+Prensa

Buenos Aires
El ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner acordó con la Fiscalía un “juicio abreviado” en la causa por enriquecimiento ilícito en el que reconoce la culpa.
Resta que lo acepte el juez. Pagará más de 40 millones de pesos.
La fiscal Gabriela Baigún alcanzó un acuerdo con la defensa del detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime para que reconozca su culpa por su enriquecimiento ilícito y a través de un juicio abreviado sea acusado por una pena menor, se le desapoderen todos los bienes que tiene embargados para ser entregados al Estado y pague una multa de más de 40 millones de pesos por las propiedades que se alcanzaron a vender durante la última década pese a las prohibiciones judiciales.
El acuerdo también alcanza al presunto principal testaferro de Jaime, el también detenido Manuel Vázquez, y a los familiares acusados de haber actuado como “interpósitas personas” para la adquisición de bienes pero no será rubricado y oficializado hasta que el dinero de las multas acordadas con todos ellos no sea depositado en la cuenta bancaria abierta para el Poder Judicial para los movimientos relacionados con esta vieja causa penal, según dijeron a Clarín fuentes judiciales.
Según lo que pudo saber Clarín de fuentes judiciales, la pena que pediría la fiscal Baigún a través del juicio abreviado respecto de Jaime y Vázquez rondaría los cuatro años de prisión, con lo que el TOCF6, en caso de homologación deberá unificarla con las que ya recibió por la tragedia de Once, dos casos de dádivas y un intento de sustracción de pruebas durante un allanamiento en Córdoba.

Acuerdo
Las fuentes explicaron que, de ser firmado el acuerdo y homologado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 (TOCF6), los bienes cuya propiedad pasará a nombre del Estado serían, entre otros, el avión Lear Jet de paradero actual desconocido, el yate de un millón de dólares usado actualmente por la Prefectura en el patrullaje de ríos y un costoso departamento ubicado sobre la porteña Avenida del Libertador, en el barrio de Retiro.
En cambio, otros bienes que fueron vendidos aún cuando estaban sujetos a embargos, como un hotel en la provincia de Córdoba, un departamento en la playa de Jureré, en la ciudad balnearia brasileña de Florianópolis y varios automóviles, son los que principalmente constituyen la multa acordada a pagar por Jaime y sus allegados.
El acuerdo de culpabilidad a través del sistema de juicio abreviado también alcanzará a otras dos acusaciones que tenía el ex secretario de Transporte por el delito de peculado, ambos relacionados con el uso particular de sendos automóviles asignados a tareas oficiales, y una restante por los subsidios estatales a la línea ferroviaria Belgrano Cargas.
En cambio, Jaime sí comenzará a ser juzgado en los próximos días por presunto delito en la compra de los llamados “trenes chatarra” a España y Portugal durante su gestión.
En este caso también deberá sentarse en el banquillo de los acusados el también ya detenido ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido.

Megajuicio
El megajuicio por todos estos hechos debió haber comenzado tres semanas atrás pero se suspendió a pedido de la fiscal Baigún a raíz de las negociaciones entabladas con los acusados para que admitan su culpabilidad y resolver el asunto a través de un juicio abreviado. El plazo que se le dio a la Fiscalía vencía este lunes, pero tampoco se dio inicio a la audiencia por la enfermedad de otro de los acusados, el empresario Ignacio Soba Rojo, operado recientemente de cadera.
Jaime se encuentra detenido desde abril de 2016 por orden del juez federal Julián Ercolini por la multiplicidad de causas en su contra -aún cuando no estaba condenado- justamente en el marco de la causa de los “trenes-chatarra” que será la única en definitiva por la que será juzgado en el megajuicio que debía afrontar por estos días por todos estos hechos.

Buenos Aires
El juez Claudio Bonadio dictó los procesamientos de los ex secretarios de Néstor y Cristina Kirchner, quienes fueron indagados en la última ronda de declaraciones en la causa iniciada a partir de las revelaciones contenidas en los cuadernos de Oscar Centeno.
El magistrado procesó con prisión preventiva a Raúl Copetti, Roberto Sosa, Ricardo Barreiro y Daniel Alvarez. En tanto, Fabián Gutiérrez -que declaró como arrepentido- fue procesado con prisión preventiva pero no la cumplirá a raíz del acuerdo firmado con el fiscal Carlos Stornelli y homologado por el juez Claudio Bonadio.
Además el juez ordenó trabar embargos que van de los 2.500 a 3.000 millones de pesos.
Bonadio destacó en su resolución que conforme a las pruebas que hay en la causa Copetti, Sosa, Barreiro, Alvarez y Gutiérrez junto con el resto de los imputados habrían conformado una asociación ilícita o banda destinada a cometer delitos. En ese sentido, el juez sostuvo que entre ellos “existió el propósito colectivo para organizarse con el fin de cometer delitos en forma indeterminada y permanente.”
El magistrado agregó que “aproximadamente entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 perpetraron un sistema de recaudación ilegal mediante el cual, por un lado, el dinero era recibido por funcionarios con el fin de enriquecerse y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, y por el otro, las personas o empresas que lo otorgaban, lo hacían a cambio de algún beneficio o en consideración del cargo que tenían los funcionarios.”

