La película sobre el amanecer de la democracia, se convirtió en un acontecimiento sociológico masivo. ¿A qué aplaudimos y a qué lloramos al ver la película de Santiago Mitre?
“Argentina, 1985” es la película presentada por Argentina para competir por los Oscars. – Foto: captura de video
Hablemos de casualidades. A menos de dos días de que una pareja de neonazis gatillara a centímetros de la vicepresidenta en televisión abierta, Santiago Mitre estrenó “Argentina, 1985”, una película sobre el mito fundante de nuestra democracia que recibió el premio de los críticos, de los católicos y una ovación del público del Festival de Venecia cronometrado en nueve minutos.
Pero el fervor global no tardó en volverse local. En las últimas dos semanas, mientras Javier Milei y el hijo del genocida Antonio Bussi hacían poguear a una plaza colmada de jóvenes tucumanos, los cines argentinos limpiaron sus telarañas para recibir a las multitudes que fueron a vitorear el film de Mitre. Vivimos un clima pesado, donde el aire ya no se respira pero se toca. Y en ese contexto, la película que recrea el juicio a las Juntas Militares ha cometido un acto tan legendario como anacrónico: convirtió al cine en un acontecimiento sociológico de alcance masivo, cuyas implicancias seguramente sean más complejas que el pensamiento consolador según el cual la democracia argentina (y su cine) están en orden.
Parte de aquella explosión masiva fue engendrada desde el mismo molde en el que surge la película. Heredera del cine de época, de los dramas legales y del thriller político, “Argentina, 1985” narra el amanecer democrático a través de una serie de riffs y motivos codificados por Hollywood; una filiación poco accidental, considerando que se trata de la maquinaria que mejor supo procesar y mitificar la Historia de su país en el siglo XX, tanto para propios como ajenos.
Así, Mitre se mueve con comodidad y eficacia. Construye rápidamente una épica que nos hace sentir al filo de un abismo (“el caso más importante desde los juicios de Nuremberg”, dice Darín) y describe todo lo que allí se pone en juego (empezando por las recurrentes escenas de amenazas, donde el protagonista es bombardeado a llamadas que prometen acabar con su vida y la de su familia). A cada momento grandilocuente, cuyo peso es el del plomo, le corresponde su reverso, que es del humor con la ligereza de un Valium. El retrato de los abogados que investigan el caso cumple justamente esa función: suaviza el tono con gags cómicos alrededor de ese grupo disfuncional conformado por un fiscal apagado, el hijo optimista de una familia de milicos y una comitiva de jóvenes que apenas tiene edad para votar. Todos estos elementos (épica, suspenso, humor) forman parte del ritual de seducción que Mitre ha estudiado y memorizado para vincularse con su audiencia.
De ahí resulta la sensación de inmediatez, que es un arma de doble filo. Está el borde que le permite a la película abrirse paso y está el borde que la hace sangrar con su propio ritmo impaciente y atolondrado. La estética videoclipera que permea varios pasajes es prueba de ello: en las escenas del juicio, el montaje es expeditivo y recorta el testimonio de las víctimas como si se tratara de un asunto burocrático. No hay desarrollo exhaustivo ni tampoco un tiempo dedicado a atender la singularidad de los relatos, sino una lógica acumulativa. Lo que importa es que cada pieza subraye el sadismo de los milicos, que es la carta que el film saca de la manga una y otra vez, hasta doblarle las puntas cuando llega el grito de “Nunca Más” en el cierre.
Mitre confunde la ansiedad contemporánea con la pereza narrativa, y la efectividad con el efectismo. Pero esta decisión formal no solo da cuenta de las limitaciones estéticas de la película, sino también de las políticas (acá, como siempre, forma y contenido no pueden cortarse a cuchillo). La versión mitrista del Juicio a las Juntas observa los crímenes de la dictadura estrictamente como un problema moral: es la violencia desbordada de los milicos la que los vuelve repudiables. Por perversos, por inhumanos, por injustos. Todo eso es tan veraz como insuficiente, porque la Historia que Mitre entiende apenas como una perversión de los afectos, casi animal, fue además un plan organizado (¡racional!). Hubo una violencia sistemática, comandada por un sector social que doblegó la estructura económica del país según sus intereses. La política entonces se vuelve una elipsis, y lo que queda es “Argentina, 1985”.
Esa lámina moral que recubre y ahoga la Historia también se completa con la simpleza de la estructura dramática. La manera en que Mitre se aferra al modelo hollywoodense del héroe individual hace que la película sobredimensione la figura del fiscal Strassera. Por eso no es casual que las escenas más logradas transcurran entre las paredes del templo familiar, donde se observan los tejidos amorosos que unen al protagonista con su esposa y sus hijos. Allí pesan los remordimientos (de lo que el fiscal no pudo hacer durante la dictadura, de lo que está en riesgo ahora); toda una serie de fibras emocionales que insisten en personalizar un proceso histórico que fue colectivo (y que la película apenas relega a momentos residuales, en los cuales las Madres son un simpático decorado).
