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Caleta Olivia
«Una nueva víctima se cobró la Intervención de la Caja de Servicios Sociales. Griselda «Titi» Cortés falleció esta semana, luego que la derivación en Buenos Aires, donde cursaba un tratamiento, fuese interrumpida y trasladada de nuevo a Río Gallegos», indicaron desde el Partido Obrero a través de un comunicado de prensa.
Agregan que «el caso se dio a conocer por redes sociales, donde una familiar directa expresó su malestar e indignación. Como último recurso, el juez Antonio Andrade ordenó su traslado y derivación nuevamente a la Capital, lo que se efectivizó la madrugada del lunes 24. Sin embargo fue tarde para Griselda, que falleció apenas llegó a destino».

«Las muertes por desidia de las autoridades de la Intervención de la Caja no son novedad para los trabajadores estatales».
Señalan además que «un caso resonante y que afectara a la comunidad docente de Pico Truncado fue el del profesor José Bravo. A finales de 2015 se le diagnostica con una leucemia que debe ser tratada en Buenos Aires, y si bien la derivación fue cumplida junto con el tratamiento, no se cumplimentó a tiempo con los pagos para un trasplante de médula, única posibilidad de sobrevida de Bravo.
«Estos casos son solo la punta del iceberg de una serie de situaciones que atentan contra la salud de los afiliados a la obra social estatal. Son comunes todos los años las notificaciones del Colegio de Médicos de la suspensión de prestaciones por las deudas millonarias de la Caja a los diferentes especialistas de la provincia. También de la baja de convenios con diferentes farmacias por los mismos incumplimientos de pagos por parte de la Caja».

Crisis permanente
Agregan que «los trabajadores de la Provincia sostienen con una cuota mensual los
servicios que debiera proveer la obra social, pero que como se ve es deficiente o en algunos casos prácticamente nula. Esto es lisa y llanamente una estafa, tanto coloquialmente como en sentido legal: el Estado cobra por un servicio que no provee ni garantiza».
«La intervención de la Caja de Servicios Sociales lleva ya más de 30 años, una situación extraordinaria que Néstor Kirchner mantuvo durante todos sus mandatos y que los subsiguientes gobernadores del Frente Para La Victoria / PJ sostuvieron, a costa de la salud de la población. Los fondos de la Caja fueron y son usados como caja chica por todas las gestiones».
«Nos encontramos en las vísperas de la «normalización» la Caja, que se lleva a cabo previo amañamiento de sus orgánica y votada a finales de 2019. En esa reforma se impuso la mayoría de representantes por el ejecutivo, una forma encubierta de continuar la intervención; también en esa reforma se opusieron a establecer que las prestaciones no podrían ser modificadas a la baja. La estafa a la población continúa.
Por una obra social al servicio de los trabajadores».
«Desde el Partido Obrero venimos hace años denunciando y luchando por el fin de la intervención de la Caja de Servicios Sociales, por el esclarecimiento de sus cuentas».
«Los trabajadores debemos organizarnos para terminar con el manejo espurio que hace el kirchnerismo con sus fondos y ponerlos al servicio de la salud de la población, y por poner la obra social estatal bajo control de los trabajadores».

Río Gallegos
Se pueden cursar 3 carreras de título, las inscripciones cierran el 10 de marzo
El Instituto Salesiano de Educación Superior dependiente de la Casa Salesiana Río Gallegos, abrió sus inscripciones a los estudios que se cursan en la institución. La oferta académica consta de 3 carreras: Tecnicatura Superior en Comercio Internacional, Profesorado de Inglés y Profesorado de Educación Secundaria en Biología.

La Rectora del ISES, Lic. Florencia Igor, destacó que «Nuestras ofertas académicas y propuestas de desarrollo profesional responden a necesidades concretas de nuestra región vinculadas con la educación y el mundo del trabajo, formando profesionales competentes. Somos generadores de oportunidades para todos aquellos jóvenes y adultos que buscan formarse a nivel profesional y personal».
El ISES forma parte de la Casa Salesiana que sigue las enseñanzas de Don Bosco en el trabajo, el pensamiento y su sentir buscando formar personas íntegras.
Para mas información en la página web www.salesianorg.edu.ar/carreras/ Correo Electrónico: [email protected]

Río Gallegos
Este fin de semana se desarrollará en la localidad de Puerto San Julián, el Primer Campamento de la Juventud Radical de Santa Cruz. Participarán importantes dirigentes provinciales y nacionales.

