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Buenos Aires
El juez federal Julian Ercolini elevó ayer a juicio oral la causa Hotesur, en la que están involucrados la ex presidente Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el contador Víctor Manzanares.
El caso pasará ahora a una instancia de debate y se sorteará un tribunal para llevar adelante el futuro juicio.
Hotesur fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner, con 2 millones de dólares que el entonces ex presidente compró en los días de mayor tensión en el mercado financiero, cuando el valor se depreciaba y fugaban las divisas.
La empresa administra los hoteles de Cristina Kirchner y su familia, incluido el Alto Calafate, el hotel de lujo que utilizó Lázaro Báez para una maniobra de alquiler de habitaciones.
El empresario patagónico garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja.
La causa penal comenzó en noviembre de 2014 con una denuncia que hizo la ex diputada Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ). En esos registros figuraba que Hotesur adeudaba balances y detalles de la composición del directorio.
Según repasó ayer el juez Ercolini en su resolución, los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques “consideraron que el accionar desplegado por Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner, Florencia Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Osvaldo José Sanfelice, Adrián Esteban Berni, Víctor Alejandro Manzanares, César Gerardo Andrés, Ricardo Leandro Albornoz, Romina de los Ángeles Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Julio Enrique Mendoza y Jorge Ernesto Bringas encontraba adecuación típica en la figura de lavado de dinero previsto” en calidad de coautores.

Imputación
Puntualmente, “a Cristina Elisabet Fernández se le imputó que en el marco de la asociación ilícita que funcionó cuanto menos entre el 8/5/03 y el 14/12/16 y de la que formaba parte en calidad de jefe diseñó, ejecutó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito por medio del cual se legitimó -al menos desde el día 10/6/05 y hasta el 12/11/15- a través de la actividad hotelera desarrollada por los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por las empresas del grupo Báez, producto de la defraudación al Estado nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a favor de la acusada, Néstor, Máximo y Florencia Kirchner”.
La acusación sostuvo que “para ello, Fernández junto con estos últimos, Lázaro y Martín Báez, Sanfelice, Mercado, Pereyra Arandia, Albornoz, Gelves, Berni, Mendoza, Martín, Bringas, Andrés, Leiva, Jacobs, Manzanares, Ruiz y otras personas que aún no se individualizaron, crearon y mantuvieron una compleja estructura societaria, financiera, económica y contable en la que intervinieron con distintos roles, a los fines de poner en marcha y ejecutar el proceso de blanqueo de fondos ilícitos”.
Y así, se añadió, “la imputada y Néstor y Máximo Kirchner se hicieron del dinero líquido necesario para adquirir una cadena hotelera que serviría como medio para la canalización del dinero espurio, para lo cual, realizaron diferentes operaciones comerciales, inmobiliarias y bancarias en su mayoría con firmas vinculadas a Lázaro Báez en las que actuó en forma directa o prestando el asentimiento conyugal cuando la ley lo exigió; todo ello con la finalidad de contribuir en la formación del vehículo que permitió canalizar dinero ilegítimo en favor de la familia Kirchner”.
En tanto, la causa Los Sauces, en la que se investigan los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, e incluye a muchos de los mismos acusados, se encuentra en una etapa inicial ante el Tribunal Oral Federal 5. No se descarta que los dos casos pudieran fusionarse en un mismo debate.

Río Gallegos
Ante los sucesivos incumplimientos de la operadora, el Instituto de Energía de Santa Cruz la intimó a readecuar las declaraciones juradas de inversiones correspondientes a 2019 bajo apercibimiento de caducidad de las áreas.
Tras considerar insuficientes los planes de inversión de Sinopec la provincia los instó mediante carta documento firmada por su presidente, el Licenciado Matías Kalmus, a reverlos y ajustarlos al mejor aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos que tienen por concesión, caso contrario podrían caducarse las áreas que no cumplan con las exigencias planteadas.
En el escrito el IESC manifestó que las declaraciones juradas de inversión “respecto de las concesiones bajo vuestra titularidad, no sólo fueron presentadas fuera del plazo legal, sino que a su vez exponen compromiso de inversión nulo para el área ‘El Cordón’”.
El documento enviado por el Instituto de Energía detalla también que SINOPEC circunscribe la inversión comprometida en las áreas del bloque 127 y Cerro Overo, al abandono de un único pozo en cada una de las áreas, “todo lo cual se halla reñido con los preceptos del Artículo 31 de la Ley Nacional 17.319”.

