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Caleta Olivia
Juan Ignacio Paradiso se volvió a presentar ayer en la justicia Federal para ampliar la denuncia contra el Intendente Facundo Prades y Marcos Antonelli, secretario de Hacienda de la comuna.
De acuerdo a lo informado en el Juzgado Federal se formalizó “una ampliación de denuncia”, donde se presentaron con pruebas, entre otras cosas, de como familiares de Marcos Antonelli, lograron adjudicarse una obra e ingresaron a trabajar el año pasado, en el predio que tienen empresarios chicos sobre la ruta 12 en un ex predio de COPESA.
Según detalla en la denuncia, se trata de un tío de Antonelli, quien es titular de la empresa constructora: Romilio Mauricio Peña Maturana, y aporta constancia de su inscripción en la AFIP, registros y altas, entre otra documentación.
“El inicio de la empresa, es coincidente en el espacio temporal sobre las ventas de terrenos fiscales a los ciudadanos de origen chinos, los pagos de coimas al intendente, como del inicio de la obra en el ex predio de Copesa”, señala Paradiso en su denuncia.
De este modo, sostuvo que por ese motivo se denunció al Secretario de Hacienda Marcos Antonelli, por cometer delitos de tráfico de Influencias, violación de los deberes de funcionario público entre otras tipificaciones de tipo penal, además de existir, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
“No menos importante es la prueba aportada, donde abogada de COPESA (pareja de un jerárquico de dicha empresa), es la defensora de los ciudadanos chinos denunciados penalmente”, sostiene el denunciante.
Cabe recordar que, el tráfico de influencias es una práctica ilegal, consistente en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o incluso empresariales, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial.
“Naturalmente se buscan conexiones con amistades o conocidos para tener información, y con personas que ejerzan autoridad o que tengan poder de decisión, y a menudo esto ocurre a cambio de un pago en dinero o en especie, u otorgando algún tipo de privilegio”, sostiene.
Asimismo se presentaron audios de la sesión 489 del Concejo Deliberante, del jueves 31 de agosto de 2017, donde expresiones vertidas por el propio Secretario de Hacienda Antonelli, se contradicen con pruebas de la causa”.
“Con el fin de llegar a un mayor esclarecimiento de los hechos denunciados, se propusieron ante la Justicia Federal una batería de diligencias, como medidas preliminares y material de inspección: a). Investigar a personas afines al intendente Facundo Prades, por existir fuertes sospechas de ser sus testaferros; b). sobre viajes aéreos en 2016; c). requerimientos de documentales a otra jurisdicción, entre otras medidas más”, aseguró.
Por último, se elevaron al Juzgado Federal, escritos presentados en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) ambas con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculadas a la causa penal contra Prades y otros, obrante en el Tribunal a su cargo.

Caleta Olivia
El concejal Rubén Martínez ofrecerá hoy una conferencia de prensa, donde brindará detalles de los lotes correspondientes a las 240 hectáreas, que entregará próximamente.
El edil dialogó ayer con Diario Más Prensa y aseguró que “me han ocultado información desde la municipalidad. Hay terrenos que son las 240 hectáreas y no se porqué no la entregan y teniendo todos los servicios”, dijo indignado el concejal, quien aseguró que posee un listado de más de tres mil personas, entre ellas policías, docentes, empleados municipales y de otros sectores de la comunidad.
Martínez, presidente de la Comisión de Tierras del Concejo Deliberante aseveró que “no voy a traicionar más a la gente, que las tienen a las vueltas en Tierras. Nosotros prometimos que íbamos a entregar terrenos y queremos cumplir. Sabemos que hay muchos lotes para entregar y no sabemos porque hay tanta oposición de la municipalidad”.
Agregó que “en la conferencia de prensa se van a sacar todas las dudas, por eso los invito a que vayan. Y aquel que no hizo expediente, también se le dará. Quiero romper este encuadre, porque a un ciudadano común le piden miles de requisitos que se les hace difícil completar y finalmente no termina recibiendo nada. Porqué juegan con la gente de ese modo”, indicó.
El edil aseveró además que “tengo un listado con 3600 personas. En Tierras les entregué fotocopias, pero nunca logre nada para esa gente que vino a mi despacho. Por eso, voy a tomar el toro por las astas. Se hacen los sordos desde hace años, me engañaron, y lo que es peor engañaron a la gente. Esto no lo voy a permitir”.

