Río Gallegos
El Diputado Provincial, Daniel Gardonio, se sumó al rechazo de esta medida a la que vienen adhiriendo varios funcionarios y que dejaría, de llevarse finalmente a cabo, a estos dos hospitales emblemáticos de la Provincia en manos de quienes han sido denunciados anteriormente por casos de corrupción y saqueo de fondos públicos.
Desde sus redes personales manifestó al respecto: “con destacar lo positivo, proponer y rechazar lo negativo, entiendo, cumplimos con el mandato de nuestro pueblo, por ello manifiesto mi más enérgico repudio al traspaso del importante Centro de Salud Pública SAMIC de El Calafate a la Provincia de Santa Cruz”.
Con estas palabras el Diputado dejó ver su postura después de que se conociera la decisión del Gobierno Nacional de traspasar el centro de salud a la órbita de la Provincia de Santa Cruz.
Al respecto, trascendió que a partir del mes de septiembre, cuando finalice la intervención que el mismo Ministerio de Salud de Nación dispuso en el 2017, tanto el SAMIC de El Calafate como el Peliche de Río Gallegos, serán transferidos a la administración de la Provincia; situación que generó una incertidumbre total en la comunidad ya que no se sabe aún si seguirá el financiamiento nacional y cómo será la situación del personal que depende de las instituciones.
Gardonio alegó que en la Provincia la salud pública no funciona como debe desde hace largos años, y dejó claro que su principal causal es una pésima administración de los recursos.
“Todo ello ocasiona, entre otras cosas, una mala calidad de vida, situaciones desesperantes, éxodo de profesionales y habitantes que abandonan su lugar de residencia”, agregó.
Adoptar esta medida es para el Diputado volver atrás respecto a la excelencia que ha alcanzado la institución en este último tiempo, sobre todo el SAMIC, que tiene hoy en día una administración transparente, profesionales altamente capacitados y se posiciona como un centro de referencia a nivel regional.
Por su parte el Diputado dijo que esta medida del Gobierno Nacional “significa lisa y llanamente no escuchar el reclamo de la gente”, y agregó que como Presidente de la Unión Cívica Radical Provincial y del Bloque Unión Para Vivir Mejor someterá esta manifestación a los respectivos cuerpos para elaborar un comunicado con respaldo en ambas instituciones.

Desaciertos
En tanto, el Diputado Provincial, Alberto Lozano, opinó así luego de la decisión comunicada por autoridades del Ministerio de Salud de la Nación de traspasar a la órbita provincial el Hospital SAMIC de El Calafate y el CAPS Dr. Peliche de Río Gallegos.
Del mismo modo subrayó: “Esta medida abrupta desconcierta ya que a menos de un año de la puesta en funciones del centro sanitario en esta capital, con supervisión de la intervención del SAMIC Calafate, se dispone devolver ambos al ámbito provincial”, dijo.
Agregó que “más aún, cuando existen denuncias penales por la desaparición de equipamiento médico como desfibriladores, ecógrafos, monitores fetales, 8000 litros de leche vencida, camiones odontológicos desmantelados, la desaparición de expedientes y hasta de televisores led; todo ello constatado por la auditoría realizada por el mismo Ministerio de Salud de la Nación sobre el Centro Articulador de Política Sanitaria “Dr. Fernando Peliche”.
Recalcó seguidamente: “Estas denuncias no se han resuelto, ni deslindado las responsabilidades, por lo que entiendo ilógico reintegrar el control de dichos establecimientos justamente a los funcionarios que se encuentran investigados por faltantes de bienes que ascienden a la suma estimada de $ 7.769.592,14 (pesos siete millones setecientos sesenta y nueve mil quinientos noventa y dos con 14/100).
Esta noticia causa malestar, el rechazo en ambas comunidades y el resto de los santacruceños que ya padecen las falencias del propio sistema de salud provincial en cuanto a infraestructura, equipamiento y falta de profesionales especializados.”
Finalmente Lozano sentenció: “Arbitraremos lo necesario explicitando nuestra oposición a las autoridades nacionales, y solicitarles dejen sin efecto su decisión. En un tema tan sensible como lo es la salud pública no se puede ni se debe resolver precipitadamente. Más allá de las razones que puedan esgrimirse, el compromiso y la decisión política debe ser también que quienes hayan malversado recursos públicos, sean investigados hasta las últimas consecuencias y respondan por sus actos”, señaló.