ARG
Los trabajadores de la Justicia provincial aseguran que Alicia Kirchner no respeta la división de Poderes en Santa Cruz al echar por tierra el recompuesto sistema de enganche salarial.
El Gobierno argumenta que es “inconstitucional ante la falta de fondos”. Los judiciales reaccionaron con un paro de actividades sin asistencia a sus puestos de trabajo.
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son tres son los Poderes de la Democracia y para que el sistema funcione debe existir de manera irrevocable la división e independencia de cada uno de ellos. Así nos ensañaron en la escuela, pero “del dicho y al hecho hay mucho trecho” a diario nos alecciona la vida.
La polémica que esta vez camina por las calles de Santa Cruz de la mano de la impotencia, la incertidumbre y la vergüenza institucional, se desató el pasado fin de semana cuando se conoció la decisión unilateral del gobierno de Alicia de entrometer las narices en las cuestiones del Poder Judicial.
Si bien la semana pasada el conflicto parecía haber llegado a su fin luego del encuentro entre los trabajadores y los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), reunión en la que se firmó el acuerdo que recomponía un 10 por ciento de aumento en base a lo normado por el sistema salarial de enganche, este lunes se conoció la decisión de Alicia Kirchner que echó por tierra lo acordado.
Apartados
En pocas palabras Alicia pidió la nulidad del acuerdo y no conforme con ello recusó a los tres jueces que habían intervenido.
Se trata de los vocales del STJ Enrique Peretti y Mauricio Mariani, junto al camarista de Apelaciones, Enrique Arenillas. Por otra parte pidió recusar al vocal por la Minoría del Tribunal de Cuentas, Javier Stoessel.
Ayudada por la Fiscalía de Estado –a cargo de Fernando Tanarro- Alicia argumenta que éste vocal fue y es representante legal del Gremio Judicial, acusación que fue desmentida por el titular del Gremio, Francisco Gómez.
“Disciplinamiento”
Ayer por la tarde, en conferencia de prensa, el Gremio Judicial ‘3 de Julio’ se refirió al tema.
“Denunciamos la gravedad institucional con la que se maneja el Poder Ejecutivo. Radica en meterse en cuestiones y facultades que son propias del TSJ y eso es muy grave”, analizó Francisco Gómez.
Dijo además que “el documento se basa en hechos falaces. Altera el orden democrático en cuanto a lo que significa la división de poderes”, sentenció.
“La idea del Gobierno es ajustar a los trabajadores asalariados de la administración pública, tiene que ver con un disciplinamiento general de todos los sectores, no sólo el nuestro”, disparó.
Alicia. mide con la misma vara
La normativa que otorga el sistema salarial de enganche a los trabajadores de la Justicia de Santa Cruz con el sueldo que perciben los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supedita la aplicación de ese régimen salarial a que exista presupuesto para sostenerla. Subraya que la falta de financiamiento la convierte en una acción inconstitucional y nula. Frente a este argumento, válido dado que se basa en la ley vigente, se ubica el aumento de sueldo que la gobernadora Alicia Kirchner se aplicó en febrero pasado, cuando el estado de las arcas provinciales era el mismo que en la actualidad.
En esa oportunidad la primer mandataria de Santa Cruz ajustó además, y hacia arriba, los salarios de su Gabinete; medida retroactiva a enero de este año. Esta decisión, parecida a una burla, no hace más que contar plata frente a los pobres. Al parecer la Gobernadora mide con distintas varas el caudal de las arcas provinciales. Además se entromete en cuestiones propias del Poder Judicial. Gráfica y literalmente impulsa y aplica una ley que es rigurosa para con los trabajadores pero no así para con ella y sus funcionarios, situación que la convierte en injusta.