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Río Gallegos
La diputada de Encuentro Ciudadano fustigó “la manera compulsiva” de las autoridades de Educación, que mediante resolución declaran “caducada la autorización de funcionamiento de la Escuelita del Río”, una institución municipal que pasará a la provincia. “Se empeñan en generar más problemas provocando más daños e injusticias”, observó la legisladora.
Con fecha 12 de julio, a pocas horas de iniciar el receso invernal, se conoció la resolución 1263/18 del Consejo Provincial de Educación, firmada por su máxima autoridad, María Cecilia Velázquez.
La norma declara “caducada la autorización de funcionamiento de la Escuelita del Río”, la Escuela Experimental Municipal 1 de Comandante Luis Piedra Buena, a partir del sábado 14 de julio. Según un parte de prensa oficial, la escuela que es emblema en su pueblo será incorporada “al sistema de gestión pública de la provincia”.
Desde el mismo día en que se divulgó la noticia, distintos integrantes de la comunidad educativa de la localidad manifestaron su preocupación a la diputada Gabriela Mestelán, al tiempo que se divulgaban imágenes de una masiva protesta que ganó las calles de la ciudad con el correr de las horas.
En este contexto, la legisladora provincial de Encuentro Ciudadano, quien además integra la comisión de Educación de la Legislatura Provincial, manifestó su postura en un escrito de varios párrafos.

Postura
“El Consejo Provincial de Educación insiste en no hacer lo que debe que es resolver los problemas: se empeña en generar más problemas provocando más daños e injusticias”, indica el texto dado a conocer ayer por la legisladora.
Agrega que “los argumentos son insostenibles: tenemos un Consejo que funciona como ministerio, donde la presidenta abusa de sus atribuciones decidiendo mediante resoluciones cosas tales como cierres de cursos, unificación de modalidades, cierre de escuelas, desarticulación de equipos, intervención de Instituciones, programas nuevos, entre tantas arbitrariedades más”.
Sostiene que “amparándose en argumentaciones unilaterales, buscan justificar el cambio de dependencia de una escuela que desde hace más de 30 años prestigia la educación santacruceña, como es ‘La Escuelita del Río’, un proyecto educativo donde la inclusión no es un cliché sino una experiencia cotidiana, donde la democracia participativa no es un eslogan sino una manera de democratizar el poder ya que conducen la institución quienes presentan proyectos y son elegidos por sus pares”.
“Hablamos de una propuesta educativa que pone en valor todos los aspectos del conocimiento y del aprendizaje, que acompaña los procesos personales, que le da al arte y la cultura en todas sus formas el mismo valor que a la ciencia. Una propuesta educativa que logra el compromiso de sus docentes, alumnos, padres, ex alumnos, vecinos de la comunidad. Una escuela querida y verdaderamente comprometida con generaciones de piedrabuenenses que pudieron aprender a aprender en un marco de ejercicio de la libertad personal insuperable”, indica.

