Por Jorge Sánchez

En un paso más al de días atrás en este medio, diremos que pensar la ciudad en perspectiva electoral requiere de comprender la funcionalidad de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en el sistema político provincial. Se trata de uno de los elementos más importantes de un sistema orientado explícitamente a la captura de rentas estatales. Se operacionaliza por la ocupación de posiciones de representación o staff distribuidas discrecionalmente, el empleo de clientelas entre allegados y parientes, las compras y obras públicas con sobreprecios y la extracción de rentas en la actividad más productiva. Estas últimas se apropian bajo la forma de impuestos específicos, parte de cuyos ingresos se transfiere a gremios que prestan la base electoral del sistema. De esa manera se distribuye entre lo que puede llamarse oligarquías gremiales y contratistas prebendatarios un enorme botín que incentiva a los oficialismos y oposiciones a comportarse como verdaderos perpetradores en pugna por los recursos públicos y los símbolos del poder estatal.

No es la conspiración de gente malvada. Se trata de los incentivos que ofrece el sistema resultante de una concepción particular de la política y la construcción asociada de poder. Hace preeminente la acción política en ausencia de controles efectivos sobre el uso de los recursos públicos. Necesariamente se termina en una dinámica centrada en su apropiación inmediata y la utilización para fines privados. En el largo plazo, la desatención de las necesidades reales de la colectividad apareja su deterioro. Romper esta dinámica no es posible de la mano de ningún candidato por sí mismo, ni de un par de períodos de gobierno. No depende de un partido, de la edad de los candidatos o de por quiénes ellos se acompañen. Depende de reconocer correctamente el funcionamiento del sistema político. Solo de esa manera se facilitará la reconexión paulatina de la agenda estatal con las necesidades sociales del medio. Supone participar al propio electorado en el proceso. Su preferencia es el único móvil efectivo de cualquier cambio. De ahí que resulta imprescindible recuperar el debate social como método para generar alternativas colectivas frente a lo que viene.

La ciudad se enfrenta a una serie de desafíos de riesgo que pueden resumirse en función de la temporalidad de sus impactos. En el largo plazo, la actividad de la economía regional que encabeza será impactada por la transición energética. El proceso disolverá paulatinamente el patrón de desarrollo regional actual. A mediano plazo sufrirá la migración de capitales de la industria del petróleo y el gas hacia la Cuenca Neuquina que ha desplazado el eje de esa industria. En el corto plazo, el deterioro social propio del proceso inflacionario nacional ha recrudecido los niveles de pobreza y precariedad laboral hasta cotas inéditas en la región.
En sentido contrario, las capacidades de administración del municipio local contrastan con sus extraordinarios niveles de recursos desde la sanción de Ley de Hidrocarburos Ley XVIII N° 102. Expandió sus ingresos regulares en proporciones determinantes. Las remuneraciones municipales entretanto, exceden holgadamente la productividad relativa de su empleo. Se explican solo por la cooptación de los gremios municipales. Cristalizó en la improductividad de la gestión pública local, disfrazada con desproporcionados alquileres y compras de equipos y vehículos. Los procesos administrativos se caracterizan por la obsolescencia relativa de sus procedimientos y la pobreza gerencial de sus mandos medios. Las plantillas municipales no son capacitadas de manera sistemática. Circunstancia agravada por la apatía e incluso ignorancia de los funcionarios con responsabilidades de gobierno. Revistan en gabinetes que no pueden justfiicar la cantidad de sus funcionarios. Operan encomiendas del Intendente de turno sin mostrar ninguna capacidad para ponderar críticamente oportunidades para la ciudad. Todo ello limita la atención de la gestión a la inmediatez y el despilfarro de recursos. Supone un trágico costo de oportunidad para la ciudad. Su administración en definitiva, ignora los desafíos de riesgo por delante. Peor aún, emplea sus recursos para financiar proyectos privados de poder.

El cuadro se completa con el desempeño del Departamento Legislativo y el Tribunal de Cuentas Municipal. El primero no representa a los vecinos por la vía de las circunscripciones barriales como era originalmente sino a los grupúsculos que controlando cada partido, se arrogan la representación social en una circunscripción única. Los debates de los vecinos relacionados con sus urgencias y eventualmente desafíos futuros quedaron excluidos de la agenda pública. El segundo ha perdido su capacidad efectiva de control por oposición de intereses. Dimensión esencial del trabajo de un tribuno. Los partidos políticos por su dinámica pobremente participativa no ejercen control sobre el papel de sus representaciones en estos órganos. De esa manera, la gestión de los Departamentos Ejecutivos queda liberada de los que en rigor le caben.

Ambos sirven mejor como refugio de funcionarios salientes o a la espera de sus jubilaciones y allegados o contertulios del ejecutivo, antes que como departamentos constituidos de la administración local. En conjunto la trama organizativa municipal será una seria resistencia al cambio ante un eventual gobierno alternativo. En esta elección o en las siguientes. Luego de más de veinte años sin alternancia, ha cristalizado en una onerosa burocracia con ribetes patológicos. Las gestiones de Raúl Simoncini (2003-2007), Martín Buzzi (2007-2011), Néstor Di Pierro (2011-2015), Carlos Linares (2015-2019) y Juan Pablo Luque desde 2019 y sin proponérselo, han consolidado este modelo de funcionamiento.

Las experiencias de planificación en los últimos años del siglo pasado han sido reemplazadas definitivamente por agendas al margen del debate y participación sociales, sostenidas por enormes compras publicitarias en medios masivos y sociales. Efectivamente, las administraciones de Marcelo Guinle (1995-1999) y Jorge Aubía (1999-2003) aún con signos ideológicos diferentes, desplegaron los primeros ejercicios de un proceso de planificación participativa. Resultó en la generación de expectativas sociales entre las fuerzas de la ciudad. Involucró a sus instituciones más relevantes en la generación de alternativas colectivas. Dio soporte a la definición de cursos de acción concretos, aun cuando se discontinuaron después. Entrenó cuadros directivos y técnicos en la formulación de proyectos y la gestión interinstitucional.

Una metodología idónea para confrontar los enormes desafíos por delante sugiere reproducir las ventajas derivadas de esos ensayos. Recuperaría el debate social. El despliegue paulatino de agendas comunes entre instituciones, entidades profesionales y formaciones políticas podría contribuir al cultivo de una visión común sobre la ciudad y su futuro. Sin estos debates, electorados más o menos cautivos tendrán pocas alternativas para sus preferencias electorales. El desafío parece consistir en explorar formas en definitiva no tan novedosas de participación social y reemplazar el proselitismo deliberadamente acrítico por mejores formas de participación.

Jorge Sánchez es Consultor Asociado en Claves ICSA Master of Business Administration por Broward International University, Diplomado en Políticas Públicas por UNPSJB, Diplomado en Economía Austríaca por ESEADE y en Negocios Internacionales por UNLZ.