Loteo
De esta manera señaló que “me voy a hacer responsable y hasta voy a conseguir topógrafos para realizar los loteos. Las 240 hectáreas tienen todos los servicios disponibles, y ese sector pertenece a la municipalidad. Ningún ciudadano se va a quedar sin tierra. Juegan con la necesidad de la gente. Estoy peleado con el área de Tierras, se cortó todo tipo de diálogo. Me mintieron. Esto es el punto final”, aseveró.
Consideró que “la municipalidad no debe tener más excusas, ni pretextos para no entregar. Qué pasa que no entregan esos lotes, hay intereses personales o mezquindades políticas. Ya no me interesa. La municipalidad debe hacerse cargo”, manifestó y sostuvo que “la comisión de Tierras no se reúne porque ya ni nos llaman para empezar a definir acciones”.
“Lo que pasa es que sus integrantes están cómodos donde están y no les importa la gente. Hay familias que llegan a mi despacho y que están alquilando hace más de quince años, porque nunca tuvieron acceso a un terreno. Basta de hacer negocios personales, la municipalidad debe pensar en la comunidad, no en cómo hacer funcionar una inmobiliaria. Se deben a la gente, eso parece que nunca lo comprendieron”.
Aseveró además que “esto tiene una solución rápida. La conferencia la haré en mi despacho y pueden ir todos los que tengan dudas. Tenemos tierras, y voy a pensar cómo planificar. Les voy a entregar terrenos a la gente, alguien se tiene que jugar por la gente”, indicó y añadió que “vamos a hacer una excelente planificación. Los planos están, la municipalidad los perdió”.
Además señaló que “basta de jugar con la agonía de la gente. A mi despacho va gente que me dice que no le puede comprar un yogurt a su hijo, porque el sueldo se le va en el alquiler. Ya no hay mas pretextos, mi relación con Zacarías se terminó. Ahora necesito topógrafos”.
Recordó que en “el 2011 en la gestión de Cotillo, la gente que trabajaba en planificación como maestros mayor de obras, técnicos e ingenieros hicieron el proyecto de mensura y división de 700 hectáreas, que es donde empieza Salas y del río hasta el gasoducto. Se hizo el proyecto de loteo en base a una planealtimetría. Todo eso lo hizo Planificación. La misma gente que está ahora estaba antes. Y dónde están esos planos, con los servicios de agua, luz, cloacas y gas?”, se preguntó el edil.

Antijuridicos
La Municipalidad de Caleta Olivia hizo entrega a Salas y Del Río, de la posesión de las fracciones 48 y 49, respectivamente, zonas cercanas al Hospital Meprisa.
Con posterioridad, y en forma absolutamente antijurídica, el Ejecutivo Municipal de Caleta Olivia procedió a la venta, a través de una supuesta licitación pública fraudulenta (pues nunca fue publicada en el Boletín Oficial de la ciudad), de la fracción 48 a la empresa CAM SRL.
Por dicho acto jurídico irregular, Salas y del Río inició un juicio de nulidad de acto administrativo ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, y una acción de turbación de la propiedad y de mantención de la posesión, ante el Tribunal de Primera Instancia de Caleta Olivia.

Caleta Olivia
A las 10:30 horas se concentraron en el Gorosito los gremios que conforman la Mesa de Unidad Sindical. ATE, ADOSAC, APROSA, marcharon por las calles de la ciudad y dieron a conocer un documento público.
Desde ATE se manifestó que con el paro provincial del 19 de septiembre, el gremio mostraría que “los trabajadores no nos vamos a resignar a vivir en la pobreza”.
En Río Gallegos, en el marco del paro convocado por ATE y al que adhirieron la Mesa de Unidad Sindical y la CTA-A Santa Cruz, las organizaciones sindicales marcharon al mediodía desde el centro capitalino hasta las puertas de Casa de Gobierno, lugar en el que dieron a conocer un crítico documento. Entre sus párrafos, el documento expresa que “Estuvimos tratando de lograr el cierre de los conflictos poniendo la voluntad necesaria para que los compañeros sintieran que tanto tiempo de lucha no fuera en vano, pero nos encontramos con un gobierno dispuesto a no escuchar, y a no solucionar ninguno de los problemas que nos afectan a los santacruceños.
Del otro lado lo único que encontramos fue soberbia, inoperancia política y desinterés por lo que está pasando, apelando a la mentira y al cinismo para ocuparse de algunas cosas.-
Sigue quedando claro que a este gobierno no le importa que nuestros hijos no tengan clases, ni que la sociedad no tenga salud, ni justicia”.

Actitud
Críticos a la actitud del gobierno de Santa Cruz, manifiestan que “Que a casi dos años de gestión, la falta de pago en tiempo y forma de los salarios de los trabajadores activos como jubilados, y la negativa a sentarse en paritarias para definir un incremento para este año, siga siendo la actitud constante de este gobierno provincial, confirma que el desafío que tenemos los trabajadores públicos es vencer la decisión política del congelamiento salarial pensado y ejecutado, que incluso va más allá de las posibilidades financieras o económicas de la provincia.
La poca feliz idea de impulsar la creación del instituto del salario, es otra muestra de lo que ha decidido este gobierno para nosotros. Con ese proyecto no solo se pretende pisotear los convenios colectivos, sino también igualar siempre para abajo, y repartir solo la miseria entre los trabajadores”.
Y así reclaman “enfáticamente” que la Gobernadora “abra las paritarias y siéntese a discutir un aumento para esos compañeros (que menos cobran), ellos lo necesitan y merecen”.

