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Enarsa volvió a exigir el pago de la millonaria deuda contraída por Distrigas S.A. durante las gestiones de María Belén García (2020-2022) y Karina Saúl (2022-2023).

La deuda acumulada, que asciende a $13 mil millones, responde a la falta de cumplimiento de compromisos de pago con la distribuidora nacional. Según el actual presidente de Distrigas S.A, Marcelo de La Torre, esta situación “genera una coyuntura muy difícil para el crecimiento de la empresa”.

“El tiempo nos apremia. Estamos realmente preocupados porque hemos presentado varias propuestas de pago, pero todas fueron rechazadas. La presión es cada vez mayor y debemos evitar que esta situación termine en juicio. Si esto avanza, podría derivarse en retenciones automáticas para la provincia, algo que debemos impedir a toda costa”, expresó De La Torre.

Para graficar la magnitud de la deuda, el presidente de Distrigas señaló: “El monto equivale a la coparticipación de 12 meses de tres municipios como Gobernador Gregores, Los Antiguos y Puerto Santa Cruz. O, si buscamos otra referencia, sería el valor de 350 patrulleros equipados. Es una forma clara de dimensionar el desafío que nos toca afrontar y resolver, producto de la desidia que vivió Santa Cruz en el pasado”.

A pesar del complejo panorama financiero, De La Torre destacó que se han realizado avances importantes: “Aunque enfrentamos dificultades presupuestarias, hemos maximizado los recursos y brindado respuestas en cada una de las localidades donde Distrigas tiene presencia”.

Lázaro Báez, Martín Antonio Báez, Luciana Báez, Víctor Fabián Gutiérrez, Osvaldo Sanfelice, Santiago Carnero, Mario Víctor Cifuentes, Víctor Manzanares, Romina Mercado y, obviamente, la familia Kirchner son algunos de los nombres incluidos en la lista de personas vinculados a empresas que eran «protegidas» por una corrupta red enquistada dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante las gestiones «K».
La información se conoció ayer, tras una investigación realizada por el periodista
Bernardo Vázquez y publicada por el diario Clarín.
Según se supo, esta red que favorecía a empresas y les permitía entre otras cosas «evadir» impositivamente, fue detectada por el gobierno Nacional, tras la disolución de la AFIP que transformó recientemente en el ARCA.
Fue a fines de octubre del año pasado que el gobierno de Javier Milei anunció la AFIP y la creación en su lugar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que representaría un ahorro presupuestario de 6.400 millones de pesos al año mediante la reducción del 45% los cargos de autoridades superiores, 31% de los niveles inferiores de la actual estructura, y la reubicación y pase a disponibilidad de unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno. Precisamente, en estos sumarios internos es que en empezaron a detectarse irregularidades. Como definiría una fuente cercana a ese procedimiento: «en la gestión del Frente de Todos, donde apretás sale pus».

Sistema corrupto

Lo que se hizo publico por estas horas es que se detectó puntualmente es la existencia de una «red que protegía empresarios y dirigentes kirchneristas».
En este entramado de corrupción se había elaborado una «nómina especial de contribuyentes» que gozaban de excepciones y beneficios extraordinarios.
El mecanismo se iniciaba del mismo modo en el que se generaron otros sistemas de corrupción: «alguien de arriba daba la orden» para incluir al beneficiario.
«La organización funcionaba desde 2016 y tenía como objetivo bloquear el acceso a información sensible de dirigentes y empresarios vinculados al kirchnerismo y sus empresas», reveló la investigación periodística.

Los «intocables»

La lista que hasta ahora salió a la luz es extensa y en algunos casos se trata de empresas, o firmas comerciales poco conocidas o de bajo perfil, pero otras como en el caso de las empresas de los Kirchner – o sus testaferros – son «famosas» en Santa Cruz.
El «modus operandi» consistía en bloquear información puntual de patrimonio y movimientos de las personas implicadas y sus activos. Se trata, hasta el momento de 51 contribuyentes ( entre empresas e individuos, personas jurídicas) «intocables» para el fisco: Alucom Austral B.R.L, Martín Antonio Báez, Lázaro Antonio Báez, Kank y Costilla SA, Don Francisco Sociedad Anónima, La Estación Sociedad Anónima Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Badial SA, Austral Cosntrucciones SA, Valle Mitre, IDEA SA, Los Sauces SA, Hotesur, Co Ma, Alcalis de la Patagonia, Oil Combustibles, Casino Buenos Aires, Kamus SRL, Gotti SA, Sucesión de Biancalani Adelmo, Estrellas del Sur SA, Alternativa SA, M&P SA, Diagonal Sur Comunicaciones SA, Servicio Integral Alem SRL, Top Air SA. OIL M&S SA, Inversora M&S SA, Báez Luciana Sabrina, Ghione Marcelo Américo, Cabrera Pablo Horacio, Organización Turística Sur SRL, Gutiérrez Víctor Fabián, Electroingeniería SA, Herrera Daniel Osmar, Sanfelice Osvaldo José, Negocios Inmobiliarios SA, Hotel Waldorf SA, Negocios Patagónicos SA, Carnero Santiago, Cifuentes Mario Víctor, Ciccone Nicolás Tadeo, Vandenbroele Alejandro Paul, Forcieri César Guido, Resnick Brenner Ezequiel, Kirchner Florencia, Mercado Romina de los Angeles, Manzanares Víctor Alejandro y Lakaut SA.
A estos «beneficiados» en la lista diseñada desde el «poder», se les daba una protección que impedía que sus manejos financieros llegaran derivar en requerimientos fiscales o sanciones.
Este sistema de protección habría comenzado a funcionar en 2016 y se sostuvo hasta el final del gobierno de Alberto y Cristina.
Para sintetizar en que consistía la maniobra, Vázquez detalla en su articulo:
«En el sistema informático de la AFIP se encuentra la base de datos de toda la población, con registro de sus actividades productivas y las obligaciones que tienen como contribuyentes. No obstante, existe una nómina en la que sólo aparecen personas cuya información es considerada sensible por motivos especiales, como puede ser el caso del presidente de la Nación. Es decir, a ese apartado se le brinda un trato especial y sólo tienen acceso funcionarios con jerarquía al máximo nivel».

