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Matilde Morales, vocal por el kirchnerismo en el Tribunal de Cuentas desde el año 2017, ostenta la jurisdicción para auditar el gasto de las empresas y sociedades del Estado y de los entes descentralizados, una responsabilidad que, a la luz de los hechos, genera serios interrogantes.
Es que la inacción de la funcionaria es alarmante. Morales dejó en un limbo expedientes cruciales, algunos con una década de antigüedad, lo que podría significar la imposibilidad de resarcir al erario por posibles irregularidades cometidas por quienes administraron el dinero de los ciudadanos. La negligencia en el control de las cuentas estatales alcanza así niveles inaceptables.
La magnitud del abandono de los expedientes resulta escalofriante. Documentos correspondientes a los ejercicios financieros de 2014, 2015 y 2016 permanecen inexplicablemente paralizados, revelando una alarmante falta de diligencia en la fiscalización del gasto de empresas, entes descentralizados y sociedades del Estado provincial.
Esta inoperancia ha permitido, durante años, que fondos pertenecientes a los santacruceños se gasten sin un control efectivo ni eficaz.
Resulta indignante constatar la flagrante inobservancia de las leyes y sus plazos por parte de funcionarios cuya responsabilidad primordial es, precisamente, velar por su cumplimiento, especialmente cuando se trata de la custodia de las arcas públicas.
Es en este contexto, que el 14 de mayo último Morales sometió a consideración del Cuerpo un proyecto de resolución referente a la auditoría realizada en 2014 en Comunicación Televisiva Santacruceña (Canal 9).
Nos encontramos ante una problemática mucho más profunda. El informe final del auditor para este expediente data de septiembre de 2015. Han transcurrido casi diez años de silencio administrativo, una década de inexplicables demoras que impiden la sanción oportuna de posibles irregularidades detectadas en el manejo de fondos públicos.
Como bien se sabe, una justicia tardía es una justicia denegada, y en este escenario, la demora de casi una década torna ineficaz y prácticamente imposible cualquier intento de reparación al Estado Provincial.

