Río Gallegos
La falta de esta información hace que cientos de vecinos de la provincia no puedan acceder a beneficios y planes Nacionales.
La Diputada Nacional, Roxana Reyes, pidió a la justicia que proceda de inmediato para exigirle a la Provincia que cumpla con las actualizaciones de la información correspondiente a empleados públicos que deben enviarle al ANSES mensualmente del primer al quinto día de cada mes.
Reyes realizó una presentación al Dr. Domingo Fernández, Defensor del Tribunal Superior de Justicia, pidiéndole que interceda para que se de cumplimiento al Decreto 1602/09 que establece el envío al ANSES de información referida a altas y bajas que se produzcan en la administración pública para poder realizar los controles correspondientes en cuanto a las ayudas económicas que actualmente se realizan a los sectores sociales más postergados.
Beneficarios
“Es de mucha importancia contar con esta información al día para que los beneficiarios puedan acceder a los programas que por derecho le corresponden teniendo en cuenta, además, que se trata de una ayuda destinada a los sectores de mayor vulnerabilidad”, indicó la Diputada.
Destacó, además, que al no estar brindando la información de los trabajadores de la Provincia al ANSES, no sólo se perjudica directamente a los beneficiarios quienes se ven privados de poder acceder a determinadas ayudas económicas, sino que también se incurre en una irregularidad porque hay beneficiarios que no deberían estar cobrando y aún perciben ese ingreso.
Cabe destacar que, previamente, la Legisladora había elevado una nota a la Ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Paola Vessvessian, solicitándole la misma información sin ninguna respuesta.
En dicha nota, la Diputada destacó que “existen personas que aún figuran como activas en la administración pública provincial y que por no contar con la información actualizada no pueden acceder a los beneficios de la Asignación Universal por Hijo o por Discapacidad”.
Reyes finalizó diciendo que “se trata de una ayuda que se le brinda a los sectores sociales más postergados y que esta situación por la cual la provincia no responde podría configurar el delito de incumplimiento de los deberes como Funcionarios Públicos”.