Buscan en una isla del Caribe 56 millones de dólares de Lázaro

Leonardo Fariña denunció la maniobra del empresario krichnerista.

Buenos Aires
Lo denunció el valijero Leonardo Fariña. Dijo que se hizo una transferencia fraguada a Curazao.
La Justicia busca en la isla caribeña de Curazao rastros de una operación por 56 millones de dólares que hizo el empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez para lavar dinero.
La operación fue una de las que se conoce como la Ruta del Dinero K y salió a la luz luego de que se congelara una cuenta con tres millones de dólares en las Bahamas.
Los investigadores conocieron por boca del arrepentido Leonardo Fariña el registro del movimiento de esos 56 millones de dólares que habrían sido parte de una simulación en la contabilidad de Austral Construcciones, la empresa emblema de Báez.
En 2011, Austral Construcciones -la firma que ganó durante el gobierno kirchnerista 52 contratos viales por $ 46.000 millones-, ingresó a su contabilidad U$S 56,3 millones. La explicación que dio el empresario K es que ganó en una mediación una disputa con una sociedad de Curazao por un contrato fallido que se firmó en Belice.
Para esta operación y posterior contratación se utilizó un fideicomiso uruguayo.

Finanzas
Según explicó Fariña -quien trabajó manejando las finanzas de Báez- ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), esa sociedad a la que refirió el empresario patagónico se llama “J+J Holding NV” .
En el TOF 4 se dará inicio el 30 de octubre al juicio de la Ruta del Dinero K, donde se investiga el entramado financiero que le permitió a Báez lavar al menos 60 millones de dólares entre 2010 a 2013, Lo que señaló Fariña, que fue aceptado en la causa como arrepentido, es que esa transferencia por más de U$S 56 millones “nunca existió”, y que se trató “de una clara maniobra a través de la cual Báez lavó activos ingresando fondos del exterior a los estados contables de la Argentina con apariencia de licitud”, sostuvo Fariña en un escrito presentado ante el Tribunal y al que tuvo acceso Clarín.

Causa
En este sentido, antes de la realización del juicio, y como acusado en la causa, el “valijero” de Báez pidió que se envíe un exhorto al Registro Público de Comercio de Curazao para que informe si “J+J Holding NV” estaba activa a la fecha en la que se firmó el contrato. Por otro lado, pidió que se indique si Austral Construcciones estaba inscripta como proveedor del Estado de Curazao.
Como tercera medida, se sugirió que se requiera una copia certificada de los contratos que se habrían suscripto entre la constructora acreedora del 86% de la obra pública vial que el kirchnerismo destinó a Santa Cruz, y la empresa o fideicomiso participante en dicha operación.
Al tratarse de un contrato internacional, una operación que según Báez fue fallida, el negocio debe estar apostillado y registrado en Curazao. Por ello se sugirió solicitar una copia de dicha documentación en caso de haber existido.
Una de las principales sospechas en la Justicia es que ese contrato en el Estado de Curazao “no existió y fue sólo una simulación para mover fondos ilícitos y cargarlos a la contabilidad de Austral Construcciones”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
En este sentido, una de las premisas que se tuvo en cuenta es que la firma insignia de Báez no estaba autorizada para operar fuera de Argentina. Incluso, sólo podía presentarse en licitaciones en Santa Cruz, Chubut, Santa Fe y Chaco.
El principal enojo del empresario K con Carlos Wagner -ex presidente de la Cámara de la construcción-, es que nunca le habilitó la posibilidad de acceder a obras públicas en otros distritos.
Por otro lado, la Justicia determinó en varias oportunidades que la de Austral Construcciones era una contabilidad ficticia.
Incluso, la jueza comercial María José Gigy Traynor, dijo en 2016 que no se podía otorgar el concurso de acreedores en 2016, por inconsistencias en los números declarados por la firma, dinero que no se sabe a dónde se dirige, falta de congruencia en los balances, estados contables incompletos, listados de empleados apócrifos, todas sospechas que rodean a la firma que cobró U$S 1.000 millones en sobreprecios.
La empresa fue a la quiebra recién este año. En ese momento, su único cliente era el Estado nacional y había dejado de operar en diciembre de 2015.

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