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Buenos Aires
Luego de fuertes cruces entre las autoridades navales y las del Ministerio de Defensa por el excesivo tiempo que llevó a la Armada confeccionar un nuevo pliego licitatorio, el sábado se subió al portal oficial “Argentina Compra” nuevas condiciones para las empresas que quieran buscar al submarino ARA San Juan, desaparecido desde el 15 de noviembre del año pasado.
El pliego está disponible para todos los usuarios de la plataforma. Tal como adelantó Infobae, lleva el número 38-0024-CD/18 e incluye plazos de ejecución administrativa abreviados. “Antes de fin de agosto tiene que haber una empresa buscando al ARA San Juan”, sostuvieron las fuentes navales que trabajaron en los aspectos técnicos de la convocatoria.
Se estima que serán cuatro las firmas que participarán de este nuevo intento de contratación.
La particularidad de este llamado es que regirá el principio No cure no pay, una vieja fórmula del negocio naviero internacional que indica que si no hay resultado no hay dinero.
Pese a ello, el Ministerio de Defensa inició el trámite administrativo correspondiente para contar con la partida presupuestaria ya que no se puede lanzar una licitación de este tipo sin tener garantizados los fondos para un eventual pago.

Antecedentes
Más de ochos meses han pasado desde aquel 15 de noviembre de 2017 en el que se tuvo comunicación por última vez con el único submarino en servicio que poseía la Armada Argentina.
A partir de allí, y en cumplimento de convenios existentes entre países que cuentan con este tipo de naves, se inició en el Atlántico Sur el más espectacular operativo de búsqueda y rescate internacional jamás visto en la historia de la navegación a nivel mundial. A pesar del descomunal esfuerzo, nunca se encontraron rastros concretos del San Juan.
La intensidad del operativo fue menguando. De a poco, los buques internacionales comenzaron a dejar las aguas argentinas porque creían improbable encontrar sobrevivientes de la tragedia. Con el regreso a Rusia del buque logístico “Yantar”, la búsqueda quedó reducida prácticamente a un esfuerzo testimonial que hombres y mujeres de la Armada llevan adelante con muy pocos recursos.

Pedidos
Luego de reiterados pedidos de las 44 familias de los marinos desaparecidos, el gobierno nacional fijó una recompensa de casi USD 5 millones para quien aporte datos sobre el submarino. Ninguna empresa internacional pareció tentarse con el ofrecimiento.
Fue así que se llamó entonces a una contratación directa internacional que tuvo respuesta por parte de nueve empresas, algunas locales y otras de América y Europa. Fue la firma española Igeotest (en manos de dos argentinos relacionados con la Armada Argentina) la que resultó preadjudicataria por ajustarse en principio a lo requerido en sus aspectos técnicos y económicos.
No obstante, y a partir de algunas deficiencias en los documentos societarios presentados por la empresa, fue el estudio jurídico de Fernando Burlando (que representa los intereses de algunas familias de los marinos desaparecidos) quien presentó una serie de impugnaciones y hasta una denuncia penal que terminó obligando al Ministerio de Defensa a anular todo lo actuado.
Esta iniciativa judicial no contó con la aprobación del grueso de las familias, que vieron en este accionar una nueva demora al reinicio de la tan ansiada búsqueda de la nave.
Así las cosas, el ministro de Defensa Oscar Aguad ordenó a la Armada Argentina que asuma el rol de organizadora de un nuevo llamado a concursar, exigiendo además que se agudice el ingenio para poder acortar lo más posible los tiempos sin infringir ninguna de las normas que rigen las contrataciones del Estado.

Manejo
Al mismo tiempo, un grupo de familiares, disconformes con el manejo general del proceso de contratación, decidió encadenarse simbólicamente a las rejas recientemente instaladas en proximidades de la Pirámide de Mayo.
Según pudo saber Infobae, en reiteradas ocasiones desde el despacho ministerial se reclamó a la Armada que se aceleraran los tiempos para la confección del nuevo pliego, pero la Institución castrense prefirió iniciar una serie de “entrevistas” con los posibles oferentes, algo no usual en la mecánica de las contrataciones públicas y que tuvo por objetivo conocer un poco más de las empresas que participarían del procedimiento.
Cuatro empresas “rindieron examen” ante los mandos navales y un grupo de familiares especialmente invitados: ellas son Ocean Infinity, la anterior preadjudicada Igeotest, el emprendimiento unipersonal del venezolano Hugo Marino, y la firma Falcon High Tech.