Traslado
Bonadio señaló que la participación de Copetti, Sosa, Barreiro, Alvarez y Gutiérrez “se vislumbra en el traslado y ocultamiento del dinero ilícito obtenido por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández” mediante las maniobras relatadas por los testigos que declararon en la causa.
Además, el juez federal Claudio Bonadio procesó a Copetti por tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil y de guerra. En el allanamiento de la mansión que el iempresario tiene en la localidad cordobesa de Santa Mónica se secuestraron una pistola Beretta 9 mm, un rifle y una pistola Tanfoglio 9 mm.
De acuerdo con lo informado por la ANMAC, Copetti no estaba registrado como legítimo usuario de arma de fuego ya que el permiso había vencido el 1ro. de octubre de 2014.
Bonadio consideró que los imputados deben permanecer en prisión preventiva porque en caso de concederle la libertad no se someterán a la actuación de la Justicia, porque existe la presunción de que intentarán eludir el accionar del juez y también podrían entorpecer la investigación.
Por último, el magistrado afirmó que “tampoco puede soslayarse la posibilidad que, en caso de seguir en libertad los encausados, peligre el recupero de los bienes que fueron el producto de los ilícitos investigados.”

Buenos Aires
El juez Torres ordenó una pericia urgente sobre los gastos para la tumba del ex presidente. Busca establecer si hubo lavado de dinero.
El mausoleo donde descansan los restos del ex Presidente y que fue construido por Austral Construcciones -firma insignia de Lázaro Báez- será peritado oficialmente para conocer su costo real.
La orden fue firmada por el juez federal Sergio Torres, quien investiga el origen de los fondos con los que se construyó el imponente edificio que sobresale en el cementerio de Río Gallegos.
Los números que rodean el mausoleo están bajo investigación. Entre la documentación secuestrada durante uno de los allanamientos realizados en las oficinas de Austral en el marco de la causa de “la ruta del dinero K”, se encontraron planillas vinculadas a la construcción del edificio de once metros de altura.
Según pudo constatar Clarín, se trata de pagos realizados durante el inicio de la obra. Un registro interno da constancia de la primera cifra que se conoce sobre el contrato: poco más de 4 millones de pesos, o unos 930.000 dólares al cambio de octubre de 2011, cuando se inauguró.
Esa cifra, según confirmó el arquitecto Sebastián Elizate, “sobrepasó el presupuesto inicial de la obra para el diseño del mausoleo”. Esta versión fue confirmada por Roberto Gómez, jefe de Oficina Técnica de Loscalzo y Del Curto, una de las firmas propiedad de Báez que participaron de la obra.

Peritos
Hace diez días el juez Torres pidió que los peritos de la Corte especializados en temas de corrupción determinen “cuál fue el costo real de la construcción del Mausoleo”. El escrito no fija plazos pero se determinó que la tarea debía realizarse con “carácter de urgente”.
¿Qué quiere determinar Torres? Si los costos de la obra “estuvieron inflados o no”, si los valores que se volcaron en la contabilidad de Austral Construcciones y Loscalzos y Del Curto “se ajustan a los costos de mercado de su momento”.
Para trabajar, los peritos contables ya tienen toda la causa y la documentación vinculada a la construcción del mausoleo.
Otro punto que observa el juez es que las empresas que construyeron la tumba de Néstor Kirchner son investigadas por diversos delitos en otros expedientes.
“Si los precios fueran sensiblemente mayores a los de mercado de su momento, posiblemente se buscó disimular el circuito de movilización de dinero que quizás no esté vinculado a la construcción, sino más bien podría asemejarse al lavado activos”, detallaron fuentes judiciales.

Costos iniciales
Según el responsable de su construcción, el mausoleo costó más de 4 millones de pesos. Cuando el arquitecto Gómez declaró dijo que “el presupuesto inicial de la obra era de poco más de tres millones de pesos”, y que “por orden de Lázaro Báez se encargaron tres proyectos del mausoleo”..
El dueño del Grupo Austral contó en su momento que se inspiró en la tumba de Napoleón Bonaparte para el diseño del edificio, completamente construido con pórfido patagónico.
Todos los materiales y la construcción “fueron pagados por Austral Construcciones”, señaló Gómez ante el juez Torres. La Justicia investiga el origen de estos fondos.
Después de varios allanamientos, la Justicia advirtió que tras la cesión de tierras “el mausoleo era propiedad de la Provincia de Santa Cruz”. El lugar “no tenía por qué tener un manejo privado”, explicaron a este diario fuentes judiciales.
“Es intención de este Ejecutivo reconocer la trayectoria política del Dr. Néstor Kirchner, haciendo lugar a la petición del gobernador Daniel Peralta a los efectos de otorgar la concesión sin término, a favor de la provincia de Santa Cruz del terreno donde se construye el Mausoleo”, indica el Decreto Municipal 2498, firmado en junio de 2011.

Desprolijidad
En consecuencia, la Justicia advirtió una desprolijidad administrativa, ya que Santa Cruz nunca dio la orden formal de que Báez se haga cargo de la obra en un terreno de 25 por 25 metros que ya era propiedad de la provincia.
“El Mausoleo era propiedad del gobierno provincial, pero se manejó de manera privada por Lázaro Báez”, sostuvo la Justicia.
El quiebre en la relación entre la familia Báez y los Kirchner, que se hizo palpable en 2015 y se acentuó tras la salida del poder de Cristina, se trasladó al manejo del mausoleo. El empresario K retiró su personal en medio de las investigaciones judiciales sobre su holding y la falta de ingreso de fondos por la obra pública.