Durante la jornada del sábado se llevará adelante un encuentro en la localidad de Puerto San Julián que reunirá a los jóvenes de la Unión Cívica Radical de Santa Cruz.
Al respecto su Presidente Matias Ripoll señaló que «se trata del primer campamento de formación para todos los jóvenes de nuestro partido. Contaremos con la presencia de la Diputada Nacional Roxana Reyes, autoridades nacionales, los legisladores provinciales Nadia Ricci y Daniel Roquel y el cierre va a estar a cargo del Changui Cáceres, referente indiscutible del partido y de la democracia.»

Referentes
En el encuentro participara el Presidente de la UCR Santa Cruz e intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, junto a los concejales Mario Piero Boffi, Natalia Pedernera, Daniela Damico, Carina Bosso y Matías Treppo.
También estarán la Presidente de la JR Nacional Maria Belen Pérez, el Vicepresidente de la JR Nacional Agustin Torres y el Vicepresidente de la FUA Cecilio Crechi.
Se espera la presencia de chicos y chicas de todas las localidades de la provincia. La actividad se enmarca en la Escuela de Formación de la JR Santa Cruz y es una actividad organizada en conjunto con los mayores del partido.
«Es necesario reflexionar sobre el presente de nuestro partido y los desafíos que tenemos por delante. Hay mucho por hacer y debemos seguir trabajando para sumar jóvenes, generar políticas públicas claras y formar cuadros capaces de llevar las ideas de nuestro partido a los lugares de gestión para transformar la realidad de todos los santacruceños» concluyó Ripoll.

Buenos Aires
El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, presentó la oferta actualizada de cuatro nuevas rutas de cabotaje y regionales que no pasan por Buenos Aires.

Aerolíneas Argentinas sumó nuevas rutas y frecuencias, así se lo comunicó el titular de la aerolínea estatal, Pablo Ceriani, al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
La aerolínea anunció este jueves, en un acto que se llevó a cabo en Casa Rosada, la creación de cuatro nuevas rutas de cabotaje y regionales que no pasan por Buenos Aires.

Las nuevas rutas de Aerolíneas y su controlada Austral serán entre Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, a partir de diciembre.
Se está trabajando para que, a partir de diciembre del 2020, estas dos ciudades vuelvan a estar conectadas. La ruta había sido dada de baja por la gestión anterior en septiembre de 2017.
Otra será la que conecte a Bariloche con la brasileña San Pablo, solo durante la temporada de invierno, entre el 1 de julio y el 15 de agosto y a partir de julio, además, habrá una nueva ruta «estacional» entre Bariloche y Mendoza, que se volará con dos frecuencias semanales, entre julio y abril.

La cuarta nueva ruta será la que una a Resistencia con Iguazú, con dos frecuencias semanales, entre octubre y febrero.

Entre las rutas que incrementarán sus frecuencias figuran Córdoba-Ushuaia (pasará de ser «estacional» a tener vuelos todo el año), los vuelos desde Buenos Aires hacia Río Grande y Río Gallegos y un vuelo regular entre Bariloche y El Calafate.
También se mantendrá la ruta estacional entre Córdoba y Trelew, se aumentará la frecuencia entre Buenos Aires y Santa Rosa, así como la ruta desde Aeroparque a San Juan, a San Luis, Río Cuarto, La Rioja y Catamarca.

Río Gallegos
Sobre el caso sospechoso de la enfermedad, se informó que «se tomaron las muestras y se realizó el cultivo local, dando resultado de virus común».

Los resultados del Instituto Malbrán de Buenos Aires se conocerán este viernes.
Tras las indicaciones emanadas del Ministerio de Salud de la Nación, todos los hospitales provinciales se encuentran en alerta por la probabilidad de casos de pacientes infectados de coronavirus.

En El Calafate se activó dicho protocolo ante la sintomatología de una paciente que respondía a un caso sospechoso.
La intervención del Hospital Samic informó a las autoridades del Ministerio de Salud de Nación sobre el caso detectado en la localidad, trabajando en red para coordinar acciones, según se informó.

Respecto del caso, detallaron que «se tomaron las muestras y se realizó el cultivo local dando resultado de virus común.
Asimismo, se remitió muestras al instituto Malbrán de Buenos Aires donde los resultados del mismo se conocerán el viernes 28 de febrero».
«La paciente quedó en observación en una sala individual del hospital y los profesionales toman todos los recaudos preventivos», aseguró el comunicado de Salud.

