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Caleta Olivia
La Senadora Nacional por Santa Cruz María Belén Tapia dio a conocer su postura respecto al proyecto de ley que busca la legalización del aborto que se debatirá el próximo miércoles en la Cámara de Senadores: “Voy a votar en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.”
“Seguí este debate desde que obtuvo media sanción en Diputados. Me tomé el tiempo para evaluar este proyecto, hablé con referentes de la salud, escuché las distintas posturas que existen y sus planteo ya sea a favor o en contra de esta medida y tomé la decisión de votar rechazando completamente este proyecto”, dijo Tapia.
La Senadora argumentó que “todavía nos falta crecer mucho como sociedad; falta que el Estado cumpla con todas las leyes que ya están sancionadas con respecto a la educación de la población y la prevención.
“La asistencia primaria de salud no se cumple en nuestros hospitales. Pienso qué va a suceder fundamentalmente en las zonas rurales de Santa Cruz donde hay hospitales que tienen apenas un enfermero”, dijo Tapia; quien agregó que “tenemos que llegar a esos lugares de la población educándola en salud reproductiva, y no sólo eso, sino también profundizar el trabajo respecto a la violencia de género”.
La legisladora aseguró que no se trata de un tema menor y que pone en cuestión donde comienza el derecho de una persona y dónde el de la otra y que este proyecto “viola el derecho del niño por nacer”.
Por otra parte, Tapia se refirió a la constitucionalidad de nuestra Ley que ampara al niño por nacer. Dijo que la Constitución Nacional es muy clara en ese sentido ya que habla de proteger a la mamá y su niño: “Este proyecto es inconstitucional y vulnera al más desamparado, al que no tiene voz, a quien será el futuro de la sociedad, por lo tanto, considero que hay muchas cosas en las que aún no hemos caminado para llegar a la última hoja del libro que sería el aborto.”

Buenos Aires
A las 11 de la mañana, en el Servicio Administrativo Financiero de la Armada, se llevó a cabo la apertura de sobres con las ofertas privadas para encarar una nueva búsqueda del ARA San Juan.
Finalmente fueron solo dos las empresas que se presentaron para participar del operativo que pretende encontrar el submarino que desapareció el 15 de noviembre del año pasado.
Una de las compañías es la reconocida Ocean Infinity; la otra es Sistemas Eelectrónicos Acuáticos (SEA), del venezolano Hugo Marino.
Ahora habrá que esperar el análisis técnico y administrativo que la comisión evaluadora de la Armada realice. En ambos casos, el monto de la oferta será abonado solo si el resultado de la búsqueda es positivo.
Este llamado a concurso se da luego de que fracasara tanto la oferta de recompensa a quien pudiera aportar datos fehacientes sobre la ubicación del submarino, como la SEA Sistemas Electrónicos Acuáticos -una firma estadounidense con base en Venezuela cuyo director ejecutivo, Hugo Marino, aseguró en abril que el sumergible era localizable en un periodo de 100 días- y la también norteamericana Ocean Infinity fueron las dos compañías que presentaron una propuesta acorde con el pliego de condiciones.
Estas dos empresas resultaron de una lista de nueve sociedades proveedoras que se contemplaron en la oferta para hallar el buque, perdido con 44 tripulantes a bordo.
Ambas compañías dispusieron un presupuesto más elevado que en el primer proceso de contratación: la de Marino propuso una cuantía que asciende a los 7 millones de dólares mientras que Ocean Infinity estableció 7,5 millones.
licitación internacional convocada en el mes de abril.
Según consta en el pliego de condiciones que marca las directrices de la oferta, el pago por el servicio de búsqueda se realizará solo en caso de encontrar al ARA San Juan.

