Caleta Olivia
Alicia Kirchner permaneció nueve horas “atrincherada” en la sede de gobierno provincial en una madrugada cargada de tensión.
La gobernadora santacruceña había convocado a una conferencia a la que estaban invitados solo algunos medios, con el propósito de dar un discurso sobre la situación en la provincia, pero mientras se desarrollaba gran cantidad de vecinos concurrieron a la gobernación para protestar.
La protesta se había iniciado con la concentración de un grupo de padres que reclamaban por la situación de los docentes de la provincia, a quienes se fueron sumando distintos manifestantes.
La gobernadora, con signos visibles de cansancio, salió de la gobernación exactamente a las 3.55 de la madrugada, custodiada y acompañada por la secretaria legal y técnica de la gobernación, Matilde Morales, la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Paola Vessvessian; por el secretario general de la Gobernación, Claudio Martínez; y por el secretario de Seguridad, Lisandro De la Torre, entre otros funcionarios.
Un detalle es que la policía provincial siguió los acontecimientos con personal de civil, pero no hubo uniformados en toda la zona hasta el momento en que la mayoría de quienes protestaban se retiraron, y se presentó la infantería.
Ayer por la mañana, los edificios públicos del ministerio de Economía, el Tribunal Superior de Justicia y la Caja de Previsión Social continuaban ocupados por empleados estatales y jubilados.
Vale recordar que los manifestantes reclaman el pago completo del mes de febrero y conocer la fecha de pago del mes de marzo, entre otras necesidades.
Mas fondos
Durante la conferencia, la gobernadora le pidió al ministro Rogelio Frigerio renegociar la deuda de 70 millones de pesos mensuales productos de unos créditos adquiridos por la gestión anterior.
“No se puede afrontar”, enfatizó Kirchner y aseguró que en la Casa Rosada le aseguraron que se podrá “renegociar una parte, esto implicaba que de estos 70 millones que comenzaron a descontar los iban a devolver”. El martes se firmaron los convenios respectivos y “se suponía que el miércoles me iban a devolver los 210 millones y ya no me descontarían más por un año, pero ese dinero aún no ingresó a las cuentas provinciales”. Así remarcó que con ese dinero “podíamos comenzar a pagarle a nuestros jubilados” y que no tiene una explicación acerca de la demora generada.
La síntesis es que Kirchner reiteró que la provincia está “quebrada” y que necesita una refinanciación de la deuda provincial por parte del gobierno nacional para hacer frente al pago de los sueldos.
Defensa K
En este contexto conflictivo, el kirchnerismo denunció los hechos que afectaron a la mandataria como “ilícitos”, ya que se trata de “agresiones personales y escraches” que “atentan contra la democracia” y con los que “hay que terminar”.
Ayer el diputado nacional Mauricio Gómez Bull (FpV – Santa Cruz) aseguró, en declaraciones radiales, que “estuvo todo armado” y apuntó contra dirigentes opositores de la provincia que “es claro que están detrás”, dijo.
“Me pareció que lo dicho por la gobernadora en conferencia no fue tan grave para que no la dejen salir y con el correr de los minutos nos dimos cuenta de que fue todo armado”, aseveró.
El legislador añadió que “tienen intención de que repercuta a nivel nacional” y apuntó contra “referentes” que “van en las listas (del diputado nacional por la UCR) Eduardo Costa”.
“Hay una amargura muy grande porque así se atenta contra la democracia. Somos un sector que sabemos que estamos en falta con nuestra comunidad por el pago de salarios en tiempo y forma que es una preocupación grande del gobierno para equilibrar las cuentas”, afirmó.
Gómez Bull deslizó que “estas acciones tendrán las consecuencias que corresponden para generar las denuncias cuando se cometen hechos ilícitos como daños, agresiones personales y escraches. Hay que terminar con estas cosas”, sentenció.
Rojo financiero
Alicia sólo se dedica a pagar salarios y desde el año pasado, no logra hacerlo de forma completa mes a mes. Realiza una liquidación escalonada, hasta completar el pago total de toda la administración pública (el 48% de la población santacruceña).
El déficit anual que afronta la gobernadora es de $ 6.200 millones y los números no logran mejorar. Por mes, necesita$ 1.497 millones para pagar los haberesde los empleados estatales ($ 537 millones para el sector pasivo, y $ 960 millones para el sector activo).
El principal desafío será el segundo pedido: reducir el gasto público. En este punto, el principal rojo financiero de Santa Cruz, es su caja jubilatoria, con un déficit anual de $ 2.500 millones.Este año de la ANSES Santa Cruz recibió $ 600 millones por la ley de reparación histórica.
