+Prensa

Buenos Aires
El juez federal Claudio Bonadio emitió este miércoles una citación para que la expresidenta y actual senadora, Cristina Kirchner, se presente en los tribunales el próximo 3 de septiembre, a fin de realizar una ampliación de su declaración indagatoria.
Según trascendió, además fueron citados Baratta, el empresario Néstor Otero y Gerardo Ferreira, vicepresidente de Electroingeniería.
Cristina ya se había presentado en los tribunales de Comodoro Py el pasado 13 de agosto. Desde entonces se produjeron las declaraciones de más empresarios que se acogieron a la figura de “imputado colaborador” y se realizaron los allanamientos en tres domicilios de la actual senadora.

La resolución
En la resolución, Bonadio sostiene que “distintos empresarios han manifestado expresamente que el sistema de recaudación ilegal de retornos impulsada por funcionarios del Ministerio de Planificación Federal comenzó entre el año 2003 y 2004, que esas mismas circunstancias temporales fueron confirmadas en indagatorias también tomadas en este Tribunal”.
Enseguida, agrega que “las circunstancias temporales de la investigación se deben extender en el tiempo desde el año 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015”.
También fueron citados a indagatoria:, José Francisco López, Walter Rodolfo Fagyas, Rafael Enrique Llorens, German Ariel Nivello, José María Olazagasti, Julio Miguel de Vido, José María Ottavis Arias, Eduardo de Pedro, Andrés Larroque y Sergio Szpolski.
Según el juez, “se encuentran reunidos elementos suficientes para ampliar la declaración indagatoria”.

Escenario
Cristina ya declaró el 13 de agosto ante Bonadio por la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno en la que se investiga un presunto circuito de corrupción entre funcionarios y empresarios en torno a la obra pública.
Durante su breve comparecencia, presentó tres escritos: el primero estuvo compuesto por el núcleo duro de su presentación, en el segundo planteó la nulidad de la causa y en el tercero recusó al fiscal federal Carlos Stornelli y al magistrado Bonadio.
La senadora fue citada a declarar luego de que los escritos del ex chofer de Roberto Baratta, número dos del Ministerio de Planificación durante la gestión kirchnerista, y el testimonio de algunos empresarios “arrepentidos”, como Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara de la Construcción), la vincularan con la trama de corrupción que se investiga.
A las 9:24 del 13 de agosto, la ex Presidente salió de su departamento de la calle Juncal. Esa dirección aparece varias veces en los cuadernos como destino final de las coimas que pagaban los empresarios.

Buenos Aires
En medio de su crisis intensa, con un debate que abarca la antesala de una fractura expuesta desde hace meses, la CGT decretó que el martes 25 de septiembre habrá paro nacional sin movilización. Así lo definieron los secretarios generales que asisten al plenario que se realiza en La Fraternidad desde esta mañana.
El triunviro Héctor Daer resaltó que la CGT “canalizará la protesta del pueblo Argentino contra este Gobierno”.
En los discursos que antecedieron a la decisión de la medida de fuerza el ferroviario Omar Maturano, anfitrión del encuentro habló sobre la falta de respeto de algunas entidades gremiales a la central obrera.
La crisis del movimiento obrero, un capítulo más que atraviesa su historia, reflejaron el descontento de la dirigencia con el Ejecutivo pero con similar intensidad respecto a las organizaciones alineadas con Hugo Moyano y Camioneros que preparan una huelga de 36 horas junto a las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli.
El jefe de la UOM Antonio Caló expresó en La Fraternidad que “está tan difícil la calle que ahora hasta los ateos van a pedir a la iglesia” y acotó que la UOM “siempre va a estar con la cgt” y pidió decretar la huelga para dar un punto de reactivación al plan de lucha”.

