En la Argentina 7 de cada 10 padres no cumple con la cuota alimentaria destinada a sus hijos. Por ello, la Diputada Nacional solicita que se de lugar al tratamiento del proyecto que obliga a los progenitores a cumplir con su obligación en cualquier punto del país.
El proyecto de creación del Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias presentado por la diputada nacional, Roxana Reyes tiene como objetivo llevar un listado actualizado de aquellas personas que adeuden cuota alimentaria, unificando la información a nivel nacional y que queden imposibilitadas de realizar diferentes trámites de importancia si no cumplen con su deber.

“Es necesario contar con un registro de orden nacional y que sirva para entrecruzar la información de las provincias, con el objetivo precisamente de evitar que aquellas personas obligadas a cumplir con el deber de asistencia a su descendencia no lo hacen”, sostuvo la presidenta de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes.
Según un estudio emitido por la provincia de Buenos Aires, 7 de cada 10 padres no cumplen con su obligación, una tendencia que se replica a gran escala en todo el país. También se informó que 9 de cada 10 mujeres que si la reciben, afirman que no les sirve para mantener a sus hijos o no les alcanza con los montos que se fijan.
“Esperamos que se trate lo antes posible este proyecto de ley. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen que ser una prioridad en la Argentina”, dijo Roxana Reyes.
Proyecto similar del diputado Julio Cobos fue presentado el año pasado, logrando media sanción al igual que de la propia Cecilia Moreau. “Existe en las presidencias de Legislación General y de Familia Niñez y Juventudes la voluntad de avanzar con el tratamiento, demostrando que estos temas nos unen y son transversales”, finalizó.
En cuanto al proyecto, la Diputada Nacional indicó que se buscará a través del registro nacional que se disponga la información actualizada y con sentencia judicial en un solo portal digital.
Para quienes figuren en el mencionado registro, el proyecto de ley dispone que se inhabiliten a esas personas a ocupar cargos electivos, ser designados como titulares o cumplir funciones jerárquicas en instituciones y organizaciones públicas o privadas, no poder desempeñarse como magistrados o funcionarios del poder judicial, entre otros.
Además, indica que se requerirá un certificado de libre de deuda para realizar trámites como operaciones bancarias, pasaportes, documento nacional de identidad, licencia de conducir, habilitaciones de comercio y/o industrias, registrarse como proveedores del estado e inscribirse en la matrícula de Colegios Profesionales.