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Por primera vez, la provincia realiza estudios propios sobre el recurso pesquero con el objetivo de planificar la actividad a largo plazo, garantizando la conservación de las especies y la generación de empleo. El gobernador Claudio Vidal acompañó a los trabajadores a bordo del barco Gaucho Grande, donde permaneció más de 24 horas en altamar supervisando el relevamiento del recurso pesquero.

Dicho estudio se informó en el acta N° 1 del 2025 del Consejo Federal Pesquero, con el objetivo de analizar la verdadera situación actual de los principales recursos pesqueros de la zona del Golfo San Jorge de Santa Cruz, como la merluza, la centolla y el langostino.

El trabajo de análisis que está realizando la provincia, a través del Ministerio de Producción, busca mejorar la administración de los recursos y explotarlos de manera responsable y eficiente. Este relevamiento marca un hito, ya que nunca antes en la historia de Santa Cruz se había desarrollado un estudio propio de estas características.

Luego de estar embarcado más de 24 horas acompañando a los trabajadores, el gobernador Vidal remarcó que “es importante saber qué es lo que hay, qué tamaños, qué cantidad, las posibilidades de captura y demás. Por eso, en este marco, la provincia decidió hacer un estudio que se divide en tres etapas: enero, fines de febrero y fines de marzo”.

“La idea es salir con barcos comerciales, hacer lances pequeños y de corta duración, aproximadamente entre 20 minutos y media hora. De esos lances se sacan muestras, se mide cada una de las especies que hay en la zona, y luego esa información se procesa para que podamos sacar conclusiones sobre el estado de los recursos y las políticas que debemos aplicar como provincia», explicó Vidal.

El mandatario subrayó que estos estudios son una herramienta fundamental para conservar el recurso y garantizar la continuidad del trabajo en el sector, con el objetivo de mantener la producción en marcha durante todo el año. «La provincia realiza estos estudios como dueña de los recursos, con la responsabilidad de desarrollar la actividad pesquera de manera sostenible, generando empleo, impulsando la producción y fortaleciendo la recaudación provincial, lo que nos permite seguir invirtiendo en obras de infraestructura para el crecimiento de Santa Cruz», concluyó.

El secretario gremial del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), Carlos Monsalvo, reafirmó la posición del gremio frente a la decisión del presidente de YPF, Horacio Marín, de retirarse de la provincia de Santa Cruz.
«No nos escondemos, no miramos para otro lado y, sobre todo, no nos resignamos. El sindicato no es un mero espectador de lo que ocurre. Desde que se conoció la decisión de abandonar los yacimientos convencionales, nuestro secretario general, Rafael Güenchenen, ha mantenido reuniones con autoridades provinciales, directivos de la operadora y empresarios para evitar que la producción se detenga y se pierdan puestos de trabajo” enfatizó Monsalvo.
“Estamos pensando en el mañana, en cómo va a continuar la actividad. Es un momento histórico y las decisiones que tomemos desde el gremio serán determinantes. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, ser racionales y agotar todas las instancias antes de tomar medidas”, añadió.

«Los retiros deben ser realmente voluntarios, no vamos a permitir presiones»