El Diputado Provincial, Alberto Lozano, se refirió a la reciente noticia según la cual se habría encontrado la firma del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en un polémico contrato por U$S 70 millones para la construcción de un gasoducto que nunca se hizo en Santa Cruz. Este contrato se realizó días antes de que el funcionario dejara el poder y sin ningún tipo de licitación ni auditoría.
“Estoy convencido de que la corrupción impidió el desarrollo y progreso del pueblo santacruceño”, sentenció Lozano; quien remarcó el daño que le hizo un gobierno que estuvo más de doce años al frente de la Nación manejándose con total impunidad, despilfarrando los recursos del Estado, y que dejó a una provincia como Santa Cruz, que debería tener una economía pujante, en ruinas.
“Han dilapidado el dinero público en obras inconclusas, mal concretadas o directamente no realizadas”, dijo el Profesor para referirse directamente al caso del gasoducto que, de haberse realizado, hubiese beneficiado a las comunidades de Perito Moreno y Los Antiguos.
El contrato para esta obra llena de irregularidades fue firmado por el exministro de Planificación, Julio De Vido, por un valor de 218 millones de dólares. Dicho documento, se negoció sin licitación pública, sin auditorías y con sobreprecios. Además, se le entregó a la empresa BTV un adelanto de 70 millones de dólares el 2 de diciembre del 2015 sin que la obra, hasta ese momento, hubiera comenzado. Es decir, 8 días antes de entregar el poder al gobierno de Mauricio Macri.
Según Lozano este caso “es un claro ejemplo de la corrupción que se enmarca en la metodología kirchnerista de publicitar obras de dudosa concreción pero con grandes adelantos en los pagos”.
El Diputado destacó, además, que algo similar sucedió con la “readecuación” de la avenida que unía el Yacimiento Carbonífero con Río Turbio. En esta oportunidad, se trató de siete kilómetros presupuestados en 500 millones de pesos por los cuales se recibió un adelanto de 50 millones; también pagados a días de dejar el poder el kirchnerismo. “Hasta la fecha, de la obra ni noticias. Ni hablar de las rutas pagas pero sin inicio de construcción o de otros tantos emprendimientos anunciados con bombos y platillos a escasos días de las elecciones”, dijo Lozano.
El Profesor lamentó esta nueva noticia que viene a sumarse a una larga seguidilla de ex funcionarios del FPV que son denunciados o procesados por defraudación al estado y por beneficiarse con el dinero de todos: “Se trata de dinero despilfarrado y mal utilizado. Muchos de esos recursos fueron a bolsillos ajenos y totalmente alejados de las necesidades de nuestra gente. Lotes de obras incumplidas y otras inconclusas con millones de pesos perdidos. Tuvimos más de doce años de presidentes cercanos a nuestra provincia pero, en lo concreto, poco y nada quedó para quienes componemos casi 300 mil

habitantes”, finalizó el Diputado.

Buenos Aires
El futuro de Cóndor Cliff y La Barrancosa, antes llamadas Kirchner y Cepernic, quedó bajo análisis; son las dos obras más importantes en Santa Cruz y emblemas de la década kirchnerista; hace pocos meses se retomó la actividad, pero ahora el Gobierno evalúa su continuidad por el recorte del déficit fiscal
Un paisaje sin tiempo. Es la primera imagen que devuelve la meseta color caramelo espolvoreada con nieve y surcada por el último río glacial del país, que espera convertirse en energía.
Pero algo ya no es igual: un puente táctico del Ejército de 160 metros montado sobre pontones flotantes ahora lo atraviesa. Los primeros cables de acero para sostenerlo sucumbieron ante la fuerza del agua, prólogo que anuncia que las dos represas que aquí se construirán no serán tarea fácil ni libre de controversias.
Son las 10. El sol recién asoma. A las 7.30, los operarios partieron de la villa transitoria, una suerte de ciudad en miniatura, hacia el obrador de la represa Cóndor Cliff.
El termómetro indica -5°C. Por delante quedan 12 horas de trabajo. Cuando terminen, la posta la tomarán los del turno noche
La imagen se repite, a 64 kilómetros, en La Barrancosa, la otra represa que integra el complejo hidroeléctrico.
Las dos empezaron a avanzar en paralelo en marzo, cuando se reiniciaron las obras tras más de dos años de paralización por el cambio de gobierno y las medidas judiciales.
La actividad ahora luce intensa; hay 1400 personas empleadas de las 6000 previstas.