Concesiones
El organismo de control provincial también especifica que la operadora en las concesiones Cañadón León, Cañadón Minerales, Cerro Wenceslao, Meseta Sirven y Tres Picos “solo presenta inversiones proyectadas atinentes al abandono de un pozo con ‘más otras inversiones’ cuyo alcance resulta menester determinar a los efectos de controlar el cumplimiento de las prescripciones del artículo supra referido”.
En función de todo lo expuesto el Instituto de Energía intimó a SINOPEC a readecuar las declaraciones juradas de inversiones para el presente año, “a cuyos efectos se pretende la inclusión de aquellas necesarias, que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión, debiendo asimismo acompañar apertura detallada de los montos y rubros contenidos dentro de ‘otras inversiones” para lo cual estableció un plazo perentorio e improrrogable de diez días de recibida la carta documento en los términos del Artículo 31 de la Ley 17.319, “y bajo apercibimiento de caducidad (de las áreas) en los términos de lo dispuesto en el Artículo 80 inciso C de la Ley 17.319”.
Estos incumplimientos nos preocupan y nos ocupan, tanto que días atrás la propia gobernadora, Alicia Kirchner mantuvo una reunión con el máximo referente de SINOPEC para advertirle que es imperativo el resguardo de las fuentes de trabajo santacruceñas, señalaron desde el IESC.

Cañadón Seco
El Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco en su firme compromiso de continuar asistiendo en los requerimientos de cada sector de trabajo de su comunidad realizó la entrega de equipamiento a Vialidad Provincial consistente en un equipo electrógeno marca “Gamma”.
Este aporte para el mejoramiento de la función del distrito Cañadón de vialidad provincial se suma a diferentes contribuciones que viene realizando la Comuna en educación, salud, seguridad y espacios públicos no sólo en Cañadón Seco, sino en la región, que se edifica desde una visión territorial para la integración estratégica de nuestros pueblos.
Al respecto, Jorge Soloaga manifestó su conformidad declarando “Hoy venimos a entregar este equipamiento que es vital para la tarea de todos los días, que significa compartir el pan, el pan del trabajo, del esfuerzo conjunto y la dedicación con el objetivo de atender las necesidades de nuestros vecinos”.

Gestión
En un escenario económico de incertidumbre y recesión el Jefe Comunal, calificado por llevar adelante una gestión modelo, ha generado una política tributaria clara y transparente con superávit en los últimos años que permite hacer frente a las diferentes necesidades de su comuna.
Al respecto, destacó la tarea que lleva adelante todo su equipo de trabajo “Estos aportes, ayer en educación, hoy en vialidad y mañana con inversión para la provisión de agua potable para Cañadón Seco no son una casualidad, son causalidades que tienen fundamento en el liderazgo y en un equipo de gobierno consolidado, en la determinación firme y el esfuerzo de nuestra comunidad”.
A su tiempo, anticipando un año electoral Soloaga apuntó “Vamos a tener muchos protagonistas vendedores de ilusiones y fantasías que van a venir con promesas fáciles y vacías” en tanto, mencionó que tampoco han contado con aportes del gobierno provincial “Estamos haciendo aportes millonarios con plata que no nos regala nadie. Acá no vino el gobierno nacional, ni ningún funcionario nacional y nunca estuvieron en nada para resolver los problemas de nuestra gente”.

Buenos Aires
Vinculó una supuesta operación en su contra con la denuncia por extorsión que involucra al abogado D’Alessio y al fiscal Stornelli.
La senadora Cristina Kirchner denunció este miércoles la existencia de “una trama judicial para dejar afuera a los dirigentes de la oposición en serio”, entre los que se incluyó. Así, buscó defenderse de la catarata de causas por corrupción en las que está involucrada.
Lo hizo al presentar “una cuestión de privilegio” contra la Corte Suprema en el marco de la sesión preparatoria en la que se renovaron las autoridades de la Cámara.
“Esta ex presidenta. ni siquiera tiene los derechos y las garantías que tiene cualquier ciudadano común en este país”, sostuvo la senadora. Y sostuvo que los allanamientos a sus domicilios, autorizados por el propio Senado, “fueron violatorios no sólo de lo dispuesto por este cuerpo, sino que fueron violatorios de los procedimiento para cualquier ciudadano”.
Cristina vinculó esa supuesta trama con la causa por extorsión contra el abogado Marcelo D’Alessio que lleva adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
El magistrado,, perteneciente a la agrupación K Justicia Legítima, involucró como sospechoso al fiscal del caso de los cuadernos, Carlos Stornelli, donde la ex presidenta está procesada como responsable de una asociación ilícita.
“Además de estigmatizar a dirigentes opositores, en el medio los funcionarios judiciales se dedican a hacer negocios y extorsionar a la gente”, indicó la senadora de Unidad Ciudadana.