Buenos Aires
El juez Casanello pidió información sobre los movimientos de las cuentas del detenido empresario kirchnerista en Belice, Panamá, España, Estados Unidos, Bahamas y Emiratos Árabes Unidos.
La Ruta del Dinero K trascendió las fronteras argentinas. Los 60 millones de dólares que Lázaro Báez lavó entre 2010 y 2013 se movieron por diferentes países, cuentas bancarias y empresas en paraísos fiscales.
El juez Sebastián Casanello envió exhortos a Belice, Panamá, España, Estados Unidos, pero los más relevantes son los remitidos a Bahamas y Emiratos Árabes Unidos: “Son muy importantes porque es a donde se habría transferido el dinero cuando cerraron las cuentas suizas”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
En pocos meses los hijos de Lázaro Báez enfrentarán su primer juicio oral y público acusados de maniobras de lavado de activos junto al empresario K y otros 20 acusados. Las pruebas en su contra sobre la tenencia de cuentas en el exterior se convirtieron en un árbol con múltiples ramificaciones, que el juez Casanello busca clarificar.
De este entramado participaron un grupo de financistas procesados por el magistrado, señalados como partícipes y facilitadores en la estructura para que Báez logre blanquear 60 millones de dólares en tres años.
Ahora se comienza a reconstruir otro circuito de movimiento de fondos a través de diversos exhortos que siguen la ruta de cuentas vinculadas a Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez en Bahamas, Dubai y los Emiratos Árabes.
¿Por qué es importante este recorrido? Porque la Justicia sostiene que allí, sobre todo a Emiratos, se derivaron los fondos “una vez que las cuentas comenzaron a cerrarse en Suiza”, que fue la base de la mayor cantidad de movimiento de dinero.

Suiza
Desde Suiza, el banco Safra J. Sarasin informó sobre una serie de transferencias cursadas desde cuentas registradas hacia entidades financieras con sede en las Bahamas y en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. En todas las operaciones se reitera a los mismos beneficiarios: los cuatro hermanos Báez.
Los extractos correspondientes a la cuenta Nº 608663 de la Fundación Kinsky, utilizada para el movimiento de fondos supuestamente ilícitos, revelan que el 20 de mayo de 2015 se instruyó al banco para transferir 10.340.000 dólares a la cuenta Nº 579484 – también de la fundación- en el banco CBH (Bahamas) que registraba como beneficiarios a Martín, Luciana, Leandro y Melina Báez.
En esta cuenta se registraron créditos por 59.104.205 dólares y débitos por 59.053.205 dólares. También, entre el 31 de diciembre de 2014 a la fecha de cierre hubo créditos de 1.600.000 dólares y débitos por 266.613 dólares.
Con el fin de conocer la documentación vinculada a esa cuenta y los movimientos registrados “como así también buscar el recupero de activos que podrían encontrarse allí depositados”, Casanello libró exhortos para conseguir reconstruir dicho circuito.
El dinero de los Báez también llegó hasta Dubai. Hubo documentación perteneciente a otra cuenta (Nº 608936) a nombre de la firma Helvetic Service Group SA. Esta empresa fue clave en la “ruta del Dinero K”, y está bajo la lupa por una maniobra de lavado de activos por 33 millones de dólares.

Dubai
El 31 de julio de 2015 se ordenó la transferencia de 1.380.000 dólares hacia la cuenta perteneciente a la sociedad Intlex Limited en el banco Noor Islamic Bank, Dubai.
El juzgado, en consecuencia, ordenó recientemente, que se libre un pedido de asistencia jurídica internacional hacia los Emiratos Arabes Unidos, “para obtener la documentación respaldatoria de todas esas operaciones millonarias”. Ese exhorto, a cuyo contenido accedió este diario, explica que las cuentas tenían como fin “ayudar a financiar los negocios en Argentina”.
La ruta del dinero también llegó hasta el viejo continente. En España se montó una usina de empresas administradas por Chueco y Pérez Gadín. Se usó “Samber and Tarex Spain SL” que en enero de 2011-, recibió 6.500.00 de dólares desde Antillas Holandesas, Suiza, Hong Kong y Estados Unidos.