Plazo
Cuando la obra concluya, en un plazo estimado de seis años, las centrales deberían tener una potencia instalada de 1310 megavatios, un 5% del máximo consumo nacional.
Pero hay un problema importante: la obra entró en revisión en los últimos días dentro del Gobierno, por los recortes previstos para reducir el déficit fiscal. Dos fuentes oficiales vinculadas al proyecto confirmaron a LA NACION el dato. Los US$4310 millones del costo de la obra, financiada totalmente por capitales chinos, equiparan a las represas con todo el paquete de obra pública. Consultados por este medio, desde Electroingeniería integrante de la UTE Represas Patagonia, reconocieron no estar al tanto de la reevaluación que está haciendo el Gobierno.
La obra ya cuenta con una demora de dos años en su ejecución. Recién en febrero de este año empezó la actividad aquí. Las máquinas -buena parte de ellas llegadas en barco desde China-, rasguñaban la meseta, abriendo el canal por donde se desviará temporalmente el río Santa Cruz , si el proyecto sigue en pie.
Así lo detalla Aníbal Mendiburo a LA NACION, inspector general de la obra, del Laboratorio de Hidromecánica, de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene a su cargo la inspección de la obra. Un cartel anuncia que el desvío se haría en 817 días. “Hasta aquí llegaron los glaciares”, detalla con Carlos Ramírez Orejuela, experto en geotécnica y represas, que trabaja para Integración Energética Argentina Sociedad Anónima y tiene a su cargo la supervisión de una obra, que en Santa Cruz ocupa el imaginario colectivo desde hace cuarenta años.

Obradores
No son muchas las mujeres que se cruzan en los obradores. Una es Claudia Quintana, licenciada en Gestión Ambiental. Ella nació en Río Turbio, de padre minero, emigró a estudiar.
“Les dije que quería trabajar en el campo, es mi oportunidad de volver a Santa Cruz”, cuenta al recordar la entrevista laboral. Ella tiene a su cargo la coordinación ambiental de las dos obras.
El sol brilla pero no calienta. El frío no cede. En junio registraron -19°. En pocos meses las villas se duplicaron, cada módulo alberga a 96 personas, estiman que en dos o tres años ya estarán en su máxima ocupación con 6000 obreros.
Esa expectativa de trabajo empuja desde hace años a cientos de personas a instalarse en la provincia, algunos ya entraron, muchos esperan, incluso algunos reciben ayuda social para sobrevivir. Si el proyecto no evoluciona, sería un cimbronazo muy duro para todos ellos.
A 150 kilómetros de La Barrancosa, el intendente de Puerto Santa Cruz, Néstor González (Frente para la Victoria), confirma que el 20% de la población de la localidad creció atraída por la esperanza de trabajar en la obra. “Nos generó una demanda social muy fuerte”, reconoce. Llegó como militar desde Florencio Varela hace 31 años y se quedó para siempre. En el municipio cuenta con una lista de 400 personas que quieren ingresar a las represas.
Otros, ya entraron. Como el esposo de Julia Ríos, quien cumple sus primeros 21 días en el campo. Mientras ella lo espera en Río Gallegos, cuenta su historia de desarraigos.
Nació en Pichanal, Salta, pero desde 2007 vive en “Madres a la lucha”, una barriada que creció en los márgenes a partir de la ocupación de la tierra.
Su esposo, fue despedido de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, en 2015. Su historia se replica en la vida de sus vecinas. Es la esperanza de que, al menos, el trabajo sea por cinco años.

Austral
En la cuna del kirchnerismo, cerca de 5000 personas viven en asentamientos. La caída de Austral Construcciones dejó cientos de desocupados. Lázaro Báez , hoy detenido en Ezeiza, también compitió por acceder a las obras, pero perdió ante el consorcio China Gezhouba Group Limited-Electroingeniería e Hidrocuyo S.A.
La Uocra tiene un gran peso para definir los ingresos. “La empresa acuerda con nosotros, pero no perdieron la potestad de ser los dueños de la obra, los que deciden quién entra”, reconoce Carlos Romero, secretario de Acción Social del sindicato. Remarca que apuntan a que la empresa cumpla con la ley provincial que marca el 70/30 en la toma de mano de obra local. Mariano Musso, gerente de Relaciones Institucionales asegura que hoy la normativa se cumple con creces y llega al 93% de ocupación en mano de obra local.
Detalla que la selección estricta, y en muchos casos, el duro régimen de vida en la obra, asusta a algunos. El alcohol y las drogas están prohibidos y se hacen controles sorpresivos al azar.

