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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) de Santa Cruz informa a la comunidad sobre nuevos intentos de estafa, que han sido reportados en distintas localidades de la provincia, utilizando diversas metodologías delictivas.

Las modalidades detectadas incluyen llamadas telefónicas, videollamadas a través de WhatsApp, y la difusión de información falsa mediante páginas no oficiales en redes sociales.

Los estafadores se hacen pasar por personal de SPSE, utilizando nombres falsos, imágenes institucionales y técnicas de manipulación, para obtener datos personales o promover beneficios inexistentes.
Desde la empresa se enfatiza que SPSE no realiza videollamadas, no solicita datos personales por teléfono y no ofrece descuentos especiales a jubilados ni a ningún otro grupo.

Modalidades de estafa detectadas:

• Llamadas telefónicas: Se informa falsamente sobre supuestos beneficios, solicitando datos personales. SPSE aclara que no realiza este tipo de comunicaciones, ni gestiona cobros por teléfono.
• Mensajes por WhatsApp: Se envían enlaces maliciosos con apariencia de trámites oficiales. Al abrirlos, pueden comprometer la seguridad del dispositivo del usuario. SPSE no utiliza WhatsApp para enviar enlaces ni gestionar trámites.
• Videollamadas fraudulentas: El estafador realiza una videollamada en la que la pantalla aparece en negro o con un logo falso de SPSE, mientras que solo se ve a la víctima. Durante la conversación, comparten un enlace malicioso que, una vez abierto, permite el robo de datos personales y acceso a la lista de contactos. Luego, bloquean el acceso a la app de mensajería y suplantan la identidad de la víctima, para solicitar dinero a familiares o amigos.
• Perfiles falsos en redes sociales: Se detectaron páginas no oficiales de Facebook e Instagram, que publican información incorrecta o fraudulenta. SPSE recuerda que solo cuenta con perfiles oficiales, cuyas direcciones están disponibles en su sitio web: www.spse.ar.

Recomendaciones para la comunidad:

• No brindar información personal por teléfono, mensajes o enlaces.
• Evitar abrir enlaces sospechosos recibidos a través de WhatsApp o redes sociales.
• Verificar toda información a través de los canales oficiales de SPSE.
• Denunciar cualquier intento de estafa ante las autoridades o en la comisaría más cercana.

SPSE solicita a toda la población que se mantenga alerta, y tome los recaudos necesarios para prevenir este tipo de delitos.
Por consultas o dudas, los usuarios pueden comunicarse a través del sitio oficial o los canales habilitados

La suspensión de las retenciones denominadas comúnmente como «derechos de exportación para el langostino», fue una de las medidas propuestas por el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal en la reunión del Consejo Federal Pesquero, encuentro que contó con la participación del Subsecretario de Pesca de la Nación Juan Antonio López Cazorla.
Al fundamentar su propuesta el mandatario calificó la erogación de derecho de exportación como «una carga tributaria que hoy atenta y perjudica la competitividad del sector y pone en riesgo la estabilidad laboral de cientos de trabajadores»; exponiendo la situación que desde hace algún tiempo afecta a la pesquería y sobre la cual aún no se han implementado acciones concretas.
«Desde que comenzó el conflicto que paraliza una de las actividades clave para nuestra provincia estamos manteniendo reuniones constantes con todos los sectores involucrados, ya que nos ocupa de manera urgente la continuidad laboral de nuestros trabajadores», explicó Vidal tras el encuentro que se desarrolló en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y donde expuso la necesidad de alivios fiscales que contrarresten el impacto de lo que ocurre por la baja de precios y mermas en la demanda a nivel mundial.
E referencia al tiempo en el que se está prolongando esta situación que lleva varios años con una tendencia siempre negativa, el gobernador apuntó: «desde que asumimos en diciembre del 2023 venimos haciendo un gran esfuerzo en este contexto de crisis para mantener la actividad pesquera, lo hacemos porque estamos totalmente convencidos de que en Puerto Deseado no se deben volver a cometer los errores del pasado que tan caro nos costaron a la sociedad santacruceña», sintetizó tras el encuentro del CFP