Plan de acción

En tanto las dos CTA realizarán un paro de 36 horas a partir del lunes 24 de septiembre, un día antes de la medida de fuerza de la CGT, con una movilización a Plaza de Mayo.
“Haremos un paro de 36 horas el lunes 24 de septiembre con una movilización a Plaza de Mayo. Va a ser un paro activo en el primer tramo y después vamos a desarrollar en consonancia con el resto del movimiento obrero la continuidad del paro”, sostuvo el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.
En conferencia de prensa, el también diputado nacional indicó que “el plan de acción que se desarrollará a lo largo de septiembre”.
“Vamos a estar movilizados, parando, en pie de lucha junto a los trabajadores que resisten los despidos y este plan sistemático de hambre”, enfatizó el sindicalista.
Además, Yasky agregó: “Vamos a estar movilizados frente al congreso para cuando se trate el Presupuesto, el Presupuesto del Fondo Monetario Internacional, que es la profundización del ajuste, del recorte, del hambre”

Río Gallegos
Se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Agrario Provincial. Estuvieron presentes por el Consejo Provincial de Educación, su Presidenta Lic. María Cecilia Velázquez y el Director de Escuelas Técnicas de la Provincia Ing. Rodrigo Gojan; por el Consejo Agrario Provincial participó el Presidente, Dr. Javier M. De Urquiza, la Directora Gral. De Producción Animal, TSAP Patricia Rodríguez, el Director del Laboratorio de Lanas, Tec. Ernesto González y el Coordinador Ejecutivo de la Ley Ovina Nacional, Tec. Agrónomo Diego Suárez.
En dicho encuentro se dialogó sobre un convenio entre ambos organismos con el fin de trabajar mancomunadamente para potenciar la escuela Técnica de Gobernador Gregores, y la salida laboral de sus egresados, logrando que estos se inserten al circuito agropecuario brindándoles más herramientas técnicas y productivas.
Por otra parte se conversó sobre la importancia de los productos que se elaboran en dicho establecimiento y que los mismos podrían tener una salida al mercado local y al turismo que es asiduo en esa localidad debido al paso de la Ruta 40.
Dentro de los temas tratados la charla derivó en la potencialización de los proyectos que existen en el Instituto y la puesta en marcha junto con la Delegación CAP de Gobernador Gregores, capacitación en el manejo de aguas (canales de riego) de forestación de productos de la ganadería, agricultura en general y fomentar el cultivo de plantas nativas.
Es la idea que en dicho convenio quede plasmado los objetivos específicos a trabajar, los plazos para concretarlos y que esto quede como una Política Pública (que los sucesivos gobiernos apliquen por el bien las generaciones).

Caleta Olivia
“Me puse a disposición de la justicia”, afirmó ayer el ex gobernador Daniel Peralta en dialogo con el Diario Más Prensa, luego de que se conociera que el fiscal Guillermo Marijuan pidiera su detención del ex gobernador Daniel Peralta – junto a otros funcionarios kirchneristas – en la causa de los sobreprecios en la usina de Río Turbio.
“Claramente yo no participe del tramite de la licitación que se cuestiona. Ya había dejado la intervención de la mina y estaba en la gobernación”, aclaró sintéticamente el ex mandatario, quien confirmó que hoy su abogado se presentará en los Tribunales de Comodoro Py, (en Buenos Aires) para entregar un escrito con los argumentos que los desligarían del supuesto delito investigaos. En dialogo con este medio Peralta también aclaró que no pidió la eximisión de prisión.
Mas allá de esta nueva instancia judicial, el ex gobernador recordó que en una investigación judicial previa, por el mismo hecho ya había sido sobreseído en mayo de 2017.
Fue cuando el Juez Federal Claudio Bonadio lo sobreseyó junto con el ex Ministro de Planifiación, Julio De Vido –ahora preso – en la causa que investigaba la construcción de la Usina Térmica de Río Turbio.
Pero la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apeló el sobreseimiento del ex funcionario remarcando que a raíz de un informe de la SIGEN se “permite sostener que el monto final equivale a la construcción de dos centrales termoeléctricas de iguales características”.

Responsabilidad
Otro de los argumentos que esgrimirá el escrito del abogado de Peralta, es el rol institucional que ocupaba el funcionario, quien por entonces ya estaba a cargo de la gobernación. Peralta se había hecho cargo de la invención de YCRT – cargo que había asumido a pedido de Néstor Kirchner en junio del 2004 – luego de la tragedia minera que dejó como saldo 14 muertos en un trágico derrumbe. Para asumir como interventor, Peralta tuvo que pedir licencia en la Legislatura provincial como diputado, donde tenía mandato hasta el 2007. Pero en mayo de ese año, tras la renuncia del entonces gobernador Carlos Sancho – que se había hecho cargo del Ejecutivo tras la renuncia de Sergio Acevedo – Peralta llegó a la gobernación, dejando la intervención de YCRT. “Creo que esta claro que yo no tuve responsabilidad sobre los hechos que se investigan”; sentenció a +Prensa el ex gobernador.

