales de Comodoro Py, las posiciones son disímiles sobre el efecto que podría tener el DNU en las causas sobre corrupción, aunque los jueces consultados por Clarín coinciden en que los procesos penales para el recupero de bienes tardan más.
“El procedimiento civil actual es obsoleto en muchos aspectos, y dependerá de la voluntad y creatividad que puedan ponerle los jueces a los procesos. Hubiera sido más rápido y más de la naturaleza jurídica el procedimiento contencioso administrativo federal. No tiene tantas idas y vueltas de parte, sino que el juez va directamente a la toma de decisiones”, explicó a Clarín uno de los magistrados que instruyó varias causas de corrupción contra el kirchnerismo.

Demanda
La Dirección de Vialidad Nacional inició un juicio en el fuero civil contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Lázaro Báez, entre otros, en el marco de la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral.
En la demanda por daños y perjuicios contra Cristina, Vialidad reclama $ 22.500 millones a modo de resarcimiento “por el daño ocasionado por los hechos de corrupción”, e ingresó al fuero penal inicialmente, cuando la causa estaba en manos del juez Julián Ercolini.
Luego se trasladó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que el 26 de febrero iniciará el juicio contra la ex Presidenta, acusada de ser jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado en $ 46.000 millones.
El monto de la demanda se fijó en concepto de las obras otorgadas al empresario K que nunca se terminaron de hacer. El pedido se hizo ante el juez, que aceptó al organismo como “actor civil” en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, de Lázaro Báez.

Austral Construcciones
Vialidad Nacional había denunciado el desvío de fondos a favor de Austral Construcciones y otras firmas del holding.
Y ahora, como actores civiles, exigen el resarcimiento “por el daño causado por el accionar de los ex funcionarios y Báez desde 2005 a 2015”.
Fue la primera demanda contra Cristina y ex funcionarios por daños y perjuicios. Se fundó en la idea que se trataba de “obras que se financiaron con fondos públicos y nunca concluyeron generando pérdidas para el Estado”.
Austral obtuvo 52 contratos por más de $ 46 mil millones, “plagados de irregularidades”, según la causa.
Este circuito de contrataciones “irregulares” permitió que el patrimonio del “amigo presidencial” creciera entre 2004 y 2015 un 12.127%, y que adquiriera bienes por 205 millones de dólares.
Pero esa no era la instancia final: los fondos “eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes”, según el juez.
Básicamente, ese dinero iba a los Kirchner a través de alquileres de habitaciones de hoteles que no se usaban y el alquiler de inmuebles de la empresa familiar.
Esta demanda no se tratará junto al juicio que enfrentará desde el 26 de febrero Cristina, sino que transcurrirá en el fuero civil por decisión del TOF 2, que se declaró incompetente ante la demanda.

Escenario
Al analizar este escenario a la luz del DNU, uno de los jueces de Comodoro Py indicó a Clarín que “este tipo de medidas y la extinción de dominio complican el fuero penal, porque no se cuenta con la formación adecuada”. “Para que el recupero de bienes de la corrupción sea más rápido debería ir por el fuero contencioso administrativo, que es el más apto por sus procesos”, consideró.
Desde el Gobierno, fuentes oficiales señalaron a Clarín que la demanda civil contra la senadora de Unidad Ciudadana “continúa su camino y no será afectada por el DNU de extinción de dominio”.

Cristóbal López
La AFIP presentó el año pasado una demanda civil por “daños y perjuicios” destinada a que el Estado sea compensado “por las obras que tuvo que dejar de hacer por no haber podido contar con el dinero retenido por las empresas de Cristóbal López”.
Esta demanda del organismo que dirige Leandro Cuccioli se presentó ante el juez Ercolini, que investigó la maniobra a través de la cual López se financió con fondos que debían ir al Estado a través del pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) por parte de la petrolera Oil.
“La presente acción tiene por objeto reclamar la reparación e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la AFIP”, se indicó en el escrito, y se planteó que López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray, “son civilmente responsables por los perjuicios ocasionados al fisco como consecuencia de tales hechos, y cuya reparación integral, incluyendo intereses y costas, se persigue con la promoción de esta acción”.
A la fecha, la AFIP le reclama a Cristóbal López una deuda de más $ 19.000 millones. Pero en la demanda aún no es posible determinar el monto definitivo del reclamo porque la empresa está en proceso de quiebra.
La AFIP presentó una demanda civil, que será tratada en el juicio oral” y según pudo saber Clarín se están estudiando los alcances del DNU para ver qué rol le cabe al organismo en la extinción de dominio