Turistas
La noticia surgió el martes en la zona del Glaciar Perito Moreno. FM DIMENSION pudo saber que la mujer, oriunda de Milán, presentaba desde un par de días antes unas líneas de fiebre y toz seca.
Ante la indicación del guía del contingente formado por unas 14 personas (todas de Italia), la mujer de 77 años de edad fue atendida en el Puesto Sanitario ubicado en el estacionamiento inferior, donde la doctora a cargo decidió notificar al Hospital SAMIC, debido a la presencia de síntomas que podrían ser compatibles con la enfermedad que preocupa a todo el mundo.
La mujer fue transportada en ambulancia hasta el centro de salud de El Calafate, con todas las medidas de seguridad. Una vez en el SAMIC se la sometió a un primer examen. Una inmunofluoresencia que detectó que en principio no sería Coronavirus, sino un Adenovirus, que no es peligroso.
El Interventor del SAMIC, Dr. Diego Cerrudo acaba de confirmar la información en entrevista con FM DIMENSION. Indicó que apenas se activó el protocolo se notificó a las autoridades del Ministerio de Salud de Nación, y se trabajó en red para coordinar acciones.
Las muestras extraídas fueron enviadas al Instituto Malbrán, de la ciudad de Buenos Aires, donde se espera conocer el resultado final. La mujer quedó en observación en una sala individual del hospital y los profesionales toman todos los recaudos preventivos.
La señora salió el 13 febrero desde Milán, cuando aún nada se sabía de la enfermedad en Italia. Junto con el contingente viajaron primero a Brasil. Luego a Iguazú, Buenos Aires, Trelew, Ushuaia y finalmente arribaron a El Calafate. (Guillermo Pérez Luque)

Buenos Aires
Los cinco gremios docentes con representación nacional y los funcionarios del Ministerio de Educación acordaron esta tarde un salario inicial mínimo de 23 mil pesos a partir de marzo y de 25 mil pesos desde el 1° de julio próximo, informó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien aseguró que también se convino una suma extraordinaria de 4.840 pesos, que se abonará en cuatro cuotas de 1.210 pesos en abril, mayo, junio y julio.

Caleta Olivia
Habían sido condenados a penas de entre nueve y tres meses de prisión en suspenso por el delito de entorpecimiento del transporte, tras participar de una manifestación en Río Gallegos en mayo de 2017.

Para el titular de la Fiscalía IV ante la CFCP, se trató de una protesta de contenido social que no puso en peligro el bien jurídico previsto en el tipo penal, y que además podía inscribirse dentro de los estándares internacionales de jerarquía constitucional del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

El fiscal general Javier De Luca solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto la condena impuesta por la justicia federal de Río Gallegos a dos dirigentes sindicales, a quienes consideró coautores del delito de impedir el normal funcionamiento del servicio de transporte por tierra, en el marco de una causa por una protesta social llevada adelante en mayo de 2017 por un grupo de personas pertenecientes a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Al participar el jueves último de la audiencia de rigor, el representante del Ministerio Público Fiscal reiteró la línea argumentativa contenida en un dictamen presentado el pasado 19 de septiembre, esto es, que se trató de una protesta de contenido social que en ningún momento puso en peligro el bien jurídico previsto por el artículo 194 del Código Penal -único hecho por el que fueron acusados- y, más aún, que la referida protesta o manifestación podía inscribirse dentro de los estándares internacionales de jerarquía constitucional del ejercicio del derecho a al libertad de expresión. Señaló además que no se trató de un piquete como medio para cometer otros delitos -extorsiones a autoridades o a particulares, por ejemplo- que sí serían perfectamente punibles.

Los hechos

El 12 de junio de 2019 el Juzgado Federal de Río Gallegos condenó a Jorge Alejandro Garzón y a Olga Reinoso a nueve meses y tres meses de prisión en suspenso y costas del proceso, respectivamente, al considerarlos coautores del delito de impedir el normal funcionamiento del servicio de transporte por tierra (art.27 y 194 del Código Penal).

El fallo tuvo por acreditado que entre el 10 y el 21 de mayo de 2017 un grupo de personas identificado con ATE interrumpió la circulación vehicular en diferentes lugares de la Ruta Nacional N°3 y la Ruta Provincial N°53, en los accesos a la ciudad de Río Gallegos. La protesta tenía como objetivo llevar adelante un reclamo ante las autoridades provinciales y nacionales vinculado a la necesidad de buscar soluciones a cuestiones de salud, educación, seguridad, trabajo, salarios y jubilaciones. No formaron parte del objeto procesal las lesiones propiciadas a los miembros de la fuerza de seguridad que intervinieron en el operativo de seguridad.

La defensa de Garzón y Reinoso interpuso un recurso de casación donde, entre otros aspectos, cuestionó la atipicidad de la figura del art. 194 del CP; el haber basado la responsabilidad penal de los condenados en el solo hecho de su posición gremial; la errónea valoración de la prueba y la arbitrariedad de la sentencia por falta de motivación.

