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Buenos aires
Se trata del Parque Eólico Cañadón León, similar al que la compañía construye en la localidad de Manantiales Behr, en la provincia de Chubut.
La petrolera YPF avanzará este año en la construcción de un parque eólico de 100 megavatios (Mw) de potencia en la provincia de Santa Cruz, con una inversión por u$s 180 millones, que ampliará la participación de la compañía en el negocio de la generación de electricidad. Se trata del Parque Eólico Cañadón León, que acaba de recibir la aprobación del estudio de Impacto Ambiental presentado en octubre en audiencia pública, informaron a Télam fuentes de la compañía.
Este nuevo parque eólico es similar al que YPF construye en la localidad de Manantiales Behr, en la provincia de Chubut, a 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, explicaron. Se prevé que Manantiales Behr se ponga en marcha a fines de junio próximo, informaron fuentes de la empresa al indicar que ya están en el puerto de Comodoro Rivadavia los últimos 15 aerogeneradores que faltan instalar.

El proyecto
Cañadón León, a cargo de la subsidiaria YPF Energía Eléctrica, entregará una potencia de 100 Mw, el equivalente al doble del consumo anual de las poblaciones de Santa Cruz Norte, Las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado y Cañadón Seco.
Para este proyecto se prevé la instalación de 30 aerogeneradores -la misma cantidad que la de Mantiales Behr- en el yacimiento de hidrocarburos Cañadón León, operado por YPF.
El desarrollo demandará de u$s 180 millones para la construcción y operación del parque en una superficie de unos 18,7 kilómetros cuadrados que permitirá agregar la energía producida a la red del Sistema Argentino de Interconexión.
La construcción de este parque eólico implica además la construcción de caminos de acceso y de un edificio para la subestación transformadora de 33 kilovatios (Kv), además del tendido de 4,5 kilómetros de una línea aérea de transmisión de 132 Kv.
YPF apunta a la ley 27.191, de Promoción de Energías Renovables, que obliga a que al menos un 8% del total de consumo propio de electricidad provenga de parques eólicos.
En la audiencia pública de octubre pasado se puso de relieve que el parque eólico es una fuente de energía segura y renovable, que no contamina la atmósfera ni genera residuos, con lo que mitiga el cambio climático.
Los generadores eólicos permiten ahorrar combustibles y reducir costos, con además de contribuir a la diversificación de la matriz energética del país.

Proyectos
Además de los dos parques eólicos patagónicos, YPF Energía Eléctrica tiene en desarrollo una planta de ciclo combinado de 470 Mw en la provincia de Tucumán y otra de co-generación de 85 Mw en su refinería de La Plata, con lo que suma un total de 755 Mw.
La petrolera Argentina también opera dos plantas de ciclo combinado por 833 Mw de potencia en Tucumán y tiene una participación accionaria del 40% en Central Dock Sud S.A., propietaria una generadora de 870 Mw en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, acaba de finalizar la construcción y de obtener la autorización para la operación comercial de las plantas de 110 Mw Loma Campana I y Loma Campana II, lo que permite a YPF sumar entre otros desarrollos una capacidad operativa de 1417 Mw.

Altos funcionarios nacionales ya tienen en sus manos un proyecto de zonificación minera al que accedió de manera exclusiva diario El Chubut. Abarca gran parte de la provincia. Aún no hubo ninguna presentación en la Legislatura. Cumple con el artículo segundo de la 5001 y elimina el tercero.

En los despachos de altos funcionarios del Gobierno Nacional ya hay copias de un breve proyecto de Ley para la zonificación de la actividad minera en la provincia del Chubut. Se trata en realidad de un proyecto para modificar el artículo 2º de la Ley Provincial Nº XVll-68 (ex 5001).

El proyecto consta apenas de dos carillas: la primera estableciendo las coordenadas de un amplio polígono en el territorio chubutense donde se permitiría el desarrollo minero metalífero, y una segunda como anexo con el mapa en cuestión.

El Chubut pudo acceder al proyecto que está elaborado y que aún no tiene firma, porque se desconoce quién o quiénes serán los encargados de impulsarlo en la Legislatura provincial, aunque se presume que ya habría contacto con algunos diputados para avanzar con la iniciativa que ya está redactada.

Un alto funcionario que participó esta semana de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri, le confirmó a El Chubut que ese proyecto está en algunos despachos oficiales junto a otra documentación vinculada con la posible explotación minera en la provincia.

Hasta ayer, el proyecto no había sido presentado en la Legislatura, donde la última iniciativa al respecto data de la gestión de Martín Buzzi y de aquel intento fracasado de avanzar con una zonificación minera.

Ex Ley 5001

La Ley Provincial XV-Nº 68 (antes Ley 5001), detalla en su primer artículo: «Prohíbase la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera».

