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Río Gallegos
Por unanimidad, Diputados le dio sanción definitiva al proyecto que dispone que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, salvo que en vida dejen constancia expresa de lo contrario.
También sancionaron la llamada “ley Brisa”, una iniciativa que otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o del asesinato de alguno de los progenitores en manos de otro.
El proyecto, que recibió 202 votos afirmativos y que también había sido aprobado por unanimidad en el Senado, está inspirado en el caso de Justina Lo Cane, una menor de 12 años que murió en noviembre pasado en la Fundación Favaloro mientras aguardaba un trasplante de corazón.
En este sentido, la Diputada Nacional, Roxana Reyes, dijo que “la ley Brisa busca amparar a los hijos de víctimas de femicidio en nuestro país y fue impulsada desde hace años desde la Casa del Encuentro, cuando Fabiana Tuñez tomó nota de esta problemática y promovió el proyecto de ley que finalmente fue aprobado”.
La legisladora celebró que finalmente el Estado otorgue un reconocimiento que permita garantizar los derechos de una gran cantidad de niños y niñas a los que la violencia les arrebató su familia, y dijo que “se trata de un gran avance en la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar y en la protección de los niños que son las más vulnerables e inocentes ante estas situaciones”.
Agregó, además, que entre 2017 y 2018 ya son 3378 la cantidad de niños y adolescentes que se quedaron sin sus madres en nuestro país.

Reparación
A partir de esta ley, el Estado otorgará una reparación económica que será percibido por la o las personas que el juez de familia determine al cuidado del niño o adolescente cuyo padre haya sido imputado, proceso o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice por el asesinato de su madre.
Este Proyecto fue impulsado por Fabiana Tuñez, hoy Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, cuando se encontraba como responsable de la Organización civil “La Casa del Encuentro”.
Se llama Ley Brisa por el nombre de la hija menor de Daiana Barrionuevo, una joven asesinada por su ex pareja, Iván Adalberto Rodríguez, en 2014.
Daiana tenía, además de Brisa, dos hijos varones. Todos quedaron al cuidado de su abuelo. Sin recursos, Osvaldo Barrionuevo tuvo que pedir ayuda hasta en los medios de comunicación.
La contribución fundamental de la reforma es que invierte el proceso por el cual las personas pasan a integrar el registro de donantes: al crearse la figura del “donante presunto”, ya no se requiere dejar voluntad expresa por la afirmativa sino que se garantiza “la posibilidad de realizar la ablación de órganos y/o tejidos sobre toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos”.
En el caso de los menores de edad, “se posibilita la obtención de autorización para la ablación por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente”.

Normativa
Por otra parte, la normativa, cuyo autor es el senador Juan Carlos Marino (UCR) y que fue trabajado en conjunto con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), incorpora avances como la definición de los derechos de donantes y receptores, la creación del Servicio de Procuración en los hospitales públicos y privados, el establecimiento de las funciones del INCUCAI y de los requisitos que deben cumplir los profesionales y los establecimientos médicos, y la fijación de penas y sanciones en los casos que corresponda.
El primero en tomar la palabra fue el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetsky (PRO), quien recordó que la campaña de donación de órganos que movilizó el caso de Justina “hizo crecer la cantidad de personas dispuestas a donar como nunca antes”.
A su turno, la presidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo (PRO), dijo que la normativa cristaliza un “cambio de paradigma”.
Por su parte, la titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), trajo a colación datos oficiales del INCUCAI que indican que en la actualidad existen 7738 personas en la lista de espera para trasplante de órganos, y advirtió que apenas el 6,41% de los argentinos son donantes.
En el recinto estuvieron presentes los padres y familiares de Justina, quienes celebraron emocionados la sanción de la ley.

