El gremio de los docentes, en plenario de Secretarios Generales de todas las filiales de la Provincia determinó mantenerse en alerta y movilización en primera instancia por la falta de convocatoria por parte del Gobierno para debatir sobre una mejora salarial, pero también por otras cuestiones como la falta de información por parte del CPE sobe el retorno a las aulas prevista para luego de las vacaciones de invierno.
En un encuentro que se extendió por varias horas, durante las cuales cada uno de los Secretarios Generales de las distintas filiales de ADOSAC, contó sobre la realidad del sector; se determinó por unanimidad a última hora de la tarde, declararse en estado de alerta y movilización. También se denunció, cuestión que quedó establecida en el informe final del plenario, a la Presidenta del Consejo Provincial de Educación Prof. Cecilia Velázquez por determinar un cerrojo y así coartar la libertad de expresión para los directivos de los establecimientos educativos.
El documento que lleva la firma virtual de todos los asistentes al Plenario de Secretarios Generales establece como primera medida que la decisión de declararse en estado de alerta y movilización es por la negativa del Gobierno Provincial a convocar al sector para paritarias para debatir una recomposición salarial para la segunda mitad del año; en dicho informe también califican como improvisado el retorno a las aulas en las distintas localidades de la Provincia en razón de protocolos, burbujas y estado de los establecimientos educativos.
Todas las filiales presentes coincidieron al plantear que es necesario que el Gobierno Provincial a través del Consejo de Educación determine mejoras laborales para los docentes; denunciaron en el plenario que están siendo sometidos a sobrecargas, y exigencias que no son atendidas de manera económica por parte del Gobierno. Consideran que el estado se debe hacer cargo de los gastos que les demanda la virtualidad.
Como último punto en el documento, hacen mención a que rechazan de plano el intento de sometimiento del Gobierno Provincial con una multa de 12 millones de pesos “por luchar”. Esta medida se dispuso debido a la negativa del gremio a acatar la conciliación obligatoria en el conflicto que se desarrolló durante el 2017.