Entonces, la contradicción: ¿usó Mitre los dispositivos narrativos de Hollywood para dialogar con los hechos históricos o, por el contrario, convirtió el Juicio a las Juntas en una anécdota intercambiable pero adaptable a esta aceitada ingeniería? Así y todo, con la profundidad de la orilla, la película que reivindica la consigna del “Nunca Más” se convirtió en un fenómeno que corta entradas más allá de las fronteras generacionales: llega a quienes vivieron en carne propia la dictadura, a quienes escuchamos su experiencia, y a quienes recibieron el relato mediado, en tercera persona.
Que las funciones se hayan vuelto un acto público, donde los asistentes aplauden la escena del alegato, sugiere la irrupción de un hecho performático: la memoria se reactualiza en las salas oscuras, una contraofensiva melancólica que recuerda otro tiempo. No solo el del trauma de la dictadura, sino el de una Argentina que se unió para resguardar la democracia. Hoy, cuando los defensores de genocidas se sientan en el Congreso, cuando los salarios se pulverizan bajo la misma estructura económica de la dictadura, cuando la sangre no se ve pero se huele, el recuerdo de “Argentina, 1985” es una evocación fantasmal. En el aire, flota una pregunta inquietante: si el retrato derretido de Mitre no hubiera devorado la política, ¿estaríamos todos aplaudiendo cuando se prenden las luces?
Fuente: Clarin
La película Argentina 1985, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, reflotó en la memoria colectiva un momento histórico vivido en el país apenas regresó la democracia, con elJuicio a las Juntas Militares que fueron responsables del gobierno de facto que se impuso por la fuerza entre 1976 y 1983.
Se trató de un proceso complejo y por diversos factores. El peso de quienes estaban en el banquillo de los acusados, la fragilidad que aún tenía la joven democracia recuperada el 10 de diciembre de 1983 y la relevancia que tuvo en los años posteriores por tanto este juicio provocó un punto de inflexión en la vida política del país.
Fueron 232 días los que duró el juicio, los transcurridos entre el 22 de abril y el 9 de diciembre de aquel año. Es lo sucedido en ese lapso el nudo de la película Argentina 1985, producida por Axel Kuschevatzky y dirigida por Santiago Mitre, que recogió múltiples elogios y premios en su proyección en festivales europeos y fue elegida para representar a la Argentina en los próximos Premios Oscar.
Ricardo Darín y Peter Lanzani, protagonistas de la película Argentina 1985 (EFE/ A Contracorriente Films)
Para entender lo sucedido con el Juicio a las Juntas Militares, se requiere de una serie de claves que permiten entender el contexto en el que se desarrolló.
Juicio a las Juntas Militares: el contexto histórico
El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado cívico-militar derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón, quien había quedado como Presidenta después de la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón, el 1° de julio de 1974. Asumió en ese momento el control del país la Junta Militar, que estaba representada por las tres fuerzas: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.
Desde entonces comenzó el llamadoProceso de Reorganización Nacional, que tuvo cuatro presidentes de facto: Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reinaldo Benito Bignone. El gobierno militar llevó adelante una estrategia represiva contra células terroristas y militantes identificados con el peronismo y la izquierda, con secuestros, torturas, desapariciones forzadas de personas y asesinatos.
Después de la Guerra Malvinas, en 1982, el gobierno militar quedó debilitado a punto tal que Bignone llamó a elecciones al año siguiente, las que se celebraron el 30 de octubre de 1983. El triunfo quedó para la fórmula de la Unión Cívica Radical (UCR), encabezada por la fórmula Raúl Alfonsín-Víctor Martínez, quienes asumieron el 10 de diciembre.
Quiénes fueron llevados a juicio
Apenas cinco días después de haber asumido, Raúl Alfonsín firmó el decreto 158/83, que ordenó someter a juicio sumario a nueve militares de las tres armas que integraron las Juntas: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini,Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya. El expediente tramitó por la desde entonces emblemática “Causa 13/84”.
Ese mismo 15 de diciembre de 1983,Alfonsín estableció la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Su objetivo fue investigar las violaciones a los derechos humanos durante el período del terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980, llevadas a cabo por la dictadura militar denominada Proceso de Reorganización Nacional.
Lambruschini, Videla , Massera y Grafigna durante el Juicio a las Juntas Militares.
La comisión estuvo conformada por un presidente, el escritor Ernesto Sabato, 5 secretarios y otros 12 miembros, quienes durante 280 días recorrieron el país buscando testimonios de sobrevivientes, de familiares y también de los represores respecto a los lugares utilizados como centros de detención.