Santa Cruz hace lo suyo

Teniendo en cuenta la gravedad de la crisis del langostino, y el tiempo que lleva el tema sin soluciones, Vidal insistió ante los integrantes del CFP y la autoridad nacional competente, que las medidas deben ser «concretas» e «implementadas con rapidez».
A su vez, anunció medidas en el ámbito de la jurisdicción santacruceña, algo inédito porque hasta el momento las provincias no habían anticipado ninguna medida para complementar para aliviar al sector.
«Decidimos desde el Gobierno de Santa Cruz aplicar una quita del 2,5% al valor que pagan los buques por el combustible, con lo que buscamos aliviar costos operativos y acompañar al sector en este momento difícil», anunció.
Vale recordar que ayer, el gobernador se había reunido con representantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) con quienes analizó los alcanves de este conflicto que paraliza al sector en todos los puertos del país.
En cuanto a la postura del gobierno provincial respecto a los sectores que participan de esta discusión, Vidal aclaró: «nosotros desde Santa Cruz seguimos apostando a la actividad pesquera, por lo que ya están en marcha los procesos licitatorios para la reparación de los sitios 3 y 4 de las instalaciones del puerto de Puerto Deseado, y estamos trabajando para habilitar el sector secundario del mismo, lo que permitirá mejorar las condiciones operativas y logísticas de la actividad».

En medio del conflicto por el «convenio del langostino», y mientras se espera una nueva reunión entre las cámaras y los sindicatos de la pesca, el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal se reunió este miércoles con representantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) para abordar el conflicto que paraliza al sector en todos los puertos del país. Se trata de una problemática que si bien abarca a toda la actividad de la pesquería del langostino, en Santa Cruz afecta directamente a cientos de familias.
Vale mencionar que la crisis en torno a este recurso del mar viene desde el año pasado y conjuga factores internacionales por el precio del langostino, como así también cuestiones vinculadas a la economía nacional.
Frente a esta situación, el gobernador santacruceño tiene previsto reunirse hoy con Juan Antonio López Cazorla. Subsecretario de Pesca de la Nación, quien debe entender que la pesca del langostino es esencial para la economía de Puerto Deseado y su paz social.

Trabajo y paz social

«Como gobernador, tengo un compromiso claro: nunca miro para otro lado, y menos cuando se detiene una actividad clave para nuestra economía regional. La pesca no es solo un recurso, es el sustento de miles de santacruceños», dijo Vidal al termino de la reunión con representantes del SOMU.
En cuanto a los alcances de esta reunión, el mandatario explicó: «Escuché con atención los reclamos del gremio, que pide una negociación justa, y manifesté mi profunda preocupación por la falta de respuestas concretas por parte de los organismos nacionales. No podemos permitir que este conflicto continúe aun sin solución».
En cuanto a las expectativas de la reunión que mantendrá hoy con el funcionario nacional, el gobernador dejó en claro que su prioridad es sostener a los trabajadores y la actividad.
Vale apuntar que el pasado lunes las negociaciones quedaron en stanby tras la reunión de los equipos técnicos de los sindicatos SOMU y SIMAPE, con las cámaras empresarias CAPeCA, CAPIP y CEPA, acompañados por representantes estatales, incluido la participación de López Cazorla.
En ese encuentro se analizó el costo laboral y la situación económica de la pesca del langostino congelado a bordo, buscando caminos de conciliación que permitan poner en marcha la flota en condiciones que sean viables tanto para las empresas como para los trabajadores, dijeron fuentes del encuentro.
«Desde Santa Cruz vamos a acompañar todas las gestiones que prioricen a los trabajadores y garanticen la continuidad de una actividad fundamental para el desarrollo de nuestra provincia, sintetizó Vidal respecto a la postura que llevará al encuentro con el funcionario.

Lo hizo el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Energía y Minería, junto al Ejército Argentino. Es en el marco del programa nacional del Sistema de monitoreo de recursos hídricos, que comprende 30 estaciones en todo el territorio santacruceño.

El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, junto al Ejército Argentino, continúa avanzando en la instalación de estaciones Hidrometeorológicas y Nivológicas para todas Cuencas Hidrológicas de Santa Cruz.

En la oportunidad, desde la Cartera Hídrica provincial, se informó que días atrás, se avanzó con la instalación de una nueva estación en Meseta La Torre, ubicada en cercanías de la ciudad de Río Turbio, en el suroeste santacruceño.

Esta nueva instalación, es parte del trabajo que se viene llevando adelante, que comprende un total de 30 estaciones, sumándose al mes de mayo cinco estaciones de las catorce solicitadas a la Dirección Nacional de Sistemas de Monitoreo de los Recursos Hídricos, a través de un convenio que contempló la instalación de una red de estas estaciones.