Nueva instancia
Ayer el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ante el juez Claudio Bonadio la detención e indagatoria de Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Mayoral, del ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, del empresario excarcelado recientemente Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), de Ernesto Maxit de la misma empresa, de Miguel Larregina (Ex Coordinador de YCRT),
Cabe señalar que según la SIGEN, la obra modificó 11 veces su costo inicial, elevando su valor a U$S 1.631.355.105, cuando fue adjudicada por U$S 857.341.128: los adicionales de la obra incrementaron el 90,28% del contrato original. “Nos encontramos con procesos decisorios carentes de razonabilidad y legalidad”, lo que “ocasionó un dispendio de recursos en perjuicio del erario público”.
Para justificar el pedido de detención, el fiscal afirmó que existen “riesgos procesales” y señaló que ante “las características de los hechos y el perjuicio provocado al erario público” resulta “procedente el encarcelamiento de las personas y el llamado a indagatoria”. Asimismo, sostuvo que las personas involucradas en la causa “pueden mantener en la actualidad lazos que les posibilitara llevar adelante las maniobras ilícitas, sin generar ningún tipo de sospecha”.

Antecedentes
En otro fallo judicial favorable de mayo de 2015, Daniel Peralta había sido sobreseído en la causa penal en la que estaba imputado por presunto “sobreprecios” y “cartelización” en la obra pública. Ese fallo fue dictado por la jueza de instrucción de Río Gallegos, María Valeria López Lestón, que siguió la línea del dictamen favorable que emitió, en su oportunidad, el fiscal Gabriel Giordano, quién consideró que en la causa no se acreditaron hechos de corrupción.

Buenos Aires
Electroingeniería está cerca de quedarse afuera del multimillonario contrato para la construcción de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz.
Se trata de la promesa energética de Cristina Kirchner y a la que -con modificaciones en costos y estructura- dio continuidad el gobierno de Mauricio Macri, pero que en medio de la causa de los cuadernos de la corrupción quedó salpicada por la detención de Gerardo Ferreyra, una de las principales autoridades de Electroingeniería: la empresa que integra el consorcio que está a cargo de la obra presupuestada en más de 4.000 millones de dólares.
Mientras en la firma sostienen que “nada debería verse alterado”, hoy jueves una delegación china se reunirá con el ministro de Energía Javier Iguacel y desde la Casa Rosada esperan que la firma Argentina “se retire de la obra”.
Cuando estalló el escándalo de los cuadernos de las coimas, Iguacel mantuvo una reunión con el embajador de China, con un pedido explícito: que la empresa local salga del consorcio porque está “sospechada de corrupción”.
La obra de las represas, que busca generar durante toda su construcción 5.000 puestos de trabajo, cuenta con un presupuesto de 4.730 millones de dólares.
El 85% del financiamiento de la obra es chino. Ambas hidroeléctricas tendrán una potencia instalada de 1.310 megavatios, es decir alrededor del 4% del total nacional.
Fue una bandera energética (inconclusa) del gobierno de Cristina Kirchner, y recién después de dos años lograron retomarse los trabajos principales, después de que el ministerio de Energía dio luz verde al proyecto al enviar una “orden de autorización de servicio de obra”, a la empresa constructora.

Proyecto
El proyecto que dejaron Cristina Kirchner y Julio De Vido fue reformulado por el ex ministro del área, Juan José Aranguren: su costo es de casi un 20% menos que lo pactado por el gobierno anterior, que se estimaba en 6.000 millones. Además, se agregó un complemento de una línea de alta tensión de 500 kilovatios. Las represas pasarán de 1.740 a 1.290 megavatios.
La obra no quedó exenta de las sospechas de corrupción que recaen sobre Gerardo Ferreyra, detenido hace más de veinte días por orden del juez Claudio Bonadio en un expediente que investiga la ruta de sobornos que superarían los 200 millones de dólares.
Al igual que Cristina Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta, el empresario está acusado de ser parte de una asociación ilícita.
Ferreyra fue indagado pero rechazó las acusaciones en su contra, mientras que uno de sus directivos, Jorge Neyra admitió que la empresa realizó pagos de “fondos ilegales” al gobierno kirchnerista. Su confesión le permitió convertirse en imputado colaborador.
“Yo debo admitir que he estado con el señor Baratta en relación a los hechos de este expediente unas tres o cuatro veces, no más, y siempre a instancia y conocimiento del ingeniero Ferreyra. Gerardo Ferreyra me avisaba a mí que pasarían a buscar una carpeta con dinero, y el horario en el que lo harían y así yo asistía al lugar que me indicaba”, confesó Neyra ante el fiscal Carlos Stornelli en una indagatoria que no fue muy extensa pero que le alcanzó para obtener su libertad.
Por este motivo, la Casa Rosada quiere a la empresa quede fuera de la obra de las represas. De conseguirlo, sería la primera compañía sospechada de corrupción que pierde contratos con el Estado.
Con este objetivo, este jueves Iguacel mantendrá una reunión con la delegación china. El titular de Energía manifestó que para darle continuidad a la obra, el socio local debía retirarse del consorcio. Así continuará frente a las represas la constructora china Gezhouba, que es a través de la cual llega el financiamiento.