Buenos Aires
En un hecho inédito, López Mazzeo querelló al ex jefe de la Armada, Srur, por “mentir” ante la Justicia y el Congreso sobre las responsabilidades del naufragio.
La crisis interna de la Armada por las causas del naufragio del submarino San Juan se agravó en los últimos días.
Ahora el ex jefe del base naval de Puerto Belgrano contralmirante en actividad Luis Lopez Mazzeo, denunció por falso testimonio al ex jefe de la Armada, almirante (RE) Marcelo Srur, por su declaración testimonial ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, quien investiga las causas por las que naufragó el 15 de noviembre pasado el buque.
En este hecho inédito para la estructura jerárquica militar, López Mazzeo acusó de mentiroso a su ex jefe quien le había atribuido responsabilidades en la falta de control del mantenimiento y las piezas del submarino.
En una extensa denuncia, según fuentes judiciales consultadas por Clarín, se confirmó que las armadas de EE.UU y Gran Bretaña fueron las primeras en informar que el San Juan había explotado y no la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, en inglés), como hizo informar Srur a los medios de comunicación.
El ex jefe de Puerto Belgrano, quien todavía sigue en actividad, querelló a Srur porque avanza la causa penal en Caleta Olivia, donde se investiga a una válvula como una posible causa del accidente, entre otras hipótesis, y se revisa todos los materiales por los cuales se le hizo al San Juan el mantenimiento de media vida durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Causa
Sucede que la causa penal sigue adelante mientras el ministro de Defensa, Oscar Aguad, no decidió si anula el polémico sumario de Srur, que es precisamente el eje de esta denuncia por falso testimonio, a pesar de que ya recibió dos recomendaciones en ese sentido.
A mediados de junio, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Juan Manuel Mocoroa, también había aconsejado a Aguad declarar nulo el sumario abierto de Srur. En una resolución de 15 páginas, el máximo responsable jurídico de la cartera opinó a favor de anular el sumario, es decir en el mismo sentido se había pronunciado el auditor de las FF.AA. coronel abogado Jorge Stanchina.
El informe se conoció un día después de que Srur declarara ante la comisión investigadora bicameral. Srur, quien fue echado en diciembre pasado por Aguad, intentó deslindar la responsabilidad en sus subalternos por la “falta de información” sobre las condiciones en que se encontraba el submarino “ARA San Juan” al momento de su desaparición.
Reiteró que si hubiera sabido el estado en que se encontraba la nave “no habría permitido que zarpara”. “Me faltó información. No me la dieron. Es muy importante recalcar que el comandante de alistamiento es el encargado de ver qué barcos pueden zarpar y qué barcos no”, declaró Srur.
Srur había acusado, en el sumario, a López Mazzeo y a Villamide de “arriesgar la tropa” y “negligencia en el servicio” al permitir la salida del San Juan.
El sumario provocó una cadena de pedidos de pase a retiro en solidaridad con López Mazzeo y Villamide que terminó con 7 renuncias.
El texto de esta nueva querella implícitamente muestra que la decisión de suspender al contralmirante Lopez Mazzeo, entonces Jefe de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, “obedeció a la intención de Srur de perjudicar” a quien estaba previsto que lo sucediera al frente de la Armada, y entregar “culpables” a la opinión pública para de este modo “eludir las responsabilidades inherentes al cargo que ostentaba”, al frente de esa Fuerza.

Reproches
En su presentación contra Srur, López Mazzeo, según siempre las fuentes judiciales, le reprocha a su ex jefe “la invocación de hechos y circunstancias inexistentes, con el objeto de afirmar que el submarino no estaba en condiciones de zarpar, responsabilizando dolosa y falsamente a sus subordinados”.
Esas supuestas omisiones de Srur serían:
– Ocultar prueba documentada sobre las reparaciones efectuadas al submarino, y afirmar posteriormente en forma falsa su desconocimiento, con el objeto de mantener su infundada imputación.
– Callar acontecimientos, ocultar documentación y hechos, y brindar datos falsos y opiniones contrarias a las prácticas de la Armada Argentina, sus técnicas y el lenguaje naval.
– Tergiversar prueba relevante para el descubrimiento de la verdad, sea ignorando intencionadamente su existencia, sea atribuyéndole un significado que nunca podría tener.
– Descalificar en forma permanente la aptitud y competencia de su subordinado y de subalternos, así como su comportamiento profesional antes y después del siniestro, de modo de asignar fallas que no surgen de la documental existente ni de hechos objetivos probados en la investigación disciplinaria.
– Atribuir culpa grave a un subordinado y a subalternos, extendiendo infundada e implícitamente responsabilidad a la Armada Argentina, al Estado Nacional y al actual gobierno, afirmando sin fundamento la existencia de supuestas averías graves no reparadas en el submarino ARA San Juan. En su larga presentación, López Mazzeo asegura que Srur “mintió al atribuirle demora en hacerle saber la falta de comunicación con el submarino, pues minutos después de recibir la información del Comandante de la Fuerza de Submarinos, Capitán de Navío Villamide, se comunicó con Srur para ponerlo al tanto de la novedad y hacerle saber las primeras acciones adoptadas para la búsqueda”.

