Un grupo de letrados particulares que ejercen su profesión en localidades de la zona norte de Santa Cruz, emitieron una declaración por la cual ponen de manifiesto la necesidad de conformar un “Observatorio de Resoluciones y Sentencias Judiciales” en el marco de los procesos penales.
Señalan que esta iniciativa está motivada por la extrema preocupación que existe sobre el tratamiento de causas por las que se investigan presuntas comisiones de delitos, ya que muchas de ellas derivan en altísimas condenas contra los imputados sin que hayan pruebas firmes y suficientes para ello.
En este contexto, los abogados dejan en claro que “no es que avalemos la impunidad de cualquier hecho de extrema gravedad, sino que consideramos y exigimos al Poder Judicial de Santa Cruz que los procesos se desarrollen respetando las garantías de las personas tal como lo establece y garantiza nuestra Constitución Nacional, entre otros derechos: el debido proceso”.
Resaltan además que es imperioso que los jueces solo dicten condenas “cuando exista certeza sobre la acusación” y no como viene sucediendo en muchísimos casos sobre los cuales predominan serias dudas en las imputaciones.
Es más, les consta que “la mayoría de las resoluciones y sentencias, están forzadas y alejadas de la lógica y el sentido común”.
Por si esto fuera poco, consideran que “muchos magistrados no están ni han podido superar la presión pública y de organismos inconstitucionales de contralor, estando temerosos a cualquier sanción o represalia frente a sentencias que no puedan ser de su agrado”.
Es por ello que decidieron agruparse “para ejercer nuestro control con el afán de garantizar los derechos constitucionales de cualquier imputado/a por un delito y efectuar todas las denuncias penales que correspondan por delitos de acción pública, frente a la pasividad de Funcionarios Públicos que hacen oídos sordos incumplimiento mandas legales”.
Asimismo, anticiparon que exigirán “una urgente reforma del Código Procesal Penal ya que es inadmisible e inconstitucional las posiciones acusadoras que asumen los Jueces de Santa Cruz siendo que tal función solo corresponde a los fiscales como se ha sostenido jurisprudencialmente por nuestra Corte Suprema”.
En esa misma línea, repudiaron “las expresiones de algunos Magistrados que intentan denostar nuestro trabajo profesional con alegaciones impropias, atribuyéndonos acciones o actitudes irreales y carentes de apoyatura fáctica y jurídica”.
Eso no es todo ya que también denuncian públicamente que hay Magistrados que “frente a cualquier expresión utilizada en el marco del derecho de defensa del imputado, promueven sumarios o llamados de atención sin advertir lo que significa el altísimo honor de defender los derechos de cualquier ciudadano/a”.
Correlativamente, alertan que “todas las personas de nuestras comunidades están en riesgo, sin importar si se ha cometido un delito o no”.

Deja también explícito que el rol de los medios informativos influye en la propagación de un escrache “que puede conducir a una condena social anticipada, antes de que un tribunal de Justicia pueda emitir un veredicto”.
De manera particular se observa que “esta tendencia es particularmente dañina cuando se dirige a hombres acusados de abuso o violación, frecuentemente presentados como culpables antes de un veredicto oficial”.
Sostiene también que todo contribuye distorsionar la verdad ya que el sesgo (direccionamiento) de la narrativa hace que generalmente se represente a los hombres como agresores y a las mujeres como víctimas.
“Pese a la gravedad de la problemática –puntualiza-, existen numerosos casos en los que, aún después de demostrar que las denuncias eran falsas, las denunciantes no reciben condena alguna” por lo cual esta situación “plantea importantes cuestiones sobre la equidad y la justicia en estos casos”.
En consecuencia, considera que la Ley que propone “podría funcionar como un catalizador para programas de educación que sensibilicen sobre las consecuencias de las falsas denuncias” y tipificarlas como delito