Sistema
Agregó que “hay un sistema perverso, un manejo de los jueces como nunca he visto”. Además de sostener que “estos sistemas se arman no sólo por cuestiones económicas, sino para imponer modelos económicos y sociales de sojuzgamiento, como era en la dictadura, que además de encerrarlos por subversivos les robaban muebles y otras cosas para instaurar un modelo de despojo, de saqueo y de miseria para el pueblo argentino”.
En otro tramo, Cristina pidió explicaciones a la Corte por no actuar ante la sospecha del uso de autos de agencias de seguridad norteamericanas para las maniobras de extorsión adjudicadas a D’Alessio, que surgirían del expediente que tiene en sus manos el juez Ramos Padilla.
Indicó también que “una de las personas que ya ha declarado en la causa ha dicho que D’Alessio lo llevó en un vehículo donde estaban personas de la embajada (de EE.UU.). Entre las múltiples carpetas que se le encontró, una era referida a Etchebest (el empresario que denunció la presunta extorsión) redactada en inglés”.
Y siguió con su embestida. “Este funcionario Etchebest, que iba a ser involucrado si no pagaba la coima, ya tenía redactada en Inglés una carpeta con sus datos financieros.
¿En serio que la Embajada de EE.UU. no tuvo nada que ver? La verdad que me cuesta creerlo. Está claro que es un sistema, un entramado, se descubrió que una cosa similar pasó en un Juzgado criminal económico”.

Discurso
En otra parte de su enfático discurso, la ex presidenta buscó embarrar la cancha al atacar a la prensa. Y sostuvo: “Me llama la atención, cuando el periodista de investigación Daniel Santoro, de Clarín, publicó en la tapa que nuestra ministra de Defensa, Nilda Garré, y Máximo Kirchner, mi hijo, tenían cuentas millonarias off shore. El Departamento de Estados Unidos de Justicia tardó casi dos años en informar que esto era falso”.
Antes de la exposición de Cristina, el resto de los senadores de su bancada se turnó para fustigar al Poder Ejecutivo, vinculándolo con supuestas operaciones judiciales en su contra.

Buenos Aires
Fabián De Souza, propietario del Grupo Indalo, recusó a toda la Cámara Comercial para entender en la demanda que pretende extender los efectos de la quiebra de Oil Combustibles a su persona.
La Sala D de la Cámara Nacional en lo Comercial consideró, en primer lugar, que la recusación planteada contra los integrantes de ese tribunal era extemporánea por presentarse vencido el plazo de cinco días dispuesto en el artículo 18 del Código Procesal.
Agregó que De Souza carece de legitimación para recusar con base en decisiones previas que no lo involucraron personalmente, sino que concernieron exclusivamente a Oil Combustibles S.A..
Se indicó que el recusante no precisó el alegado “interés en el pleito” que exige la causal de recusación (artículo 17, inc. 2º, del Código Procesal).
Por todo ello, se desestimó in limine la recusación presentada contra los integrantes de la Sala D.
De Souza, además, invocó la nulidad del acuerdo de la Cámara Comercial del 15 de noviembre pasado, por medio del cual fue prorrogada la subrogancia que el juez Javier Consentino ejerce en el Juzgado N° 5 del fuero. En base a ello, se recusó a toda la “…Cámara Comercial, como cuerpo orgánico e institucional…”.

Tribunal
El tribunal señaló que no es adecuada la vía elegida para impugnar la validez del mencionado acuerdo. Se precisó que, en la misma sede administrativa de superintendencia, el citado acuerdo sólo es susceptible de impugnación por vía de avocación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, excepcionalmente, por vía de reconsideración ante la propia cámara de apelaciones. En tanto, en sede jurisdiccional, la revisión judicial del acuerdo o su nulidad, debe encauzarse por ante los tribunales inferiores que resultan competentes.
Frente a la inadmisibilidad de la vía elegida para examinar la validez del acuerdo, se consideró abstracta la recusación con causa que se planteó contra todos los integrantes de la cámara.
En cuanto a la recusación planteada contra el juez Javier Cosentino, el tribunal señaló que la parte incurrió nuevamente en una invocación genérica. Agregó que en ninguna de las causales previstas por el artículo 17 del Código Procesal, encuadra una recusación fundada en circunstancias tales como la alegada caducidad de la subrogancia del juez Cosentino o el cuestionamiento del recusante relacionado a la validez del acuerdo que prorrogó tal subrogancia.
El tribunal recordó que en su decisión del 20/9/2018 ya había declarado abusiva la conducta de la parte de hacer uso del instituto de la recusación con causa para dilatar los procedimientos, imponiendo a De Souza una multa de 50 mil pesos por recusación maliciosa.
Por ello, la reiteración de improcedentes recusaciones conlleva a adoptar, con apoyo en el principio del gradualismo, un temperamento todavía más severo, ya que no se ha logrado alcanzar la finalidad de desalentar nuevos usos abusivos del instituto de la recusación. Se impuso a De Souza una nueva multa fijada en 80 mil pesos.
El tribunal exhortó al abogado representante de De Souza a que encauce sus peticiones con rigor técnico para evitar convalidar con su intervención articulaciones que sólo tienen como claro fin dilatar el curso ordinario de los diversos procesos vinculados con el Grupo Indalo.
Advirtió al abogado que, de persistir en la conducta reprochada, podrá ser pasible de las sanciones que la legislación contempla para estos casos (artículo 29 código procesal, entre otros).