4 meses
Para ello, se definió un periodo de cuatro meses de contrato que podrían renovarse en caso de que las partes implicadas, es decir, la Armada y la empresa postulante, accedan a hacerlo.
Ahora, se elegirá una de las dos empresas, que constará como preadjudicada y, si no se realiza ninguna impugnación en un plazo de cinco días desde que se oficialice la selección, la escogida podría empezar a operar en los siguientes 30 días.
Este fue el caso de la compañía resultante del primer proceso de licitación, en el que la española Igeotest Geoscience llegó al proceso previo a la adjudicación pero luego fue impugnada por una abogada argentina que representa a algunas de las esposas de parte de los tripulantes que desaparecieron en el sumergible.
Mientras tanto, otro grupo de familiares y allegados de los submarinistas cumplió el viernes pasado un mes acampando en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo, en reclamo de que se acelere el trámite de la contratación.
A mediados de julio, tras el fallo de la primera licitación, el Gobierno informó a través del Boletín Oficial la retirada de la recompensa de 98 millones de pesos (3,5 millones de dólares) para quien pudiera aportar datos sobre el paradero del San Juan.

Tiempos
Los tiempos para esta nueva contratación se acortaron a partir del acampe que un grupo de familiares de los tripulantes del ARA San Juan montaron en Plaza de Mayo.
Si no hay inconvenientes, en un plazo de no más de 10 días la Armada estará en condiciones de adjudicar las tareas.
Dado el monto de las ofertas serán el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, quienes tendrán que firmar la resolución respectiva.
El Gobierno quiere que antes de fines de agosto se inicien efectivamente las tareas, que demandarán al menos 100 días.
Y, para evitar suspicacias, se dispuso que la empresa adjudicataria no tenga zonas de búsqueda acotadas a un determinado sector geográfico.
Asimismo, los familiares podrán poner veedores a bordo del buque que realice la tarea.

Río Gallegos
La Diputada Nacional Roxana Reyes reveló que el Gobierno de Santa Cruz le debe al SAMIC 120 millones de pesos entre la deuda que tiene la Caja de Servicios Sociales por prestaciones, que supera los 46 millones, y los aportes que debía realizar la Provincia a la institución; monto que alcanza los 74 millones de pesos.
Reyes remarcó que los que hoy piden hacerse cargo del Hospital SAMIC son los mismos que están denunciados por malversación de fondos, faltantes de 7 millones de pesos en equipamiento, desvíos y corrupción, y los mismos que no cumplen con los aportes y pagos de prestaciones médicas.
“No estamos de acuerdo con la entrega al Gobierno Provincial del SAMIC de El Calafate y del Centro Articulador de Políticas Sanitarias “Dr. Peliche” porque la Provincia no puede garantizar, como ha quedado demostrado, el funcionamiento de un centro de esta complejidad y, en general, ha resultado incompetente para atender la salud pública provincial, lo cual se evidencia en las grandes deficiencias de funcionamiento que tiene el sistema provincial de salud y que se aprecian en cualquier hospital provincial.”
Reyes reiteró que continuarán solicitando al Gobierno Nacional que revea la medida de traspasar el SAMIC de El Calafate a la órbita de la Provincia de Santa Cruz: “Vamos a seguir trabajando para frenar esta medida injusta que va contra los intereses y la salud del pueblo de Santa Cruz”.
Finalmente, la Diputada Reyes destacó la importancia que este centro tiene para la Provincia.
“Hoy el SAMIC es un centro de alta complejidad que recibe derivaciones de toda la provincia y que tiene especialidades que son únicas en la región. Tiene profesionales muy destacados y equipos de trabajo especializados que le permiten realizar en Santa Cruz tratamientos e intervenciones que son vitales para nuestra comunidad y tratar patologías que antes implicaban la derivación a Buenos Aires”, dijo.
Agregó finalmente que “es un centro que trabaja en la lucha de las adicciones, prevención de enfermedades y que realiza una tarea fundamental para garantizar la salud pública en nuestra provincia. Por eso tenemos que defenderlo y garantizar entre todos su funcionamiento y su crecimiento”.