Buenos Aires
Cristina Kirchner sumó este martes dos nuevos procesamientos con pedido de prisión preventiva.
Lo decidió el juez Claudio Bonadio, ahora por los subsidios millonarios para empresarios de colectivos y trenes. Son dos expedientes vinculados y derivados de la causa de los cuadernos de las coimas.
Ambas acarrean embargos de 700 y 800 millones de pesos y la acusación es por los delitos de “asociación ilícita (ampliación), cohecho y administración fraudulenta”.
Además, quedaron procesados Julio De Vido, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi a quienes se les mantuvo la prisión preventiva, entre otros ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal y un extenso listado de empresarios vinculados a los servicios de transporte tanto de colectivos como del sistema ferroviario.
La ex Presidenta sumó dos nuevas acusaciones vinculadas a la causa principal, donde ya se encuentra procesada -y confirmada por la Cámara Federal porteña-, por ser jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que cobraba coimas a los empresarios contratistas del Estado.

Subsidios
El juez Bonadio determinó que tanto los subsidios al servicio de transporte de colectivos como los correspondientes al sistema ferroviario, son parte de una “maniobra delictiva” que se estructuró desde el extinto Ministerio de Planificación Federal.
Esta asociación ilícita -indicó el magistrado- “desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015 y su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando las posiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de parte de sus integrantes”.
En la causa que investigó los subsidios al transporte de colectivo, ya se encontraban procesados los ex funcionarios vinculados al transporte, como también empresarios del sector.

Detalles
En la resolución del juez a la que accedió Clarín, se detalló que en el área de transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, como Secretarios de Transporte; Julio De Vido, -ex Ministro de Planificación Federal-, y los interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, generaron como “partícipes de la maniobra”, un perjuicio al Estado de $ 609.326.186,25.
Durante el período que va desde julio de 2003 a mayo de 2012, “abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían”, sostuvo Bonadio.
El magistrado sostuvo que los acusados, “comandados por Cristina Kirchner”, diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, “un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes “superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes”, remarca la resolución
La maniobra ilegal -resolvió Bonadio-, “pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014. Los subsidios se entregaban de dos maneras: en dinero y en cupos de gasoil a precio diferencial”.

Empresarios
Entre los empresarios que quedaron también involucrados en esta causa, se encuentran Mario Cirigliano, Carlos Kovac, Héctor Ledesma, entre una veintena más empresarios.
Por otro lado, en la causa que trató los subsidios al transporte ferroviario, se determinó según escribió Bonadio en su resolución, las personas a cargo de las empresas concesionarias de los ferrocarriles “pagaban a Jaime y Schiavi entre un 5% y un 30% de los subsidios entregados por el Estado Nacional”.
Los pagos a los funcionarios públicos “habrían sido ordenados y/o efectuados entre mensual y trimestralmente por Aldo Roggio, por Metrovías S.A.; Benjamín Romero, por Ferrovías S.A.; Roberto Urquía y Romero, por Ferrocentral S.A.”. También se involucró a Carlo Cappelli por Sociedad Operadora de Emergencia S.A.; a Sergio Cirigliano, por Trenes de Buenos Aires S.A. -TBA-; y Sergio Taselli y Julio José Forastieri, por Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A., Transportes Metropolitanos San Martín S.A y Transporte Metropolitanos General Roca S.A.
Como resultado de las coimas abonadas, los ex funcionarios “mantenían las concesiones y garantizaban las entregas de subsidios”. Las entregas de dinero se realizaban, según el juez, “en los despachos de los Secretarios de Transporte o en las sedes de las empresas”.
Todo se hizo en el marco de la asociación ilícita que “comandaron Néstor y Cristina Kirchner”, por ello encontró responsable de estas maniobras a la ex Presidenta.
Estos dos nuevos fallos se suman al que firmó Bonadio el lunes y que también implicó un procesamiento con prisión preventiva.
Así, ya son cinco los casos por los que la ex presidenta tiene un pedido de detención judicial pendiente.
De todos modos, como goza de fueros parlamentarios y en el Senado no avanzarán para quitárselos, Cristina seguirá libre.