La sombra de la impunidad

Pero la gravedad de la situación no se detiene allí. A pesar de las serias observaciones planteadas en el Informe de Auditoría – que incluyen la ausencia de documentación de gastos, la falta de facturas originales, contrataciones directas sin la debida comparación de presupuestos y diferencias inexplicables entre lo facturado y lo pagado- Morales propuso una aprobación parcial de la rendición de cuentas, acompañada de sanciones económicas irrisorias. Apenas $ 57.222,19 y $ 100.000 frente a un presupuesto auditado que superaba los $ 27 millones hace 11 años.
La inobservancia de la normativa vigente, por parte de la máxima autoridad del organismo, resulta particularmente preocupante. Hasta la entrada en vigor de la ley 3755 (Ley de Administración Financiera), la ley 500 (Orgánica del Tribunal de Cuentas) contemplaba la aprobación tácita de las rendiciones de cuentas por el mero transcurso del tiempo (dos años, reducido a uno por la nueva ley referida). Esta situación plantea dudas e incertidumbre sobre la voluntad real de ejercer un control exhaustivo y oportuno.
En un voto disidente, que resuena con la urgencia del caso, Gabriela Castro, la presidenta del Tribunal de Cuentas enfatizó la necesidad de investigar a fondo la posible existencia de responsabilidad civil, e incluso de delitos, en la gestión de los fondos públicos, a pesar del tiempo transcurrido.
Subrayó además que la figura de la aprobación tácita, si bien otorga seguridad jurídica ante dilaciones ajenas al obligado, no exime al organismo de su obligación de actuar con celeridad y eficacia.
La Presidenta propuso la inmediata instrucción de un sumario para determinar las responsabilidades de aquellos funcionarios encargados del impulso y control de los expedientes, que hoy yacen en un estado de abandono inaceptable.
La revelación de esta alarmante situación en el Tribunal de Cuentas exige una respuesta inmediata y contundente. La inacción prolongada no solo socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones de control, sino que también abre la puerta a la impunidad y a la pérdida irreparable de recursos públicos.
Es imperativo que se investiguen a fondo las responsabilidades de esta negligencia y se implementen medidas urgentes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de recursos que pertenecen a todos los santacruceños. La sombra de la impunidad no puede seguir extendiéndose sobre el manejo del dinero público.
Matilde Morales, vocal por el kirchnerismo en el Tribunal de Cuentas desde el año 2017, ostenta la jurisdicción para auditar el gasto de las empresas y sociedades del Estado y de los entes descentralizados, una responsabilidad que, a la luz de los hechos, genera serios interrogantes.
Es que la inacción de la funcionaria es alarmante. Morales dejó en un limbo expedientes cruciales, algunos con una década de antigüedad, lo que podría significar la imposibilidad de resarcir al erario por posibles irregularidades cometidas por quienes administraron el dinero de los ciudadanos. La negligencia en el control de las cuentas estatales alcanza así niveles inaceptables.
La magnitud del abandono de los expedientes resulta escalofriante. Documentos correspondientes a los ejercicios financieros de 2014, 2015 y 2016 permanecen inexplicablemente paralizados, revelando una alarmante falta de diligencia en la fiscalización del gasto de empresas, entes descentralizados y sociedades del Estado provincial.
Esta inoperancia ha permitido, durante años, que fondos pertenecientes a los santacruceños se gasten sin un control efectivo ni eficaz.
Resulta indignante constatar la flagrante inobservancia de las leyes y sus plazos por parte de funcionarios cuya responsabilidad primordial es, precisamente, velar por su cumplimiento, especialmente cuando se trata de la custodia de las arcas públicas.
Es en este contexto, que el 14 de mayo último Morales sometió a consideración del Cuerpo un proyecto de resolución referente a la auditoría realizada en 2014 en Comunicación Televisiva Santacruceña (Canal 9).
Nos encontramos ante una problemática mucho más profunda. El informe final del auditor para este expediente data de septiembre de 2015. Han transcurrido casi diez años de silencio administrativo, una década de inexplicables demoras que impiden la sanción oportuna de posibles irregularidades detectadas en el manejo de fondos públicos.
Como bien se sabe, una justicia tardía es una justicia denegada, y en este escenario, la demora de casi una década torna ineficaz y prácticamente imposible cualquier intento de reparación al Estado Provincial.

La sombra de la impunidad

Pero la gravedad de la situación no se detiene allí. A pesar de las serias observaciones planteadas en el Informe de Auditoría – que incluyen la ausencia de documentación de gastos, la falta de facturas originales, contrataciones directas sin la debida comparación de presupuestos y diferencias inexplicables entre lo facturado y lo pagado- Morales propuso una aprobación parcial de la rendición de cuentas, acompañada de sanciones económicas irrisorias. Apenas $ 57.222,19 y $ 100.000 frente a un presupuesto auditado que superaba los $ 27 millones hace 11 años.
La inobservancia de la normativa vigente, por parte de la máxima autoridad del organismo, resulta particularmente preocupante. Hasta la entrada en vigor de la ley 3755 (Ley de Administración Financiera), la ley 500 (Orgánica del Tribunal de Cuentas) contemplaba la aprobación tácita de las rendiciones de cuentas por el mero transcurso del tiempo (dos años, reducido a uno por la nueva ley referida). Esta situación plantea dudas e incertidumbre sobre la voluntad real de ejercer un control exhaustivo y oportuno.
En un voto disidente, que resuena con la urgencia del caso, Gabriela Castro, la presidenta del Tribunal de Cuentas enfatizó la necesidad de investigar a fondo la posible existencia de responsabilidad civil, e incluso de delitos, en la gestión de los fondos públicos, a pesar del tiempo transcurrido.
Subrayó además que la figura de la aprobación tácita, si bien otorga seguridad jurídica ante dilaciones ajenas al obligado, no exime al organismo de su obligación de actuar con celeridad y eficacia.
La Presidenta propuso la inmediata instrucción de un sumario para determinar las responsabilidades de aquellos funcionarios encargados del impulso y control de los expedientes, que hoy yacen en un estado de abandono inaceptable.
La revelación de esta alarmante situación en el Tribunal de Cuentas exige una respuesta inmediata y contundente. La inacción prolongada no solo socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones de control, sino que también abre la puerta a la impunidad y a la pérdida irreparable de recursos públicos.
Es imperativo que se investiguen a fondo las responsabilidades de esta negligencia y se implementen medidas urgentes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de recursos que pertenecen a todos los santacruceños. La sombra de la impunidad no puede seguir extendiéndose sobre el manejo del dinero público.

