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Buenos Aires
El hijo del empresario Lázaro Báez llegó temprano a Comodoro Py luego de haber sido intimado por la Justicia y quedó detenido por haber transferido más de 5 millones de dólares pese a estar inhibido
Desde una cuenta bancaria abierta en febrero de 2015 en Bahamas, Martín Báez movió millones de dólares. Por ese motivo ayer quedó detenido en la causa llamada “Ruta del dinero k”, en la que se juzga el presunto lavado de 40 millones de dólares.
Para el Tribunal Oral Federal 4, Báez sustrajo parte del dinero que se podría recuperar y la única manera de evitar ese riesgo es con la detención del acusado.
Martín Báez está procesado, inhibido y embargado para hacer movimientos bancarios.
Pero el 25 de febrero de 2015 suscribió desde Buenos Aires en representación de la firma KINSKI S.A. la apertura de una cuenta en el banco CBH LDT de Bahamas.
El 20 de mayo de ese año, cerró la cuenta del Banco Safra J. Sarasin de Suiza correspondiente a la firma Foundation Kinski y transfirió 10.399.975 dólares a la cuenta en Bahamas.
De la nueva cuenta, los beneficiarios finales son Martín y sus tres hermanos, Leandro, Luciana y Melina.

Movimientos
Los movimientos siguieron: en noviembre de 2015, se abrió otra cuenta en el Banco CBH LTD de Bahamas a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limites, que detrás tiene un entramado de empresas que termina en los cuatro hijos de Lázaro Báez. Apenas un mes después, la primera cuenta fue cerrada y sus fondos transferidos a la nueva.
La apertura de cuentas y subcuentas continuó hasta que de los casi 10 millones de dólares que había, se transfirieron 5.500.000 dólares.
Todo la información llegó a la Justicia Argentina vía exhorto. El fiscal Abel Córdoba sostiene que las empresas vinculadas a las cuentas tienen relación con una de las maniobras que se analizan en el juicio: el lavado de dinero a través de bonos.
Por eso, entendió el fiscal, se podría estar sustrayendo el dinero que la Justicia busca recuperar y pidió la detención de Martín Báez. Ayer los miembros del TOF4 coincidieron y ordenaron su arresto.
“Permite inferir la capacidad de Martín Antonio Báez de abrir cuentas y/o sociedades en el extranjero y así poder transferir y/u operar con fondos que podrían resultar el provecho del delito que se investiga y del que se desconoce su destino, sin la necesidad de cruzar las fronteras de nuestro país, con lo que queda claro que las medidas cautelares adoptadas a su respecto no resultaron suficientes para contener el riesgo procesal que este escenario implica”, señalaron los jueces Adriana Palliotti, Néstor Guillermo Costabel y María López Iñíguez.
Y agregaron que: “En este contexto, cierto es que no puede soslayarse la posibilidad que, en caso de que el imputado Martín Antonio BÁEZ continúe en libertad, peligre el recupero de los bienes que fueron el producto de los ilícitos que se encuentran involucrados en el juicio oral y público que venimos desarrollando”.

Buenos Aires
El juez federal Claudio Bonadio gatilló el costado de la investigación de la causa de los “cuadernos” que asoma como una Caja de Pandora: la histórica cartelización de las empresas contratistas de obra pública.
Apenas retomada la feria que ralentizó avances significativos en la causa, repartió 101 citaciones a indagatoria que incluyen a Cristina de Kirchner y a varios de sus exfuncionarios ya procesados en el expediente, pero en mayor densidad a empresarios ligados a la construcción. La novedad no es que nuevamente hombres de negocios como el primo presidencial Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner o Aldo Roggio tengan que volver a desfilar por Comodoro Py pese a que ya están procesados por cohecho. O el financista Ernesto Clarens que había aportado una serie de nombres de firmas que supuestamente habían hecho pagos a lo largo de una década en sus oficinas.
Esos listados animaron al juez a explorar el asunto más espinoso para encarrilar la errática investigación: la confirmación de un sistema para repartirse las licitaciones podría realmente crear un cisma para el establishment empresario, con consecuencias directas para las empresas que hoy son las mismas que se disputan las PPP o las obras que todavía sobreviven en las provincias.

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La sacudida con la multitudinaria indagatoria que comenzará el 20 de febrero impactó también en los expresidentes de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediak y también Gustavo Weiss, de Eleprint. Los listados aportados por Clarens, los operativos en varias firmas con la información de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre su composición societaria y las declaraciones como arrepentidos de otros empresarios que se acogieron a ese régimen derivaron en la confección del listado de las 101 imputaciones. Cristina tendrá que volver al despacho de Bonadio el 25 de febrero, un día antes de que comience el juicio oral en su contra por el presunto direccionamiento de obra pública a favor de Lázaro Báez.
Es una de las primeras en la nómina que contempla hasta 10 declaraciones por cada jornada, lo que las convierte (por lo apresurado) en un trámite que no despierta muchas expectativas por la extensión de información que aporten. La acompañarán a la expresidenta la plana mayor del Ministerio de Planificación, encabezado por Julio De Vido y Roberto Baratta, entre otros exfuncionarios. También otros exfuncionarios de Vialidad como Nelson Perotti y Sandro Férgola, sumado a Germán Nivello, quien está apuntado como relacionado al departamento de Puerto Madero al que Clarens dijo haber llevado dinero fruto de ese sistema de recaudación.
Mario Rovella, Fabio Biancalani, Cristóbal López, Javier Sánchez Caballero y Santiago Altieri (histórico gerente relacionado a SOCMA) y a la constructora de la familia Macri son parte de los convocados. Lo mismo que miembros de la constructora JCR, de la familia Relats o Juan Perona, uno de los empresarios cuyo nombre surgió del tramo “concesiones viales” de la causa. Relacionado a ese tramo pero ahora vinculado a hechos nuevos que giran en torno del supuesto beneficio de haber pagado para obtener concesiones u obras también convocó a integrantes de distintas UTE, como Miguel Aznar, o empresarios que ya hicieron confesiones o aportaron elementos como Manuel Santos Uribelarrea, junto a Gabriel y Luis Losi, de Losi SA.
La decisión de Bonadio de avanzar por esta vía, quizás la que pueda hilvanar los demás aspectos del expediente, surgió casi en un principio, con la indagatoria a Wagner que nombró aleatoriamente una serie de empresas como cartelizadas en torno de las obras de vialidad. Sin embargo, fue Clarens el que puso nombre y apellido a una nómina extensa que prácticamente deja comprometido a todos los empresarios, contratistas y subcontratistas que no sólo han participado de licitaciones, sino que actualmente lo hacen. Esa arista arroja un horizonte alarmante entre los hombres de negocios que ya van familiarizándose con una frase utilizada mucho en el ambiente judicial. “El llamado a indagatoria de Bonadio es equivalente a un procesamiento”. La mayor parte de los implicados en la causa “cuadernos” ya lo han experimentado en carne propia. Este nuevo frente que tiene el caso podría hacer palidecer todo los revelado hasta el momento.