El gremio de Judiciales de Santa Cruz generó uno hecho sumamente relevante, en medio de la transición del gobierno de Alicia Kirchner, hasta la toma del poder de electo Claudio Vidal.
Fue este jueves cuando los representantes gremiales de los trabajadores judiciales presentaron una nota ante el Tribunal de Cuentas, para que se investigue y se conozca toda la información respecto a los ingresos “discrecionales” que se dieron en el sistema en los últimos dos años.
La nota, dada a conocer requiere puntualmente “la realización de una auditoria en el Tribunal Superior de Justicia, para determinar los ingresos de personal producidos en los últimos dos años y que se produzcan en lo sucesivo, su carácter, y su adecuación a la normativa vigente”. En el contexto de la auditoria, los Judiciales también reclaman que “se examine la legalidad de tales designaciones”. Este punto no es menor, dado el manto de sospechas y arbitrariedades con las que el gobierno saliente ( en desbande) siempre manejo el Poder Judicial, en muchos casos rozando la ilegalidad. Solo habría que mencionar la designación de Fernando Basanta en el TSJ, que fue un escándalo dado que el ex funcionario de Alicia ni siquiera contaba con matrícula profesional en Santa Cruz, además de quebrantar con su nombramiento todo lo que expresa la Constitución provincial en la materia.
Pero el gremio de los Judiciales va mucho mas profundo aún, ya que pide que “se examine la responsabilidad patrimonial que se le endilgaría a los funcionarios que autorizaron y/o impulsaron tales ingresos ilegales”.
Fuera de la ley
La discrecionalidad con la que el gobierno de Alicia Kirchner manejó siempre al Poder Judicial -algo que no es nuevo, ya que desde la llegada del Kichnerismo al “poder” hace 32 años fue moneda corriente – dejó un sistema “cooptado” políticamente y prácticamente desbordado de “amigos y familiares”, haciendo del sistema de justicia provincial una herramienta invalida para cumplir con su función. En tal sentido, el gremio alerta que a la fecha los ingresos siguen siendo discrecionales, arbitrarios, unilaterales, y antirreglamentarios.
En declaraciones a medios de la capital provincial, los Judiciales mencionaron que desde hace por lo menos un año atrás vienen denunciando ésta situación “que llevan adelante las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia que incumple Reglamento de Ingreso de Personal administrativo del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, el que establece la realización de un concurso público, abierto y democrático”.
Otro dato que aporto el gremio es que desde el 2020, se dejó sin efecto el “orden de mérito generado en el último concurso”, pese a que “todavía el listado no se encontraba agotado y no se había llamado a nuevo concurso; y que incluso pidió al TSJ que activen los trámites para los postulantes que rindieron en 2014 y 2015, aunque tampoco hubo respuestas”.
Pese a que esto fue observado y denunciado por el sindicato, ninguna de estas cuestiones fueron investigadas y no hubo respuestas a las quejas y señalamientos.
Es mas, en la actualidad, a pocos meses de tener que entregar el gobierno, Alicia y el TSJ continúan “manejando” el sistema de tal modo que ya se lo podría definir como un aguantadero en donde preservar una cuota de “poder”.