Lo hicieron desde la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, luego de semana y media de tareas de contralor diarias a los distintos yacimientos de la Cuenca Austral santacruceña.

El equipo de inspectores de la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, finalizaron días atrás diversas tareas de fiscalización con pruebas de hermeticidad de los pozos inyectores de operadora petrolera Compañía General de Combustibles -CGC.

En detalle, se explicó que las inspecciones se realizaron durante semana y media, y se visitaron los yacimientos Campo Indio, Estancia Agua Fresca, Puesto Peter y María Inés, todos ubicados en la Cuenca Austral santacruceña, y en el marco de la normativa vigente, mediante pruebas de hermeticidad a 24 pozos inyectores, cuyas pruebas arrojaron valores positivos, a partir de lo cual, se autorizó la continuidad de la operación.

Es de destacar, que el equipo estuvo integrado por el secretario de Estado Gastón Farías, acompañando por Luis Lucero, Guillermina Marderwald, Sebastián Caballero, Jesabel Schön, Aldana Villarreal, Nicolás Pellegrini, Valeria Miranda y Cristian Guantay, todos del Ministerio de Energía y Minería.

El secretario de Estado de Turismo de la provincia de Santa Cruz, Rubén Martínez, participó este jueves 22 de mayo de la 171ª Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Turismo (CFT), que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

La jornada estuvo encabezada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el presidente del Consejo Federal de Turismo, Valentín Díaz Gilligan, quienes convocaron a las máximas autoridades turísticas de todas las provincias del país para compartir lineamientos estratégicos, políticas de promoción, y fortalecer el trabajo articulado entre Nación y las jurisdicciones.

Durante el encuentro, se abordaron diversas temáticas vinculadas a la conectividad, la sostenibilidad, desarrollo de productos turísticos regionales y campañas federales de promoción. En ese marco, también se trató la situación de los vehículos de transporte 4×4 y las normativas vigentes, una temática impulsada por la delegación santacruceña debido a su impacto directo en el transporte turístico provincial. Asimismo, se debatieron cuestiones relacionadas con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), fundamentales para el desarrollo de una actividad turística segura y formal.

Rubén Martínez destacó la importancia de continuar posicionando a Santa Cruz como destino turístico nacional e internacional, haciendo hincapié en el valor de sus paisajes naturales únicos y en el trabajo conjunto con los municipios para fortalecer la infraestructura turística.

“La participación en el CFT es fundamental para afianzar vínculos con otras provincias, intercambiar experiencias y exponer los avances que venimos impulsando desde Santa Cruz. Tenemos una provincia con un potencial turístico inmenso, y cada espacio de encuentro como este refuerza nuestro compromiso de seguir creciendo como destino federal”, expresó Martínez.

La Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, continúa consolidando su participación activa en los espacios de decisión turística a nivel nacional, impulsando acciones estratégicas que acompañen el desarrollo del sector en toda la provincia, en consonancia con los lineamientos de la gestión provincial.

En el marco de la participación de la provincia de Santa Cruz en la 171° Asamblea del Consejo Federal de Turismo, que se desarrolló en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, la Secretaría de Estado de Turismo firmó un convenio marco de cooperación institucional y reciprocidad con el Ente Mendoza Turismo, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y promover el desarrollo turístico en ambas provincias.

El acuerdo fue suscripto por el Secretario de Turismo de Santa Cruz, Rubén Martínez, en representación de la Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria y en representación del Ente Mendoza Turismo, Guillermo Sallito.

Ambas instituciones acordaron avanzar en acciones de cooperación institucional y reciprocidad en materia turística, con el compromiso de trabajar de manera articulada para fomentar el intercambio de experiencias, la promoción conjunta de destinos, la asistencia técnica y la organización de actividades de formación y capacitación.