Empleo
Si el empleo es la mayor expectativa, la reactivación de las empresas locales también lo era. “Tenemos un proyecto de compre local”, detalló Musso aunque aclaró que en esta etapa de la obra, las grandes compras no se hacen aquí. Hace una década que en Santa Cruz se esperan las represas. Los comerciantes son cautos, bajaron sus expectativas y reconocen que hay mas deudas que inversión.
Guillermo Polke, preside la Federación Económica de Santa Cruz desgrana datos e historias de los comerciantes. Según datos oficiales, en el inicio de las obras 72 empresas locales pudieron prestar sus servicios. Sin embargo al poco tiempo, se cortó la cadena de pago. Los empresarios pymes empezaron a desfilar en las cámaras de comercio locales. En el peor momento la deuda llegó a $300 millones. “Hubo pymes que directamente desaparecieron o cerraron”, detalla Polke.
A 130 kilómetros de aquí, en El Calafate capea la crisis económica de la provincia, aferrado a su actividad turística. La cercanía con la obra despertó diferencias en la ciudad. Para el intendente Javier Belloni (PJ), -con aspiraciones a acceder a la gobernación- las obras traerán trabajo y considera que las hidroeléctricas no afectarán el turismo.
En las antípodas políticas, el senador Eduardo Costa, referente de Cambiemos en la provincia, comparte la visión: “Es la obra pública más importante en marcha en nuestro país, y va a generar la energía que necesitamos para impulsar el crecimiento de Santa Cruz y de la Argentina”. Pero su propio gobierno evalúa en este momento la decisión que le puede dar un disgusto.

Autoconvocados
Las represas también tienen sus detractores. Vecinos autoconvocados se manifestaron en las calles de El Calafate en contra de las represas. Hace poco más de un año formaron “Río Santa Cruz El Calafate”. unidos por el deseo común de que no avancen las obras.
Mariana Martínez, parte de ese grupo variopinto, detalla cuánto la conmueve el paisaje sin tiempo del valle del río Santa Cruz, “me moviliza poder conservar este paisaje a gran escala, una represa es para mí una foto mal montada en una estepa que se mantiene igual hace miles de años”.
A su lado Jorge Yanicelli, transportista, amante del deporte de aventura comparte su pensamiento y cree que se deberían haber explorado energías limpias como una “mejor alternativa”.
Llevan su lucha contra las represas a los ámbitos públicos: participaron de la Audiencia Pública, organizan marchas, banderazos, pero también estudian, investigan y buscan ayuda en la coalición de ONG ambientalistas que pugnan para que no se construyan más represas.
Otros no forman parte activa del grupo, pero dan su mensaje en solitario, como Rafael Lim que en diciembre pasado corrió 120 kilómetros con su mensaje antirepresas.
Una suerte de red imaginaria une a los opositores de la obra. En Buenos Aires, Cristian Fernández, abogado del estudio de Daniel Sabsay, lleva adelante dos expedientes judiciales: uno en la Corte Suprema de Justicia y otro en el juzgado en lo Contencioso Administrativo 12.
Con abundante prueba documental plantean que las futuras represas vulneran el derecho ambiental y piden la nulidad de los estudios de impacto ambiental.
Un capítulo aparte lo escriben los dueños de las cuarenta estancias a quienes les expropiarán las tierras. Los juicios por ahora están frenados, a la espera de que la Legislatura provincial apruebe una ley que les devuelva la condición de “ribereños”, arrebatada en 2014.
Hoy esa situación estaría cerca de revertirse. Marcelo Cepernic, dueño de “La Josefina”, tiene un apellido que es parte de la historia local. Su padre, el gobernador peronista Jorge Cepernic, fue un impulsor del proyecto en los 70. En 2012, cuando Cristina Kirchner relanzó el proyecto, a una le dio su nombre y a la otra, la llamó “Néstor Kirchner”.
A Marcelo Cepernic ese cambio le generó ambivalencia: “Por un lado, la sensación de un justo reconocimiento a mi padre puesto que fue uno de sus mayores sueños. Por otro lado, una profunda vergüenza, pues él fue una persona honesta, que pasó por la función pública sin modificar un centavo de su patrimonio personal, y Néstor Kirchner fue exactamente un símbolo de todo lo contrario”. Ahora siente alivio. Las obras recuperaron sus nombres originales.