El 20 de septiembre de 1984, Sábato le entregó al presidente Alfonsín el informe que incluía las pruebas y un inventario respecto de los 340 centros clandestinos de detención, testimonios de sobrevivientes, registros policiales y de las morgues, datos de los procedimientos utilizados para sacar información a los detenidos -entre otras cosas- a lo largo de más de 7000 archivos en 50.000 páginas, junto con una lista parcial de las personas desaparecidas que luego sirvieron de base para el histórico Juicio a las Juntas de 1985.
Por qué se trató de un juicio inédito
Que un tribunal civil juzgara crímenes cometidos por militares le dio al proceso el cariz de inédito. Pero en el medio hubo divergencias y un camino sinuoso para llegar a dicha conclusión. El decreto firmado por Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 ordenaba someter a juicio a los integrantes de la Junta Militar ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, sin intervención de tribunales civiles. Indicó que el enjuiciamiento referiría a “los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos”.
Los jueces de la Cámara Porteña durante el Juicio a las Juntas,
Pero en febrero de 1984, el jefe de Estado promulgó una reforma del Código de Justicia Militar que había aprobado el Congreso semanas atrás y la Cámara Federal porteña, un tribunal civil, le dio 180 días a la Justicia militar para que investigara la existencia de un método de violación de los derechos humanos.
En septiembre de ese mismo año, el Consejo Supremo de las FFAA emitió un informe en el que hizo “constar que, según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables”.
Los fiscales Luis Moreno Ocampo y Julio César Strassera.
La reforma del Código de Justicia Militar aprobada ese año habilitaba a la Justicia civil a “asumir el conocimiento del proceso” en caso de advertir una “demora injustificada o negligencia en la tramitación del juicio”. Esta fue la decisión que tomó la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires el 4 de octubre de 1984.
Los protagonistas del Juicio a las Juntas
Los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio, miembros de la Cámara Federal porteña, integraron el tribunal que llevó adelante el juicio contra los jerarcas de las Juntas Militares. Mientras que los encargados de desarrollar la acusación fueron los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo.
Leon Arslanián y Julio Srassera, años después al reencontrarse.
El juicio se inició el 22 de abril de 1985 y las audiencias se prolongaron hasta agosto de ese año. Declararon 839 testigos en unas 530 horas de audiencias. La primera víctima en dar testimonio fue Adriana Calvo, unas de las fundadoras de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Para muchos, el juicio empezó con su declaración. “Tenía que ser la voz de nuestros compañeros desaparecidos”, recordó años después.
Los fiscales utilizaron como base probatoria el informe reflejado en el “Nunca Más”. De hecho, esas dos palabras fueron las que utilizó Strassera en el cierre de su alegato. «Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más«.
Patricia Derian durante su declaración en el Juicio a las Juntas Militares.
La Cámara Federal dictó sentencia el 9 de diciembre de 1985. Sólo fueron condenados Jorge Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua; Orlando Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; Roberto Viola a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión. Fueron absueltos Omar Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya.
La sentencia fue leída por Arslanián, el presidente de la Cámara Federal, y se transmitió por Cadena Nacional, un cambio en la dinámica del juicio que hasta entonces no había sido transmitido por radio ni por televisión. El fallo fue confirmado en 1986 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Raúl Alfonsín, en un mensaje al país por el Juicio a las Juntas.
Entre los delitos por los que recibieron condena los cinco militares hallados culpables en el juicio, se encontraban “homicidio agravado por alevosía”, “privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias”, “tormentos” y “tormentos seguidos de muerte”.
Qué pasó con los condenados
Una vez confirmadas las condenas, el gobierno de Raúl Alfonsín sufrió dos alzamientos militares, ante la posibilidad de que se abrieran nuevas instancias judiciales contra militares de rangos menores que habían tenido intervención en la dictadura. En ese contexto de presiones se sancionaron dos leyes que apuntaban a evitar el surgimiento de nuevos procesos judiciales: las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron conocidas como las “leyes de impunidad”.
A ello se le sumó el indulto establecido el 29 de diciembre de 1990 por el entonces presidente Carlos Menem, a través del decreto 2741/90, que benefició con el perdón presidencial a los cinco condenados: Jorge Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini.
El dictador Jorge Rafael Videla, en una imagen de 2012
Pero en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se inició un proceso de cuestionamiento judicial de la constitucionalidad de los indultos que finalizó en 2010 con un fallo de la Corte Suprema de Justicia., Entonces se confimaron las nulidades de los mismos decididas por los tribunales inferiores y ordenando que los condenados en el Juicio a las Juntas cumplieran las condenas que se les habían impuesto.
Agradecida del saludo a los argentinos en Austria