Respecto a los retiros voluntarios, Monsalvo explicó que el sindicato no puede impedir que los trabajadores negocien su salida con la empresa a cambio de beneficios económicos. Sin embargo, dejó en claro que “el empleador tiene la facultad de ofrecerlos en cualquier momento, y el trabajador tiene el derecho de aceptarlos o no. No podemos impedir que alguien encuentre un beneficio económico en esta opción y decida tomarlo. Pero eso no significa que desde la institución nos dé lo mismo lo que pasa, todo lo contrario. Nosotros queremos que todos los trabajadores se queden”.
“Ojalá supiéramos como se resuelve esta situación. Esta incertidumbre la trajo YPF a la mesa hace un año, cuando dijo que se iba, que no se iba, que vendía las áreas, que no las vendía. Que dejaba la provincia, no, que tenía compradores. Fue un ir y venir que también pasaron en otras provincia, que hoy están atravesando los mismos problemas” añadió Monsalvo.
El dirigente sindical advirtió que «YPF pretende reducir su plantilla en 1.800 trabajadores, ese es el ajuste que está planteando. Hasta el momento, solo se han registrado alrededor de 300 salidas entre retiros voluntarios y jubilaciones, todas las decisiones tomadas personalmente por los trabajadores. Rafael Güenchenen ha sido claro: esos puestos de trabajo no se van a perder y el sindicato no va a permitir que se utilice esta situación como una excusa para achicar injustificadamente el personal de las empresas”.
Desde el gremio, aseguraron que se encuentran monitoreando la situación y trabajan activamente para encontrar soluciones. “A través de los referentes de cada localidad, miembros de la comisión directiva, colaboradores y cuerpo de delegados, estamos en contacto permanente con los trabajadores, visitándolos en el campo y organizando asambleas con el personal de todos los servicios asociados a YPF. Se han realizado cuatro asambleas generales para explicar la situación y la postura del gremio. Las puertas del sindicato están siempre abiertas para resolver cualquier duda o consulta y para acompañar a los trabajadores”.
El secretario gremial enfatizó que el objetivo principal del sindicato es la estabilidad laboral y la reactivación de la industria: “Lo que más nos ocupa y preocupa es que se mantengan los puestos de trabajo, que la producción se reactive y vuelva la inversión. El secretario general trabaja todos los días en eso”.

«El desmantelamiento de YPF en Santa Cruz fue deliberado y es una herencia no deseada que debemos enfrentar»

Consultado sobre las razones que llevaron a esta crisis, Monsalvo fue categórico: “En 2015, YPF inició un proceso de desmantelamiento de la industria hidrocarburífera en Santa Cruz, encubierto bajo el eufemismo de ‘repliegue estratégico’. No fue un ajuste técnico, fue una ofensiva deliberada contra nuestra riqueza y soberanía energética. La principal empresa del país abandonó el Plan Exploratorio Argentina, redujo en un 70% las perforaciones, canceló campañas de exploración clave y paralizó actividades esenciales como el pulling y el workover, condenando al 90% de los yacimientos a una agonía técnica irreversible”.
El dirigente detalló que «más del 60% de los pozos productivos fueron abandonados, pasando de 13.360 en 2016 a apenas 5.000 en 2023, durante la presidencia de Pablo González en YPF. Todo esto ocurrió bajo la mirada inerte de doce años de gobiernos kirchneristas en la provincia, que no solo no frenaron este vaciamiento, sino que lo profundizaron con su complicidad o inacción”.
Monsalvo también advirtió que “el secretario general, Rafael Güenchenen, y toda la comisión directiva del gremio deben enfrentar una herencia no deseada que se gestó bajo la responsabilidad de gobiernos anteriores, que no fueron capaces de incentivar la inversión petrolera ni de construir un proyecto de desarrollo sostenible en el tiempo. SIPGER enfrenta el enorme desafío de mitigar los daños que dejó esa mala gestión y encontrar los caminos que permitan la reactivación de los campos”.
«LOS RESPONSABLES TIENEN NOMBRE Y APELLIDO»
El sindicalista señaló directamente a los responsables de la crisis: “Daniel Peralta, Alicia Kirchner, Matías Kalmus, Matías Bezi: ellos permitieron que esta traición a la provincia se consumara. Los números no mienten. Entre 2016 y 2023, la producción de crudo en la Cuenca del Golfo San Jorge cayó de 5.701.962 m³ a 3.686.951 m³. Es decir, en siete años se ‘evaporaron’ más de dos millones de metros cúbicos de petróleo, lo que representa una caída del 35,4%. Desde 2019, el colapso se volvió insostenible. En 2020, la caída fue del 13,1%, en 2022 del 3,6% y en 2023 del 7,4%. Mientras tanto, el país debía importar petróleo y gas, al mismo tiempo que destruía su propia producción”.
Sin embargo, Monsalvo aclaró que «nuestro secretario general nos dice que no es momento de buscar culpables, sino de mirar hacia adelante y trabajar para salir de esta situación. No tenemos que ser como aquellos que ahora señalan y antes no hicieron nada. No podemos permitir que se utilice políticamente un problema que afecta a toda la sociedad santacruceña. Claro está que no nos olvidamos de lo que hicieron, de cómo abandonaron a los petroleros, de cómo miraron hacia otro lado cuando había que exigir inversiones y controlar lo que YPF. Hacía. Pero hoy tenemos que encontrar soluciones, porque la queja sola no resuelve nada”.