Anomalías
Luego el texto afirmó que Srur también habría mentido acerca de cómo y cuándo se enteró de la detección de la “anomalía hidro acústica”, dejando que continúe la falsa versión de que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, en inglés), con sede en Austria, fue la primer fuente que brindó la noticia de la explosión.
Lopez Mazzeo reveló que “24 horas antes de la información proporcionada por aquel organismo internacional, fue la Armada de los EEUU, con datos ratificados luego por el Oficial de enlace de la marina británica en Puerto Belgrano, la que le transmitió a él y su comando la información, que fuera inmediatamente comunicada al Almirante Srur”.
Por otra parte, ante la jueza Srur negó haber estado en conocimiento de supuestos desperfectos que surgen de un informe de navegación de julio de 2017 y dijo que, de saberlos, hubiera prohibido que el ARA San Juan zarpara. Además negó conocer si se tomaron medidas para subsanar las anomalías advertidas.
Sin embargo, López Mazzeo sostiene que Srur “sabía perfectamente que las observaciones de la patrulla de julio habían sido atendidas para su reparación”. Para probarlo, acompañó en su querella el acta de entrega de documentación firmada en noviembre de 2017 de donde surgen “las obras correctivas dispuestas por Villamide, documentación que Srur tenía a su disposición cuando prestó declaración testimonial”.
Agregó que en los partes diarios de situación que se le elevaban, entre otros, a Srur “entre el 20 de septiembre y el 20 de octubre, figura que el San Juan se encontraba en reparaciones en los Arsenales de Mar del Plata y Puerto Belgrano”.
Por estas razones, López Mazzeo sostuvo que la afirmación de Srur en el sentido que el submarino no se encontraba en condiciones de zarpar “resulta particularmente perversa” y que el Almirante Srur no ignoraba “las numerosas travesías y ejercicios realizados por el San Juan luego de las reparaciones efectuadas con posterioridad a la Inspección N° 10/16 S y al informe de la patrulla de julio de 2017, prueba irrefutable de que las averías fueron superadas en lo referente a las condiciones de seguridad para la navegación”.
Añadió López Mazzeo en su querella que Srur, además, “omitió un posterior informe del Capitán de Fragata Pedro Martín Fernández, Comandante del A.R.A. San Juan, en el que concluyó que el submarino se encontraba en condiciones de “Buque habilitado””. Recordó que esa omisión le fue reprochada, en diciembre del 2017, a Srur por el Ministro de Defensa en nota que le dirigió en el sumario disciplinario, y no obstante la ignoró al declarar como testigo.
López Mazzeo sostuvo que Srur mintió también cuando dijo que desconocía que el ARA San Juan iba a realizar una patrulla de mar. Recordó López Mazzeo que el 18 de octubre de 2017 efectuó “una exposición en el Edificio Libertad, ante Srur y ante todo el Consejo de Almirantes, en la que incluyó la descripción de toda la etapa de adiestramiento de Octubre y Noviembre de 2017 del A.R.A. San Juan”.
Resaltó López Mazzeo que en el sumario disciplinario obran dos dictámenes -uno de la Auditoría General de las Fuerzas Armadas y otro de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, en los que se concluye que corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por Srur, por “su parcialidad, arbitrariedad y abuso de autoridad”.
En los dictámenes se advierte que Srur dictó la resolución sin contar previamente con la opinión de los peritos designados, omitió el último informe del capitán Fernández que calificó de “Buque Habilitado” al ARA San Juan -pese a la advertencia del Ministro Aguad-, omitió la documentación que acredita las reparaciones hechas al submarinos luego de los informes sobre averías, y se destaca “la inusitada velocidad” con que se habrían analizado más de mil hojas de documentación, todo en el término de un día.
Lopez Mazzeo respaldó sus afirmaciones con documentación y mensajes navales cursados en cada momento, señalando que las “falsedades” de su declaración quedaron además expuestas en la exposición efectuada por el Ministro Aguad en la Bicameral, la cual terminó por probar “las mentiras, incoherencias y contradicciones” de su declaración.