Caleta Olivia
La policía de la provincia solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Verónica Dancor de 19 años de edad con domicilio en la calle Darwin 1676
del barrio Vista Hermosa.
Según se informó a Diario Más Prensa la joven se ausentó de su vivienda, la cual habitaba junto a sus tutores legales, el 26 de agosto pasado alrededor de las 13 horas, desconociéndose desde ese momento su actual paradero.
Dancor es de contextura física delgada; de 1,60 mts., estatura; cutis moreno; cabellos largos lacio color negro; ojos marrones; no posee tatuajes, piercing ni aros.
Vestía al momento de retirarse calzas negras, zapatillas negras con vivos violetas, campera tipo tapado de color rosado.
Todo dato de interés al respecto deberá informarse de inmediato a la dependencia policial más cercana: Primera 485-1200, Segunda 485-2100; Cuarta 485-9410; Quinta 483-7165 o al Comando Radioeléctrico zona norte 485-6320 o 101.
En tanto, desde el Juzgado de la Familia informaron que la joven sufre un “retraso mental moderado”.

Caleta Olivia
Walter Cifuentes se refirió nuevamente a los trabajos en la Ruta Nacional 3. Dijo que aunque no lo reconozca, el Gobierno Provincial es el principal responsable de todas las frustraciones e incumplimientos que hicieron que hoy ese tramo esté en pésimas condiciones, y arremetió contra los medios que mienten en complicidad con el poder.
El Delegado del Ministerio de Desarrollo Social de la Zona Norte de Santa Cruz, Walter Cifuentes, habló sobre los trabajos que comenzaron la semana pasada a cargo de Vialidad Nacional en el tramo de la ruta nacional 3 que comunica a Caleta Olivia hacia el norte y dijo que “Vialidad Nacional está llevando a cabo el trabajo por la irresponsabilidad de Vialidad Provincial que no cumplió con el convenio firmado que la compromete a terminar la obra”.
El referente expresó que el convenio que firmó el señor Anglesio es claro y establece que Vialidad Provincial debe hacer el mantenimiento de ese tramo. De hecho, Cifuentes mencionó que esta obra estuvo paralizada porque fue adjudicada a dos empresas icono de la corrupción kirchnerista (en referencia a Austral y CPC) que cobraron valores irrisorios por la realización y nunca la terminaron; robándose el dinero que, según la Provincia, hoy les está faltando para hacerla.
Para Cifuentes “Algunos medios en complicidad con el poder de turno, parcializan la información o utilizan fuentes dudosas para confundir a la gente pero eso no cambia la realidad: Anglesio mintió y Vialidad Nacional lo está haciendo porque ve el total abandono del gobierno de Alicia Kirchner a la zona norte y escucha el reclamo de los vecinos que transitan esa ruta con serios inconvenientes”.
Cabe destacar que, por convenio, Vialidad Provincial se había comprometido a realizar las tareas de conservación y mantenimiento de los tramos de las rutas nacionales 3, 40, 281 y 288 en las que se debía ejecutar las tareas de conservación de calzada, banquinas, estructuras, señalamiento y el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
Según se conoció, Vialidad comenzó con trabajos de señalización y bacheo para hacerse cargo de una tarea que según Cifuentes “los funcionarios responsables de Vialidad Provincial no cumplen dejando todo en un estado de total abandono”.

Buenos Aires
La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.
Es motivo de especial preocupación:
el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada;
el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones;
y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.
Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad.

Preocupación
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.
Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.