El Decreto 735/23 que había sido firmado por el expresidente Alberto Fernández para que el Estado cubriera los costos de su custodia fuera del país, ha sido derogado. El decreto había sido firmado a horas de finalizar su mandato y había intentado cubrir los cuidados suyos y de su familia de por vida. La medida ha sido celebrada por muchos como un paso hacia la eliminación de los privilegios de la clase política. La derogación del decreto es un recordatorio importante de que los funcionarios públicos deben ser responsables de sus propios gastos y no deben depender del Estado para su seguridad personal.