SPIGER lo viene denunciando hace años

Monsalvo recordó que esta crisis ya había sido advertida en Múltiples oportunidades por el sindicato: «Tanto Claudio Vidal como Rafael Güenchenen han denunciado esta situación durante años, exponiendo la falta de inversión por parte de YPF y la inacción del gobierno provincial kirchnerista. En 2019, Claudio Vidal decía en todos los medios: ‘Cuando Santa Cruz pidió un vaso de agua, YPF nos devolvía un vaso con arena como operadora estatal, tiene una enorme responsabilidad social y es necesario que la cumplan. Explotan nuestro suelo, pero pagan los impuestos en Buenos Aires, en un edificio de Puerto Madero donde no se produce petróleo, mientras millones de dólares que deben ingresar a Santa Cruz se desvían hacia otros intereses. Están dejando morir la industria en nuestra tierra’”.
Finalmente, Monsalvo recordó la lucha sostenida por el sindicato: “Desde SIPGER exigimos frenar el programa de exterminio hidrocarburífero ejecutado por YPF. La producción cayó por debajo de los 7.000 m³ diarios, un umbral crítico para la supervivencia del sector. Más de 51 pozos fueron abandonados ese año, 20 cerrados y 1.000 paralizados. En mayo de 2023, el gremio redobló su lucha con una carta pública a Alicia Kirchner, en pleno paro general, para exponer la catástrofe energética y social que estábamos atravesando”.

El Gobierno de Santa Cruz presentó nuevas denuncias contra Pablo y María Grasso por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales en Río Gallegos. Se amplió la documentación ante la Justicia con pruebas que detallan la omisión de normativas, el manejo discrecional de lotes y el perjuicio al Estado provincial.

El Ejecutivo Provincial, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), continúa con las acciones judiciales para esclarecer presuntas maniobras irregulares en la adjudicación de lotes en Río Gallegos durante las gestiones de Pablo y María Grasso. La investigación se centra en el manejo de tierras fiscales en Barrio El Faro, y expone un esquema de adjudicación arbitraria sin los debidos procesos administrativos.

Según la documentación presentada ante la Justicia, se formalizaron dos nuevas denuncias penales, cada una dirigida a los exfuncionarios, fundamentadas en los artículos 248 y 174 inciso 5° del Código Penal, que tipifican el incumplimiento de deberes de funcionario público y la administración fraudulenta de bienes del Estado.

El nuevo material probatorio profundiza las irregularidades en la adjudicación de terrenos, evidenciando un manejo discrecional y la omisión de requisitos esenciales. Según la investigación, se otorgaron lotes a beneficiarios que no cumplían con los requisitos administrativos establecidos por la normativa vigente, sin que se aplicaran los controles legales exigidos en estos procesos.

Además, se detectó que la asignación de tierras se realizó en plena campaña electoral de Pablo Grasso, lo que refuerza las sospechas sobre la utilización de recursos estatales con fines políticos. Asimismo, el informe señala la existencia de incompatibilidades legales y éticas en la distribución de lotes fiscales, profundizando el daño patrimonial al Estado y afectando la transparencia en la administración del suelo urbano.

Las nuevas denuncias presentadas profundizan las irregularidades ya informadas públicamente, incorporando elementos jurídicos y administrativos que refuerzan la gravedad del caso. Cabe recordar que Pablo Grasso ocupó la presidencia del IDUV entre 2015 y 2019, mientras que María Grasso estuvo al frente del organismo entre 2022 y 2023.

La actual gestión del IDUV ha avanzado en una auditoría integral sobre las adjudicaciones realizadas en los últimos años, con el objetivo de transparentar el manejo del suelo urbano y garantizar que la asignación de lotes se realice con equidad y conforme a la normativa vigente.

El Gobierno de Santa Cruz ratificó su compromiso de continuar con el ordenamiento y la regularización de la entrega de tierras fiscales, con el objetivo de evitar que el acceso a un derecho fundamental como la vivienda se convierta en una herramienta de uso discrecional con fines políticos o sectoriales.