Nacional
Explican que no hay que confundirse. “Este ajuste no es una decisión aislada de un gobierno que dice estar apremiado económicamente. Son políticas acordadas con el gobierno nacional para obtener el fideicomiso de asistencia financiera recientemente aprobado por la legislatura local. Allí el gobierno provincial se comprometió, entre otras cosas, a imponer un congelamiento salarial por dos años a los trabajadores estatales”. Recuerdan que “Seguramente van a querer venir por nuestra caja de previsión social, porque ya hubo una convocatoria del gobierno nacional para hablar del tema.
Por eso decimos que para ajustar, Macri y Alicia son lo mismo, ahí no hay diferencias políticas y encuentran coincidencias rápidamente, pero nos ha quedado claro que ninguno de los dos ha sido capaz de solucionar los problemas de los santacruceños, y para muestra vale lo que sucede con los compañeros docentes, donde ni el gobierno nacional, mucho menos el gobierno provincial, han podido garantizar la educación de nuestros hijos”, exclaman.
Finalmente, el documento indica que “Con gobiernos como estos, la lucha nunca va terminar, porque siempre tendremos motivos para estar juntos en la calle, defendiendo nuestros derechos”.

Santiago Maldonado
En un párrafo aparte, la MUS reclama además “por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Resulta intolerable que en esta democracia que tanto nos costó conseguir y mantener, haya compañeros y compañeras que por reclamar y luchar por su dignidad, desaparezcan y nadie se haga cargo. Ya perdimos a muchos luchadores, y somos nosotros los que no debemos naturalizar que estas cosas pasen y no haya castigo a los responsables políticos. El gobierno nacional debe decirnos qué pasó, cómo pasó y donde está Santiago Maldonado. Es responsabilidad política del gobierno nacional hacer que la sociedad recupere la tranquilidad de que cuando ejerza el derecho de reclamar, no va a sufrir la represión, y mucho menos la desaparición”.

Caleta Olivia
Representantes de Salas y del Río, denunciaron ayer que en un sector de Estancia “La Salina” y en inmediaciones de la planta de Osmosis, la empresa CPC extrae agua de una bomba de agua del acueducto.
Según datos recabados por Diario Más Prensa, la sustracción de agua de ese sector, que sería destinado a la obra de la Autovía que ejecuta la empresa, se realizaría periódicamente y esta metodología se usaría para “ahorrar” la compra del vital líquido.
Las fuentes consultadas aseguraron que propietarios observaron a una máquina retroexcavadora que remolcaba un acoplado de transporte de “combustibles”, aunque en el mismo se cargaba agua a través de una manguera conectada a una de las bombas del acueducto.
Asimismo, días atrás testigos observaron similar procedimiento, aunque se suministraba de agua a un camión identificado con la empresa constructora.
La empresa CPC, propiedad de Cristóbal López, ejecuta obras de importancia como tres tramos de la autovía de la Ruta 3 entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia (incluyendo el ingreso a esta ciudad), una línea de 132 kV entre Pico Truncado y Caleta Olivia para sumarse al interconectado nacional.
En estas obras que emplean a más de 300 trabajadores hubo semanas atrás demoras en los haberes y por ese motivo el gremio de la construcción UOCRA decidió iniciar un paro total de actividades. De este modo, los problemas económicos de CPC quedaron en evidencia en Santa Cruz.

Más Problemas
En tanto, en Bariloche también hubo reclamos de trabajadores de UOCRA contra CPC, por falta de pago de sueldos, en una obra en la avenida Juan Manuel de Rosas y su continuación, 12 de octubre, conforman la Costanera, y debajo de ésta correrá el caño.
No hay indicios del comienzo de la obra del colector costanero. Pasaron ya varios días de la firma del contrato con CPC Ingeniería y Construcciones, propiedad del empresario investigado por corrupción Cristóbal López, y no hubo ningún movimiento de suelo.
Las autoridades rionegrinas no tenían conocimiento de los problemas financieros de CPC y se reaviva el fantasma que se creó con la fallida conclusión de la calle Mitre que quedó trunca cuando faltaba menos del 10% para terminarla, porque Planobra, la firma que la ejecutaba, se retiró sorpresivamente.
Ante la adjudicación de CPC, el propio gobernador Alberto Weretilneck pidió “no estigmatizar” a la empresa y defendió el proceso licitatorio.
Los motivos del retraso en el inicio del colector de 6,2 kilómetros que bordeará la costa del lago Nahuel Huapi (una parte por la Costanera) tendrían varios factores como cuestiones administrativas, climáticas y el coletazo de los problemas financieros de una empresa que tiene sus bienes inhibidos por la Justifica Federal desde el año pasado, por una causa por presuntas irregularidades en el pago de tributos y la supuesta evasión cometida con aportes previsionales.
La obra de Bariloche, de relevante importancia para la ciudad porque mejorará la capacidad de conducción de cloacas hacia la planta depuradora (que también se duplicará), fue adjudicada a CPC en julio pasado por 189.288. 508 pesos con un plazo de concluirla en 18 meses.