En santa Cruz «sale pus»

Las evidencias confirman que Santa Cruz era un gran escenario de la discrecionalidad política del poder, la corrupción y la impunidad. No por nada las empresas e individuos vinculados son tan conocidos tanto en Río Gallegos, El Calafate o Caleta Olivia. Pese a que siempre se sospechó del crecimiento patrimonial que experimentaron en los «años dorados de Néstor y Cristina», muchos de estos personajes se manejaban con total impunidad e incluso ostentaban de sus «conexiones» políticas.
A la par de que ellos se enriquecían se empobrecía la provincial. Vale mencionar que recientemente Lázaro Báez fue condenado por fraude a la administración pública a partir de los contratos recibidos para realizar obras financiadas por el Estado en la provincia de Santa Cruz; y en la denominada «causa Vialidad» el fiscal Luciani demostró su connivencia con Cristina.
Queda claro que el comentario que dejó trascender uno de los funcionarios que participó de las actuaciones internas, luego de que surgieran las primeras «anomalías» el pasado 17 de diciembre, graficó claramente lo que ocurrió en el país mientras el kirchnerismo estuvo en el gobierno: «donde apretás sale pus».

Este lunes, el gobernador Claudio Vidal llevó a cabo el primer encuentro oficial con su equipo de trabajo, donde presentó a nuevos secretarios que ocuparán distintas funciones dentro del Gobierno Provincial. Uno de los principales objetivos será el seguimiento del desempeño de los diferentes estamentos del Estado para mejorar la operatividad.

Durante la reunión, se trazaron los lineamientos y objetivos del gobierno para el año, con especial énfasis en profundizar la regionalización de la gestión. Vidal destacó que el equipo de trabajo es “el más federal de los últimos años”, dejando atrás el centralismo y otorgando espacios clave a funcionarios de diversas ciudades de Santa Cruz.

Luego de la reunión, el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, detalló: “El gobernador solicitó tener más presencia en territorio, reformular y profundizar los mecanismos de trabajo, agilizar las respuestas del Estado y, especialmente, escuchar a las localidades. Se terminó el año de transición y es necesario continuar mejorando la infraestructura provincial en todo sentido. Llegó el momento de demostrar que este gobierno está integrado por mujeres y hombres de trabajo responsable y conscientes de qué la sociedad santacruceña necesita de un liderazgo fuerte y de un compromiso sostenido en el trabajo a destajo, con el único objetivo de sacar a nuestra provincia adelante. Es fundamental optimizar recursos y, sobre todo, trabajar en mejorar la recaudación propia”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela, subrayó: “El año pasado fue difícil, se dedicó mucho esfuerzo a reordenar. Recibimos un Estado con muchas áreas deficitarias, sumado a la baja en la recaudación y al retiro de las ayudas directas del Gobierno Nacional. Esto nos llevó a plantear un gobierno austero. Sin embargo, logramos concretar obras importantes como el nuevo acueducto de Cañadón Quintar en Caleta Olivia, la obra del interconectado en Perito Moreno y Los Antiguos, la compra de maquinaria para Vialidad Provincial, la reactivación de los puertos y la generación de trabajo genuino”.

Brizuela también destacó la inversión en educación, que permitió garantizar el inicio de clases después de 17 años sin poder lograrlo. “Se adquirieron móviles para mejorar la operatividad de distintos ministerios y entes del Estado. Sabemos que quedaron temas pendientes, pero este año deben tener continuidad. El gobernador nos pidió redoblar esfuerzos con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los santacruceños”, agregó.

Nuevos nombramientos y equipo consultor

En el marco del encuentro, se presentaron los nuevos secretarios que asumirán distintas funciones dentro del Gobierno Provincial. Entre los designados se encuentran: Contadora María Laura Rodríguez, Rodrigo Fabrizio Suárez, Santiago De La Roza, Luciana María Villafañe, Juan Martín Paiva, Juan Eduardo Mata, Mauro Emanuel Zabala y Miguel Farias.

Asimismo, se conformó un cuerpo de consultores con competencias específicas que tendrá la función de coordinar acciones con las distintas jurisdicciones que conforman el Estado Provincial, bajo la dependencia directa del Poder Ejecutivo.