Legítimo ejercicio de un derecho
El fiscal general indicó en primer lugar que el fallo en cuestión implica «una suerte de responsabilidad objetiva», inválida en el terreno penal por el principio de culpabilidad presente en los art. 18 y 19 de la Constitución Nacional (CN), en tanto – a su criterio- se castigó a los dos condenados por su rol de dirigentes sindicales y por su reconocimiento en haber participado en la dirección de la protesta, sin la debida traducción de esas situaciones al ámbito penal y procesal penal, «que exigen la descripción de conductas concretas atribuidas a personas determinadas, y la explicación de por qué ellas son subsumibles en un tipo penal».
En forma adicional, sostuvo que otro de los problemas del fallo condenatorio radica en la ausencia de análisis sobre la lesión o puesta en peligro de algún bien jurídico protegido mediante una ley penal. En esa línea, señaló que el artículo 194 del Código Penal exige lesión a la seguridad del tránsito, medios de transporte y comunicación, de lo cual no existió ninguna prueba ni argumento en la sentencia, de modo que los hechos no parecían haber superado, a lo sumo, la jerarquía contravencional.

Fallo
La fiscalía consideró que uno de los problemas del fallo condenatorio radica en la ausencia de análisis sobre la lesión o puesta en peligro de algún bien jurídico protegido mediante una ley penal.
«Las molestias o violaciones de otros derechos (como la circulación del tránsito automotor) siempre han sido materia de la legislación contravencional y muchas de ellas se resuelven con el ejercicio de la coacción administrativa directa. En cualquier caso, se mantienen dentro de los atributos del poder punitivo local no delegado a la Nación (art. 5, 121, 126 y cc.,CN)», ponderó.
El tercer aspecto analizado en profundidad por De Luca tiene que ver con la escasa o nula valoración vertida en el fallo respecto a las causas de justificación de estado de necesidad y de legítimo ejercicio de un derecho, en este caso concreto, derivadas del ejercicio de la libertad de expresión. En esa línea, indicó que el juez federal correccional trató como un móvil la causa social-laboral-sindical del piquete, «es decir, un asunto que haría a la negación de la antijuricidad y, sin embargo, no lo desarrolló debidamente».
Al respecto, el dictamen cuestiona que el magistrado de primera instancia -quien invocó un fallo de la Corte Suprema de 1929 que versaba sobre el delito de sedición por la aplicación de un decreto de Carlos Tejedor- haya circunscrito el derecho constitucional a la luz de la letra del Código Penal, «a pesar de que en realidad, ello debe ser exactamente al revés: es el Código Penal el que debe ser leído a la luz de la Constitución».
En efecto, enfatizó que después de 90 años de esa sentencia, el derecho a la libertad de expresión ha recibido un desarrollo «impresionante», en tanto hace al nudo o nervio de las democracias modernas. Entre otros muchos instrumentos de jerarquía constitucional, citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su informe anual de 1994, afirmó que «los gobiernos no pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del ‘orden público’, como medio para suprimir ‘un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real’. Si esto ocurre, la restricción aplicada de esa manera no es legítima».
«Es el Código Penal el que debe ser leído a la luz de la Constitución», opinó De Luca.
Ahora bien, respecto del caso bajo análisis, el dictamen concluye que la ocupación del espacio público para peticionar a las autoridades no justificaba la habilitación del poder punitivo, ya que no sólo existen medios menos lesivos para tratar el conflicto entre los derechos en pugna -libertad de reunión y expresión/libertad de circulación- sino también porque el castigo de la protesta social es una práctica que va en sentido opuesto al normal y saludable funcionamiento de una sociedad democrática. Tal como lo expuso la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en su informe anual de 2005, «la penalización podría generar en estos casos un efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa de los sectores de la sociedad que no pueden acceder a otros canales de denuncia o petición como ser la prensa tradicional o el derecho de petición dentro de los órganos estatales donde el objeto del reclamo se origina».

Trato diferenciado
El fiscal también puntualizó que en el país se realizan numerosas manifestaciones en la vía pública, tales como festejos deportivos, «cacerolazos», conciertos, cortes de calles y rutas por los sectores patronales o incluso por grupos gremiales o políticos más poderosos, que no reciben el mismo trato que el de la presente causa, ya que en virtud del poder que detentan son llamados a negociar con las autoridades inmediatamente. Al respecto, nuevamente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH explicó que las restricciones a la libertad de expresión no deben depender «del contenido de lo que se vaya a expresar a través de la manifestación».