Y en su segundo articulado, establece que «el Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) creado por la Ley XI Nº 35 (Antes Ley 5439), determinará en el plazo de Ciento Veinte (120) días corridos, a partir de la sanción de la presente Ley:

1. a) La zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso.
2. b) La definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en el artículo 1º de la presente Ley».

Sin embargo, nunca se avanzó con la zonificación que establecía la norma impulsada poco después del recordado plebiscito de Esquel en contra de la explotación de la mina de oro en cercanías de la localidad cordillerana.

El artículo 3º de dicha Ley, marcaba que «la aprobación de la zonificación propuesta por el Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) en los términos del artículo 2º de la presente, se efectuará por Ley».

Proyecto

El proyecto de zonificación que ya está en varios despachos del Gobierno Nacional y al que pudo acceder diario El Chubut, consta apenas de tres artículos y el mapa marcando cuál sería la zona donde se permitiría la actividad minera.

El artículo 1º del borrador señala: «Modifíquese el artículo 2º de la Ley Nº XVll-68 (ex 5001) el que quedará redactado de la siguiente manera: Se establece como área de excepción a la prohibición establecida en el artículo 1º, al interior del polígono determinado por los puntos individualizados seguidamente, los que se encuentran graficados en el plano que como Anexo 1 forma parte de la presente Ley».

Luego detalla las coordenadas de la zonificación. Además, en el artículo 2º establece la derogación del artículo 3º de la ex 5001, el que determinaba que la aprobación de la zonificación propuesta por el Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM), se efectuaría por Ley. En definitiva, propone la eliminación del COPRAM.

Provincia definió el pago de sueldos comenzando el 9 de marzo. Cobrarán los empleados públicos con haberes menores a $30 mil. El día 16 sueldos hasta $ 50 mil. Completarán el resto el viernes 23. El Banco del Chubut prorrogó vencimientos hasta el lunes 12.

De las tres alternativas que venían trabajando desde el Ministerio de Economía con la supervisión del gobernador Mariano Arcioni, se optó por el pago de sueldos y jubilaciones en el Estado provincial de manera escalonada en tres etapas.

El subsecretario de Coordinación Financiera del Ministerio de Economía, Luis Tarrío, fue quien dio a conocer ayer en un raid de declaraciones por diversos medios, cuál será el cronograma de pagos definitivo.

Según lo anunciado por el funcionario que asumió esta semana, las escalas serán: sueldos de hasta 30 mil pesos, se abonarán a partir del 9 de marzo; sueldos de hasta 50 mil pesos el 16 de marzo; y los haberes que superen los 50 mil pesos cobrarán a partir del 23 de marzo. Esto incluye a activos como también al sector de los pasivos.

Aludiendo a lo obvio, Tarrío habló de una «situación crítica». Y coincidió con el flamante ministro de Economía, Alejandro Garzonio, al sostener que el Pacto Fiscal que Chubut firmó con la Nación, serviría para alguna refinanciación pero que se perderían algunos ingresos.

Vencimientos

En línea con lo solicitado por el gobernador Arcioni, el Directorio del Banco del Chubut anunció que se realizaron una serie de modificaciones que permitirán trasladar el vencimiento de la tarjeta de crédito Patagonia 365. Conforme estos cambios, «el plazo de pago caducará el 12 de marzo y no desde el 6 como estaba estipulado anteriormente».

Según remarcaron las autoridades del Banco, «este cambio tiene por objeto acompañar a los clientes de la entidad articulando las medidas posibles dentro de las normativas financieras vigentes, y en concordancia con las alternativas de pago salarial que evalúa el gobierno de la Provincia.

El corrimiento de esta fecha de vencimiento trae como beneficio que los clientes de Patagonia 365, muchos de ellos jubilados y trabajadores del Estado provincial, no abonen intereses por pago fuera de término hasta el día 12 de marzo.

Cabe señalar que esta modificación es posible exclusivamente en la tarjeta provincial por ser el ámbito de injerencia en el que el Banco del Chubut puede definir cuestiones operativas de esta índole.

