Pasaron casi tres años, y más de cien testigos, y finalmente llegó el veredicto condenatorio para el empresario K, Lázaro Báez.
Ayer el Tribunal Oral Federal 4 (jueces: Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti) condenaron al “amigo” de Néstor y Cristina Kirchner a 12 años de cárcel por el delito de “lavado de dinero” (aproximadamente unos 55 millones de dólares), en un fallo que incluyó a Martín Báez (9 años de condena), al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin, que recibieron ocho años de cárcel.
Las audiencias del caso denominado “Ruta del dinero K” comenzaron el 30 de octubre de 2018 y en la causa que tenía como principal acusado a Lázaro, había otros 25 imputados, entre ellos los hijos del empresario.
Cuando se inició el juicio, que tuvo un gran impacto político y mediático, una investigación periodística de Jorge Lanata – desde su programa Periodismo Para Todos – puso foco en Santa Cruz, y sobre todo en la “conexión” entre los negocios de Báez y la familia Kirchner.

Este es un dato de relevancia, ya que durante el alegato del fiscal Abel Córdoba se mencionó las maniobras de “defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos”.
Claramente, si durante el juicio quedó acreditado que el dinero que manejaba Báez venía de la obra pública -sobre todo de la que no se realizaba en Santa Cruz – la complican seriamente a la actual vicepresidente, Cristina Kirchner.

Detalles

Báez siguió el juicio desde la casa donde cumple “prisión domiciliaria”, un domicilio que se mantiene en secreto por “seguridad”.
Otro de los actores relevantes de la trama judicial, fue Leonardo Fariña, aquel financista de la frase “querían ficción y les di ficción”; quien luego se arrepintió y reveló que todo lo que le dijo al periodista Lanata, era cierto.
En su caso el Tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido, pero la pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador.
Vale mencionar que la Fiscalía había pedido 12 años de cárcel y una multa de $2.121 millones para el Lárazo; en tanto que las querellas – que representan al Ejecutivo – habían solicitado 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.

Defensa

La defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”. Así, durante el alegato, los abogados del empresario insistieron en que “la causa tiene un objetivo político”.
La defensa también intentó desacreditar el testimonio de Fariña, pero tanto el fiscal y como las tres querellas dieron por tierra con este planteo.
“La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo el fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido, señalaron.

Proceso

Si bien se esperaba que el proceso judicial se extendiera poco más de un año, Pandemia mediante se interrumpió varios meses, período en el cual se tejieron todo tipo de especulaciones, sobre todo al estar en el “poder” un “gobierno K”.
Finalmente, el debate se retomó el 21 de julio del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).
Vale mencionar que las investigaciones concretas, más allá de las periodísticas, comenzaron en abril de 2013, encausadas por el entonces juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán. Por la lentitud que se observaba en la “instrucción” de la causa, Casanello fue apodado “tortuga”, y crecieron todo tipo de especulaciones, como allanamientos “avisados”, desaparición de pruebas y hasta testigos “plantados” para confundir.
Sobre las operaciones de lavado, quedó acreditado que incluía “una red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner”, aseveró Infobae en el análisis de la causa.