Caleta Olivia
La entidad que preside José Llugdar estableció en las últimas semanas un provechoso acuerdo con una posada de Porto Seguro, Brasil, por alojamiento en esa turística locación del vecino país, con importantes descuentos, además de asegurarse las combinaciones más convenientes para arribar a destino mediante el asesoramiento que dispone la misma.
El coordinador general de la Mutual de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, Sebastián Planas, indicó que a fines de junio se le dio la bienvenida al primer complejo internacional en el cual la Institución ha hecho su convenio directo, sin pasar por un operador.
“Es en Brasil, en Porto Seguro y el lugar se llama ‘Toko Village’; es un condominio que está preparado para recibir familias. Nosotros tuvimos la oportunidad de contactar a uno de los dueños en Buenos Aires y de allí en adelante, la chance de directamente hoy tener un convenio con ellos en esa posada que, por lo que hemos visto en la web, realmente tiene un servicio de categoría”, explicó.
Planas recordó en diálogo con la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach en el Gremio Petrolero Jerárquico, que “esto está disponible para nuestros Socios a precios muy accesibles respecto a lo que está en el mercado para aquellas personas que se acerquen: vamos a estar hablando de entre un 20 y un 23 % descuento para nuestros socios, y a medida que se van sumando interesados, generalmente se pueden lograr mejores precios”.
“Es una zona de piletas espectaculares con todo lo que caracteriza a la gastronomía brasileña, hay playas y la posibilidad de que, quien quiera tomar estos servicios lo hace una tarifa muy atractiva -ya sea para media pensión o simplemente un desayuno- respecto al mercado; y la Mutual puede ofrecer las mejores combinaciones en precios para llegar hasta Porto Seguro, con lo vual se quede tranquilo el interesado y viaje seguro, llegando perfectamente y a un precio realmente de nivel”, describió.

Trabajo profesional
Desde la Mutual Jerárquica se realizan constantes tareas en pos de mejorar el servicio en Turismo: hay una situación técnica en la que muchas veces el personal que trabaja en la agencia diariamente, lo hace con un GBS (Global BestTech Systems), que en la jerga es un sistema de gestión para empresas de transporte de pasajeros, el cual permite si uno tiene que ir de un punto de origen a uno de destino -y tiene conexiones en medio- que el propio sistema le ofrezca opciones a través de distintas compañías, pero que a su vez todas esas opciones estén coordinadas entre sí, coordinando todo.
“Cuando uno trabaja con un sistema de estas características, lo que permite es primero que la coordinación de las conexiones sea buena; segundo, que usted tenga distintas opciones en cuanto a compañías aéreas que quiera o pueda tomar y; tercero, que generalmente dentro de esas opciones uno tiene clases dentro de las diferentes compañías aéreas que van armando la tarifa y le permiten llegar a una mucho más económica que si la armara uno mismo”, explicó Planas como resumen de lo que es un punto de origen y un punto destino, algo que hace que también se pueda trabajar con precios realmente convenientes.
El trabajador mutualista, quien es Técnico en Turismo y Licenciado en Ciencias Sociales; señaló que esto es posible gracias a la Mutual, y que su Socios no pagan más por la intervención de la misma sino que al contrario: “muchas veces terminan ahorrando porcentajes importantes al ser una de las cuatro agencias mutualistas oficiales hay, y hoy contamos con una naturaleza jurídica que me permite oficiar como mediador -se capacitó oficialmente en tal sentido- pudiendo intervenir en procesos de resolución de conflictos como método alternativo, algo que en el rubro de viajes tiene una validez legal importante”.