La firma de este convenio ratifica el compromiso de Santa Cruz de continuar construyendo vínculos estratégicos con otras provincias del país, en pos de fortalecer el turismo como una herramienta clave para el desarrollo económico, social y cultural de la región.

Este tipo de acuerdos se enmarca en la política activa que impulsa el Gobierno de la provincia de Santa Cruz, bajo la conducción del gobernador Claudio Vidal, para consolidar el desarrollo del sector turístico como motor de crecimiento y generación de empleo genuino, fortaleciendo así la economía local y proyectando los destinos santacruceños a nivel nacional e internacional.

Lo manifestó el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, durante el acto de “Homenaje a la Actuación de la Prefectura Naval Argentina en la Gesta de Malvinas y Conmemoración del Combate Aeronaval del Guardacostas PNA GC-83 “Río Iguazú”, que se concretó en Río Gallegos. Destacó el heroísmo de la fuerza y de quienes dieron la vida en la Gesta de Malvinas.

El jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, en representación del Gobierno Provincial, participó del acto “Homenaje a la Actuación de la Prefectura Naval Argentina en la Gesta de Malvinas y Conmemoración del Combate Aeronaval del Guardacostas PNA GC-83 “Río Iguazú”, en la Plaza de Armas de la Prefectura Río Gallegos e Islas Malvinas, sita en Abuela Paredes N° 71.

En la oportunidad, el funcionario provincial fue recibido por el prefecto Mayor, Pablo Enrique López, conjuntamente con el personal superior y subalterno de la Prefectura Zona Mar Argentino.

Durante la ceremonia, se llevó adelante el izamiento del pabellón nacional, la colocación de una ofrenda floral y hubo minuto de silencio a los caídos para recordar y homenajear a los caídos en combate en la Gesta de Malvinas. Asimismo, el prefecto Ramón Nicolás Cabral, Jefe de la División Operaciones de Prefectura Naval, se refirió a la fecha tan significativa que se conmemoró hoy. “Se trata de un hecho histórico y trascendental, llevado a cabo por valerosos hombres que hace 43 años con tal gallardía y coraje sin igual, enfrentaron con medios desproporcionados a una de las potencias mundiales de la época, en defensa de una causa justa: La recuperación de nuestras Islas Malvinas”, destacó. A la vez, indicó que no solo podía limitarse a relatar solo los hechos acontecidos el 22 de mayo de 1982, sin tener en cuenta los más de 149 años de reclamos y espera que tuvo que sortear nuestro país para intentar recuperar la soberanía de las islas. “Es un derecho legítimo demostrado de manera documental y geográfica que el usurpador decide ignorar hasta el día de hoy”, enfatizó.

En ese contexto, el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, manifestó que esta es una fecha muy sentida para la Prefectura Naval Argentina y para los argentinos que seguimos con la llama encendida de la causa Malvinas. “Se cumplen 43 años de una intervención heroica por parte de nuestra Prefectura en 1982, y donde pasó a la historia y dio un ejemplo de patriotismo de dar la vida a la patria del cabo Segundo Benítez”, subrayó.

“Hoy se hace un reconocimiento a la Prefectura Naval Argentina por su acto de heroísmo y a los hombres y mujeres de la fuerza que pelearon por nuestra bandera y que dejaron para todos nosotros, un país mejor”, amplió Álvarez.

Por otra parte, habló de la importancia de la causa Malvinas, indicando en primera instancia que hay que visibilizar la misma de manera permanente y no olvidar a los héroes y tener muy presente que “en 1982 nuestro país fue a combate con una de las mayores potencias del mundo y así y todo tuvieron que recurrir a sus socios para vencer a nuestras fuerzas”.

“Tenemos que mantener vivo ese orgullo y transmitirle a nuestros jóvenes y niños lo que pasó. Hay que hablarles de nuestros soldados de la misma manera y amor de los familiares que ya no están con nosotros. Ellos dieron la vida por nuestra bandera y nuestra bandera nos recuerda todos los días que tenemos que esforzarnos para reconstruir nuestro país y Santa Cruz para que sean un lugar mejor”, enfatizó.