Río Gallegos
La CTA Santa Cruz, el Partido Obrero, ADOSAC y otro gremios repudiaron la decisión de la Jueza Rosana Suárez de imputar a los dirigentes Hugo Jerez, Diego Barrionuevo y Juan Manuel Valentín por los supuestos daños en la Casa de la Gobernadora Alicia Kirchner en 2017.
Los imputados fueron considerados participantes de la protesta generada en la puerta de la residencia oficial el 21 de abril del 2017, acusando a los nombrados de asediar la casa de la gobernadora y de instigar a la violencia.
“Está perfectamente registrado en el material filmográfico que quienes atacaron a los manifestantes desde el interior del predio fue la policía y el personal de seguridad de la propia Gobernadora la cual ordenó y convalidó la represión a los trabajadores”, indicaron desde ADOSAC.
“Esta decisión realizada bajo la intensa presión de la Fiscalía de Estado, tiene un inocultable contenido político y antijurídico: Se trata de criminalizar dirigentes y de intimidar a los que luchan contra las políticas de ajuste en vigencia a nivel nacional y también provincial”, señalaron de la CTA Santa Cruz con relación a la decisión judicial.
Agregan que “la elección de perseguir puntualmente a estos tres compañeros entre cientos de manifestantes, está claramente direccionada por el poder político, para descalificar a dirigentes que han mantenido una clara independencia del poder político.
La misma Jueza que tiene hace muchos años durmiendo en un cajón, la denuncia por la retención (sustracción) de los fondos sindicales a la ADOSAC que ya implica decenas de millones de pesos, es la que ahora pretende criminalizar a honestos luchadores sociales”, sentencian.
Sostienen además que “en este punto no hay diferencias entre Macri y Alicia Kirchner, como lo ha plasmado la lapidaria felicitación del Ministro Frigerio a nuestra gobernadora en el sentido de que hace bien los deberes. La criminalización de la protesta es también parte de esos deberes”.
Finalmente indican que “la CTA Santa Cruz expresa todo su apoyo a los compañeros afectados, y por sobre todas las cosas planteará en el terreno de las medidas de acción directa, la respuesta contundente que merece este avance de la persecución contra trabajadores y luchadores populares”.

PO
En tanto, el Partido Obrero “denuncia la utilización de una justicia adicta para intimidar la protesta social. Los compañeros Juan Manuel Valentín, Diego Barrionuevo y Hugo Jerez forman parte de la lista de dirigentes que han sido imputados y procesados por la justicia de Santa Cruz bajo presión del poder político y, por ello, es necesario repudiar enérgicamente este accionar”.
“Desde el Partido Obrero queremos rechazar públicamente esta burda maniobra del gobierno de criminalizar la protesta social para encubrir el enorme ataque que están llevando adelante contra los trabajadores de la provincia”.
Agregan que “así lo demuestra el fiscal de Estado Tanarro, quien intenta desvincular el reclamo frente a la residencia de la Gobernadora (2017) de las decenas de movilizaciones y acampes que se habían producido pidiendo que se abra una paritaria salarial que al día de la fecha no ha llegado, el kirchnerismo continúa congelando el salario de los docentes y recorta el poder adquisitivo de los trabajadores con sumas en negro, al mismo tiempo, da aumentos en blanco a los cargos políticos”.
“A Alicia no le alcanzó con la felicitación pública que le extendió el ministro Rogelio Frigerio en el programa de Mirtha Legrand por mantener congelados los salarios en Santa Cruz, si no que ahora se suma la criminalización de dirigentes sociales y políticos. El clan K está dispuesto a hacer todos los deberes”, critican.

Docentes
En tanto, desde el gremio que nuclea a los docentes santacruceños señalaron en un comunicado dado a conocer ayer que “una vez más la ADOSAC quiere hacer presente ante sus afiliados y la opinión pública en general, la doble moral de gobierno provincial, toda vez que a través de sus órganos institucionales y de la justicia adicta al poder kirchnerista, ha procedido a imputar a nuestros compañeros de lucha Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentín y Hugo Geréz”.
Indican que “paralelamente a esta reacción desmedida y extorsiva del gobierno, por cuanto la imputación y los procesamientos a nuestros compañeros del sector docente tienen un claro objetivo desmotivador de reclamos y aleccionador hacia los demás sectores que quieran enfrentarse con el poder”.
Agregan que “vemos con estupor y vergüenza cómo el mismo gobierno forma un frente común con sectores del kirchnerismo más radicalizado extra provincial, para condenar la criminalización de la protesta en otros puntos del país, como por ejemplo en este caso en Chubut, donde el Ejecutivo de esa provincia actuó de la misma manera que lo haría Alicia Kirchner o el gobierno nacional, ante una crisis que supere su capacidad de pensar y accionar. En estos casos, todos ellos dan paso a la violencia como único lenguaje no verbal que entienden los sectores patronales cuando se ven excedido en sus capacidades y se sienten inútiles para sostener un diálogo constructivo o son impotentes para producir propuestas”.

