La diputada nacional, Roxana Reyes impulsó el pedido de informe para conocer cuántas vacunas que debían ser destinadas al personal de salud fueron “robadas” en Santa Cruz.
El escándalo suscitado por funcionarios del oficialismo, no solo en Piedrabuena, sino también en Gobernador Gregores y Río Turbio provocó que diferentes entidades, políticos de la oposición y hasta los mismos vecinos de las localidades exijan respuestas y la renuncia de cada uno de los protagonistas.

Reyes - EHOSA

Roxana Reyes, diputada nacional por Santa Cruz.-

Reyes indicó que “luego de conocerse públicamente que el Intendente de Piedra Buena Federico Bodlovic, su esposa y su chófer habían recibido las vacunas que debían ser destinadas al personal de salud de la localidad”, se envió un pedido de informe detallado al Ministerio de Salud de la Nación para que explique cómo funciona el Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino.
“Es imprescindible que los responsables institucionales de cada localidad den explicaciones, como así también que el Ministerio de Salud informe cómo funciona el sistema SISA, cuál es la autoridad responsable de la carga en cada jurisdicción provincial, si se están auditando la cantidad de vacunas enviadas a cada provincia y cómo es el programa estratégico de vacunación de cada provincia”.
De esta forma, la legisladora menciona en un comunicado que es importante destacar que según los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) por lo menos diez personas que no se consideran entre los esenciales fueron vacunados: además del diputado nacional Juan Vásquez, un diputado provincial, su esposa, dos intendentes, una jueza de paz, un concejal, un comisario de la policía provincial y funcionarios municipales de menor rango, todos militantes o por lo menos de buena llegada con el poder político local.
“Entendiendo que es un deber del Estado garantizar en primer lugar la vacunación de la persona esencial en todo el territorio, buscamos explicaciones en relación con los recientes registros del sistema SISA para evitar nuevos robos de vacunas de gente que cree que por tener un cargo político puede quitarle la vacuna a las personas de su comunidad que hace más de un año batallan contra el virus arriesgando su vida todos los días”, concluyó.