Como si el encierro de las cuarentenas, las restricciones a la atención en centros de salud pública y la falta de vacunas contra el Covid-19 no los afectara fuertemente, ahora la política de “oídos sordos” del PAMI; terminó afectando las prestaciones médicas del grupo social más vulnerable: nuestros abuelos y abuelas.
Puntualmente, hace casi un mes, los afiliados a PAMI se encuentras sin coberturas ni prestaciones.
Ocurre que, desde el año pasado, las principales prestadoras de salud venían advirtiendo al gobierno sobre el desfasaje en cuento a lo que pagaban y el costo real de las prestaciones.
De este modo se les advirtió que, de seguir así, ocurriría un verdadero caos en el sistema de salud, que a duras penas venía soportando el primer año de la Pandemia.
Ante este requerimiento, el gobierno hizo como hace con todos temas, y “pateó la pelota para adelante”.
Fue el contexto en el que se llegó a enero de este año. La idea era iniciar el 2021 conviniendo nuevos valores para actualizar en los primeros meses del año; pero la respuesta habría sido insatisfactoria ya que se fraccionaba en la actualización que apenas llegaba a un 29 %; pero repartido en 2020 y 2021; lo que significaba apenas poco más de un 15 % anual.
Pese a que los prestadores explicaron que sería insostenible y que además se debía tener en cuenta que la atención sanitaria en la Pandemia estaba recayendo de manera creciente en el sector, el gobierno hizo oídos sordos, y desde el PAMI no llegaron nuevas propuestas.
Insostenible
Un dato que surge de las estadísticas es que, en Argentina, el sector privado atendió hasta el momento al 70 ciento de los casos de Coronavirus positivo¸ lo que sumado a la des financiación por parte del Gobierno, la situación llegó a un límite.
Según se supo, en la zona norte existen unos 13 mil beneficiarios de PAMI (incluyendo: San Julián, Los Antiguos, Perito Moreno, Puerto Deseado, Las Heras y Pico Truncado) y todos se atienden en Caleta Olivia.
El mes pasado, se informó al PAMI de esta ciudad que no se podría seguir atendiendo si se mantenían los “valores tan bajos” y ante un nuevo “silencio” de los funcionarios de la obra social de los jubilados y pensionados, se “interrumpieron” las prestaciones.
En todo el país
Lo que ocurre en Santa Cruz con el PAMI, es similar en el resto del país. Según se informó desde el sector, clínicas y sanatorios privados de diversas provincias reclamaron al PAMI, por el “desfasaje de costos de las prestaciones y los montos que reconoce la obra social”.
Catamarca, Jujuy, Rio Negro, son algunas de las provincias en donde los prestadores iniciaron protestas e incluso advierten que recurrirán a la Justicia, para evitar demandas por falta de atención; expresando que “el único responsable de las carencias es el PAMI”, es decir el gobierno nacional.
Un ejemplo fue la situación expuesta por la Federación de Clínicas de Río Negro donde se advirtió que la falta de respuestas, “pone en jaque la cobertura, especialmente de los pacientes con coronavirus”. Similar postura adoptó la Federación de Clínicas y Sanatorios (Feclisa) de Catamarca, “Luego de innumerables pedidos de solución por la falta de actualización de aranceles 2020 y con débitos exorbitantes e injustificados durante los últimos dos años de prestaciones, de no tener solución en forma inmediata nos veremos obligados a cortar los servicios (situación hace tiempo avisada ante autoridades locales)”, advirtieron días atrás.
En Jujuy, la situación fue más drástica y desde enero que se cortaron todas las prestaciones a los afiliados al PAMI.
El problema sería que la cobertura de la Obra Social de los Jubilados y Pensionados PAMI “cubre poco más del 50% del costo real de cada internación. Sanatorios y clínicas atienden al 80 % de los pacientes de Covid que llegan a terapia intensiva”, afirmó la Federación de Clínicas.
Análisis
En Caleta Olivia, se consultó al principal prestador privado de PAMI y se aclaró que si bien los servicios estarían suspendidos hace unos 15 días, se atendieron algunas internaciones de urgencia, e incluso se atendieron pacientes oncológicos.
A su vez, consultados funcionarios del PAMI local, se explicó que se estaba analizando el tema y que se llamaría a los prestadores a una reunión.
El problema es que mientras pasa el tiempo los más afectados son los adultos mayores; abuelos y abuelas que no entienden porque las autoridades no solucionan un tema que está a su alcance.
Ya sufrieron el encierro, “metieron mano en sus jubilaciones”; les “robaron las vacunas” que les correspondían (para dársela a políticos privilegiados) y ahora los privan de su cobertura médica. Inexplicable, imperdonable.
