Caleta Olivia
“La salud tiene una Ministra que no resuelve ni busca soluciones”, afirmaron desde la APROSA ( entidad que agrupa a los profesionales de la salud ) en un comunicado emitido el domingo por la noche en donde confirmaron nuevas medidas de fuerza para esta semana.
El agravamiento del conflicto y las criticas de los médicos del sistema de salud pública provincial se da casi en paralelo a su complicación en una causa donde se investigan posibles irregularidades durante su gestión en el gobierno nacional.
Cabe apuntar que García es pareja de Máximo Kichner y de este modo nuera de la ex Presidente Cristina Kirchner. Además durante la gestión de Alicia Kirchner como Ministra de Desarrollo Social de la Nación, tuvo a su cargo el” Plan Argentina Sonría”, un programa nacional del kirchnerismo seriamente sospechado de corrupción.
Causa por corrupción
En los próximos días la Ministro García podría ser convocada a los Tribunales de Comodoro Py, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que esta “imputada por defraudación a la administración pública”, por su participación en Argentina Sonríe.
García, quien luego de administrar ese plan pasó a ser al titular del ente de “Articulación Local de Políticas Socio Sanitarias del Ministerio de Salud”, en la ciudad de Río Gallegos.
El cargo fue creado especialmente para ella, por un Decreto de Cristina en el 2014, y de este modo montó un “ministerio paralelo” al Ministerio de Desarrollo Social provincial, bajo la gestión del gobernador Daniel Peralta. En el boletín oficial se confirmaba que el cargo tendría “una retribución mensual equivalente a la del Nivel B, Grado 0, con Función Ejecutiva Nivel III, del régimen escalafonario” el sistema de empleo público.
Desde ese lugar monitoreo también el plan nacional mencionado, que pese a anunciarse como “federal” y de alcance a todo el país, realizó más del 50% de sus campañas en 2015 en nuestra provincia. Vale mencionar que se trataba de un programa de salud bucal que demandó 223 millones pesos. Ahora el Juez Federal Julián Ercolini investiga posibles hechos de corrupción. ( ver aparte)
Paro en hospitales
A las complicaciones judiciales de la Ministro, se suman ahora las críticas de APROSA; en medio de un conflicto que lleva larga data y que mantuvo virtualmente paralizado el sistema de salud provincia durante todo el año.
En este contexto, el comunicado del gremio expresa su preocupación por la poca participación de García, en atender las urgencias del sector y tomar conocimiento de lo que está ocurriendo en los hospitales públicos del interior.
Frente a lo que calificaron como “indiferencia gubernamental” se confirmó que el sector decretó un paro por 72 horas. “Es in entendible la postura de este gobierno que opta por la desorganización y el silencio como pilares de su gestión”, cuestionaron.
Las criticas a la gestión de la Ministro fueron puntuales y muy duras y se remarcó que “a punto de finalizar el séptimo mes de 2017, alarma el poco compromiso de la ministra Rocío García, para cumplir institucionalmente con lo refrendado en 2016 en materia de salud y en avanzar para dar apertura oficial a la paritaria del sector para este período”.
También afirmaron que la salud en Santa Cruz “lleva años retrocediendo. Para APROSA, lo distintivo es la poca intervención de la responsable de la cartera en los temas que son cruciales para atenderlos y que requieren inequívocamente de su actuación política para resolverlos y encontrarles las soluciones a las decenas de problemas que tienen jaque a los nosocomios públicos”, insistieron,
La postura gremial incluyó además una descripción de la situación del sistema de salud pública y acusaron a la Ministro – y a la gestión de su tía política, la gobernadora Alicia Kirchner – de poner en “riesgo su funcionamiento
En este marco para APROSA, es inexplicable que el gobierno no tome la decisión para abrir la paritaria, y lo peor aún, es que tampoco descifre el momento de concretarla, lo cual “revela un mensaje claro a la salud de no querer discutir, ni fomentar iniciativas para su recuperación”.
Familia, cargos y efectivo
María Rocío García es odontóloga, tiene 41 años y es hija de Héctor Marcelino García, quien fue gobernador interino de Santa Cruz justo antes de que asumiera el cargo el fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Su hermana menor, Virginia, es en realidad la militante más activa (en La Cámpora). Y durante el gobierno K estaba al frente de la Dirección Regional Río Gallegos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Virginia es actualmente senadora y en su gestión también hay situaciones que rozan el escándalo.
La semana pasada, en un informe emitido en el programa “El diario de Mariana” ( Canal 13) el periodista Digo Leuco, hizo un top ten de los legisladores que más cobraron en los últimos meses al cambiar los boletos -destinados para viajes entre sus respectivas provincias y la Capital Federal- por su valor en efectivo. Este ranking fue encabezado por la senadora de Santa Cruz, Virgina García, quien recibió 155 mil pesos, entre mayo y julio, por pasajes que no utilizó durante el 2016 y este año.
Argentina sonríe: “uso electoral” de la salud
Según reveló la periodista de Clarín, Lucía Salinas “el programa está investigado por el desmanejo de fondos en su puesta en marcha. Uno de los auditores de Argentina Sonríe expuso que hubo irregularidades en el desempeño de las misiones y funciones ejercidas, por Rocío García. Se verificó la toma de atribuciones no asignadas mediante la normativa de designación; una posesión sobre bienes que corresponden al Ministerio de Salud, sintetizó en un informe que incluyó detalles de la causa, montos y nombres de los presuntos involucrados.
“Parte de estos planteos fueron corroborados cuando declaró Emilly Del Caprio Sandoval ex asistente administrativa del programa. Un nombre se repite en su testimonial: Matías Albornoz. El nexo entre el ministerio de Salud que dirigía Daniel Gollán y “el sur”, es decir -según los testimonios-, Rocío García y su mano derecha, Rolando Nervi. Hoy ambos, están frente al ministerio de salud de Santa Cruz”.
Puntualmente se indica que una auditoría del ministerio de Salud revela que: “Se usó el programa con fines electoral, en municipios afines al gobierno”.
También detalla que en la causa se denunció que “existió una estructura con cuatro universidades para triangular los pagos por 31,4 millones de pesos