Río Gallegos
Ayer por la mañana, en el marco de una nueva reunión del Bloque del Frente para la Victoria – Partido Justicialista de la Cámara de Diputados, los legisladores que pertenecen a la bancada mayoritaria, definieron las nuevas autoridades.
De esta manera, acordaron que – por tercer año – quien presidirá este espacio político será Matías Mazú, diputado por Distrito, el que será secundado por el diputado por el Pueblo de Las Heras, Víctor Álvarez.
En tanto, un mes atrás la Justicia volvió al ruedo con las investigaciones acerca del supuesto mal manejo en la obra pública en Santa Cruz y la “administración fraudulenta” en YCRT.
El fiscal Stornelli sugirió que los imputados “defraudaron al Estado”, al conformar “y materializar un ilícito sistema de contrataciones” que involucró al ex Ministerio de Planificación, a YCRT y a la UTN, tercerizando a través de la fundación de la universidad obras y compras, “de forma directa, sin sujeción a las normas en materia de contrataciones públicas”.
Y estimó que el perjuicio al Estado “fue superior a los $ 567 millones”, de los cuales sólo 265 millones fueron pagados en concepto de “comisiones y gastos administrativos” tanto a la fundación como a la Facultad Regional.
Otra causa que se le endilga es por el manejo de un contrato firmado en 2012 por el entonces jefe comunal de esa localidad, Matías Mazú e Isolux Corsán, en el marco del programa de Responsabilidad Empresaria.
Entre los compromisos asumidos, se convenía la refacción del Pabellón 10 del barrio “Los Mineros” de la ciudad de Río Turbio, además de acometer la pavimentación y apertura de calles en el barrio “Los Mineros”, en la zona de los pabellones, hasta su conexión en la zona del Monumento al Minero.
Las reformas en el pabellón no se hicieron. Por la investigación iniciada, en los últimos días de diciembre la Policía Federal allanó el edificio municipal en busca de esa información.

Buenos Aires
El fiscal Carlos Stornelli insistió con la detención de Roberto Baratta (ex mano derecha de Julio De Vido y ya detenido por otra causa), Martín Goicochea (rector de la UTN), Miguel Larregina (ex gerente contador de YCRT), Atanasio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT y actual intendente de Río Turbio) y Hugo Sánchez (presidente de la Fundación), en la causa que investiga el desvío de fondos millonarios del extinto ministerio de Planificación Federal a la mina de carbón Río Turbio.
La fiscalía sostuvo que a quienes se les pide nuevamente, la prisión preventiva, “defraudaron al Estado” al “conformar y materializar un ilícito sistema de contrataciones” que involucraron al ex ministerio de Planificación, a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), y la “tercerización de todas las obras a través de la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) de la UTN”.
Así, a través de una fundación vinculada a la Facultad se realizaron compras y contrataciones “de forma directa sin sujeción a las normas en materia de contrataciones públicas”.
La maniobra defraudatoria investigada fue “orquestada y ejecutada entre 2008 y 2015”. Se calcula que el perjuicio al Estado fue superior a los $ 567 millones.
Esta cifra fue rebatida por el juez Rodríguez que determinó que el perjuicio ocasionado al Estado es de 176 millones de pesos. El importe se compone de los montos efectivamente recibidos por la FRSC y la Fundación por “gastos administrativos” reconocidos en los convenios investigados en el sumario, por 91.990.000 pesos y 84.083.000 pesos, respectivamente.

Diseño
Para el fiscal Stornelli los imputados “diseñaron todo este sistema” para “sustraer dinero y defraudar” al Estado. Gran parte de la responsabilidad recae sobre YCRT y sus autoridades, Pérez Osuna como Larregina, que obraron de manera “irregular” tanto en la ejecución de convenios millonarios como en “pagos realizados”.
Según la Justicia, Baratta, Larregina, Pérez Osuna, Goycochea y Sánchez “tomaron parte en el diseño de esta estructura delictiva, junto a la ejecución y desarrollo de una ingeniería que desvió 265 millones de pesos, dinero que se abonó como gastos administrativos y comisiones a la FRSC, a su Fundación”, con YCRT y la UTN.
Ahora será la Sala II de la Cámara federal porteña integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah quienes deberán decidir sobre la situación de los procesados.
El informe de la SIGEN determinó que además, existe un monto de 88.320.750 pesos en concepto de “gastos administrativos” que fue reclamado por la FRSC y la Fundación, pero no fue abonado por YCRT.
El ex interventor de YCRT Pérez Osuna (actual intendente del FPV en Río Turbio) convalidó gastos a simple firma por $ 13.600.000 y, según la Justicia, “dicho límite fue deliberadamente evadido” y consideraba “otra ingeniería para sustraer fondos públicos” al firmar convenios que no superaban los $ 12,5 millones.
Además, señaló que todos pertenecían a la misma obra y los acusados “conocían el límite y buscaron burlarlos desdoblando los convenios en un evidente fraude”, según la indicación del fiscal.
Las irregularidades se “observaron también en los funcionarios de la UTN” que realizaron contrataciones “por fuera de la ley”, tercerizando proyectos con la FRSC. “Goicochea fue el que firmó la mayoría de los convenios”, se agregó.
Mientras la UTN-Santa Cruz cuenta con dos carreras de ingeniería “se transformó en subcontratista de obra pública y cobró en comisiones más de $ 176 millones”. (Fuente: Clarín)