Cabe destacar que, las estaciones hidrometeorológicas y nivológicas son ubicaciones geográficas dotadas de instrumentos para medir variables ambientales, como la altura y caudal de los ríos, la precipitación, la temperatura, la humedad y la cantidad de agua en nieve.

Estas mediciones son fundamentales para la gestión de los recursos hídricos, la predicción del clima y la planificación de proyectos relacionados con el agua, tanto a nivel regional como nacional.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el miércoles la prisión preventiva en arresto domiciliario del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien está acusado en tres causas penales por extorsión y vínculos con el narcotráfico. El magistrado, recordado en por su paso por la Justicia provincial de Santa Cruz como Juez de Instrucción de Caleta Olivia, no solo enfrenta las serias acusaciones por sus posibles conexiones narco, sino que también esta atravesando un proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura de la Nación. En esta causa administrativa fue convocado para presentarse para hacer su descargo el próximo 27 de junio. Vale mencionar que Bailaque no está preso porque tiene fueros, pero los podría perder si finalmente es destituido por el Consejo de la Magistratura.
De acuerdo a la información del portal Fiscales.com.ar :el tribunal rechazó las impugnaciones planteadas por la defensa y morigeró parcialmente las medidas de coerción personal y patrimonial impuestas al titular del Juzgado Federal N°4 de esa ciudad santafesina, cuando quedó imputado de varios delitos funcionales. Se le redujo el monto del embargo económico de 1.500 a 600 millones de pesos.

Imputación

El juez Bailaque quedó imputado como autor de los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal, conductas contrarias a derecho que habría cometido como titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario.
En tanto, el 13 de mayo pasado y en una investigación conexa a uno de los tres legajos en los que está acusado el juez, también fue imputado por extorsión y tráfico de influencias el financista Fernando Elías Whpei.
Las investigaciones son impulsadas por el titular de la delegación regional de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina; el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) región NEA, Matías Scilabra; y el fiscal federal de la oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari.
De las diversas audiencias que tuvieron lugar en la investigación, que se lleva adelante bajo las reglas del sistema acusatorio establecidas en el Código Procesal Penal Federal (CPPF), también participaron el fiscal general interino con funciones de coordinación del Distrito Rosario, Javier Matías Arzubi Calvo; los fiscales titulares de la PROCUNAR, Diego Iglesias; de la PROCELAC, Diego Velasco; y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

El caso

El Juez Marcelo Bailaque es el titular del juzgado federal 4 de Rosario, uno de los encargados de investigar el crimen organizado en una de las ciudades en donde el narcotráfico tiene un impacto que ha generado altísimos indices de violencia y asesinatos de todo el país.
El magistrado tiene tres causas penales en su contra: está acusado por armar causas falsas a empresarios y extorsionarlos para que le paguen 200 mil dólares y por tener vínculos con Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes narcos más importantes de Rosario, para quien demoraba investigaciones en su contra.
En principio, una de las investigaciones es por una denuncia falsa que se presentó en la AFIP de Rosario y que luego se remitió al juzgado de Bailaque contra los empresarios Jorge Oneto y Claudio Iglesias. Un anónimo decía que lavaban plata para el grupo narco «Los Monos».
El ex titular de la AFIP de Rosario, Carlos Vaudagna, declaró como arrepentido y contó que la maniobra fue armada en el quincho del edificio donde vive Bailaque entre él, el juez y el amigo del magistrado y empresario Fernando Whpei, -ahora preso en detención domiciliaria-, que fue quien se reunió con los denunciados para decirles que él conocía al magistrado y que podía arreglar la causa si pagaban 200 mil dólares. Los empresarios pagaron 160 mil dólares.
La segunda es por maniobras dilatorias para favorecer al capo narco Alvarado y su exesposa Rosa Natalí Capuano. Concretamente, Bailaque fue acusado de demorar una orden para intervenir el teléfono de la mujer. Además, Alvarado y Bailaque compartían el mismo contador, Gabriel Mizzau. Y el hijo de Mizzau trabajó en el juzgado de Bailaque.
La última causa contra el juez es por el manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es Whpei, quien le pidió el dinero a los empresarios para cerrarles la causa que falsamente había armado Bailaque.