Procesados
Desde ADOSAC manifestaron que “en nuestro sector tenemos docentes procesados, compañeros docentes y desocupados de Las Heras en manos de jueces que cumplen órdenes políticas y podemos extender esto a los jubilados a quienes, el mismo gobierno que no les paga, los somete al destrato y tiene a la mayoría de ellos por debajo de la línea de pobreza. A su vez los denuncia y los demanda por 300 mil pesos mediante una maniobra realmente vergonzosa, ruin, discriminatoria y maliciosa que conlleva un solo objetivo: desalentar al sector pasivo de que reaccione, cuando el Ejecutivo les retrasa las jubilaciones, les paga por goteo o no les paga los aguinaldos, porque en épocas de tanta convulsión financiera, a la gobernadora y sus ministros les conviene más jugar con nuestros fondos en la timba financiera del dólar y las Lebac, que cumplir con sus obligaciones institucionales”.
Manifiestan también que “si el gobierno provincial cree que con este tipo de accionar nos intimidarán, nos generarán temor o amedrentamiento se equivoca profundamente, por el contrario, toda la persecución sistemática que viene llevando adelante contra nuestro sindicato (sumarios, aprietes, etc.) nos unifica, nos fortalece, nos hace pensar que siempre valdrá la pena enfrentarlos”.

Caleta Olivia
Lucia Liébana joven abogada que forma parte del equipo de Eduardo Costa y Unión para Vivir Mejor recibió un importante reconocimiento por un trabajo presentado en el marco del concurso « LabCitoyen 2018 » lanzado por la Embajada de Francia en nuestro país, el Institut français d’Argentine y la Delegación General de la Alianza francesa en Argentina.
Será la representante de Argentina en París donde expondrá su trabajo en el que analiza la situación de la educación en Santa Cruz y propone alternativas de trabajo para mejorarla.
Liebana presentó un proyecto sobre la crisis educativa en la Provincia de Santa Cruz a raíz de la cual durante el ciclo lectivo 2017, se conoció que 75.000 estudiantes santacruceños de escuelas públicas perdieron el 60% de las clases (115 de los 180 días establecidos como obligatorios por el Congreso Nacional) por el conflicto salarial entre los docentes y el Gobierno Provincial.
En su trabajo, destaca que ésta situación trajo como consecuencia un verdadero desastre en el ámbito escolar; provocando por ejemplo la migración de familias a otras provincias en busca de provisión escolar, el traspaso de alumnos de escuelas públicas a privadas, el colapso del sistema educativo privado que no cuenta con la capacidad suficiente para recibir a la totalidad de los alumnos del sector público.

Sistema
Además, un gran sector de niños en edad escolar que, imposibilitados por razones económicas, quedaron fuera del sistema no pudiendo continuar con sus estudios.
Liébana tiene 25 años y estudió Derecho Franco-Argentino en la Universidad del Salvador. Realizó una pasantía en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y, actualmente, se desempeña como asesora del Eduardo Costa en el Congreso de la Nación.
Además, trabaja desde hace tiempo vinculada a temas de educación, legislación y desarrollo social.
LABCITOYEN es un concurso dirigido a jóvenes de entre 20 y 26 años que reúne a jóvenes de 90 países. El mismo se organiza todos los años en Francia, con jóvenes de los cinco continentes.
Allí participan de una serie de conferencias y debates junto a grandes especialistas, promoviendo la lengua francesa como herramienta de intercambio y de acción.
La temática elegida para esta edición 2018 fue “Educación y Derechos Humanos” y, justamente, fue propuesta por nuestro país a raíz de la visita del Ministro de Educación Francés, Jean-Michel Blanquer, en Abril de este año.
Cabe mencionar que es la primera vez que Argentina participa enviando una representante quien se encuentra en París desde el domingo 1ro de julio hasta el 10.