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Provincia definió el pago de sueldos comenzando el 9 de marzo. Cobrarán los empleados públicos con haberes menores a $30 mil. El día 16 sueldos hasta $ 50 mil. Completarán el resto el viernes 23. El Banco del Chubut prorrogó vencimientos hasta el lunes 12.

De las tres alternativas que venían trabajando desde el Ministerio de Economía con la supervisión del gobernador Mariano Arcioni, se optó por el pago de sueldos y jubilaciones en el Estado provincial de manera escalonada en tres etapas.

El subsecretario de Coordinación Financiera del Ministerio de Economía, Luis Tarrío, fue quien dio a conocer ayer en un raid de declaraciones por diversos medios, cuál será el cronograma de pagos definitivo.

Según lo anunciado por el funcionario que asumió esta semana, las escalas serán: sueldos de hasta 30 mil pesos, se abonarán a partir del 9 de marzo; sueldos de hasta 50 mil pesos el 16 de marzo; y los haberes que superen los 50 mil pesos cobrarán a partir del 23 de marzo. Esto incluye a activos como también al sector de los pasivos.

Aludiendo a lo obvio, Tarrío habló de una «situación crítica». Y coincidió con el flamante ministro de Economía, Alejandro Garzonio, al sostener que el Pacto Fiscal que Chubut firmó con la Nación, serviría para alguna refinanciación pero que se perderían algunos ingresos.

Vencimientos

En línea con lo solicitado por el gobernador Arcioni, el Directorio del Banco del Chubut anunció que se realizaron una serie de modificaciones que permitirán trasladar el vencimiento de la tarjeta de crédito Patagonia 365. Conforme estos cambios, «el plazo de pago caducará el 12 de marzo y no desde el 6 como estaba estipulado anteriormente».

Según remarcaron las autoridades del Banco, «este cambio tiene por objeto acompañar a los clientes de la entidad articulando las medidas posibles dentro de las normativas financieras vigentes, y en concordancia con las alternativas de pago salarial que evalúa el gobierno de la Provincia.

El corrimiento de esta fecha de vencimiento trae como beneficio que los clientes de Patagonia 365, muchos de ellos jubilados y trabajadores del Estado provincial, no abonen intereses por pago fuera de término hasta el día 12 de marzo.

Cabe señalar que esta modificación es posible exclusivamente en la tarjeta provincial por ser el ámbito de injerencia en el que el Banco del Chubut puede definir cuestiones operativas de esta índole.

Río Gallegos
Ayer por la mañana, en el marco de una nueva reunión del Bloque del Frente para la Victoria – Partido Justicialista de la Cámara de Diputados, los legisladores que pertenecen a la bancada mayoritaria, definieron las nuevas autoridades.
De esta manera, acordaron que – por tercer año – quien presidirá este espacio político será Matías Mazú, diputado por Distrito, el que será secundado por el diputado por el Pueblo de Las Heras, Víctor Álvarez.
En tanto, un mes atrás la Justicia volvió al ruedo con las investigaciones acerca del supuesto mal manejo en la obra pública en Santa Cruz y la “administración fraudulenta” en YCRT.
El fiscal Stornelli sugirió que los imputados “defraudaron al Estado”, al conformar “y materializar un ilícito sistema de contrataciones” que involucró al ex Ministerio de Planificación, a YCRT y a la UTN, tercerizando a través de la fundación de la universidad obras y compras, “de forma directa, sin sujeción a las normas en materia de contrataciones públicas”.
Y estimó que el perjuicio al Estado “fue superior a los $ 567 millones”, de los cuales sólo 265 millones fueron pagados en concepto de “comisiones y gastos administrativos” tanto a la fundación como a la Facultad Regional.
Otra causa que se le endilga es por el manejo de un contrato firmado en 2012 por el entonces jefe comunal de esa localidad, Matías Mazú e Isolux Corsán, en el marco del programa de Responsabilidad Empresaria.
Entre los compromisos asumidos, se convenía la refacción del Pabellón 10 del barrio “Los Mineros” de la ciudad de Río Turbio, además de acometer la pavimentación y apertura de calles en el barrio “Los Mineros”, en la zona de los pabellones, hasta su conexión en la zona del Monumento al Minero.
Las reformas en el pabellón no se hicieron. Por la investigación iniciada, en los últimos días de diciembre la Policía Federal allanó el edificio municipal en busca de esa información.

Buenos Aires
El fiscal Carlos Stornelli insistió con la detención de Roberto Baratta (ex mano derecha de Julio De Vido y ya detenido por otra causa), Martín Goicochea (rector de la UTN), Miguel Larregina (ex gerente contador de YCRT), Atanasio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT y actual intendente de Río Turbio) y Hugo Sánchez (presidente de la Fundación), en la causa que investiga el desvío de fondos millonarios del extinto ministerio de Planificación Federal a la mina de carbón Río Turbio.
La fiscalía sostuvo que a quienes se les pide nuevamente, la prisión preventiva, “defraudaron al Estado” al “conformar y materializar un ilícito sistema de contrataciones” que involucraron al ex ministerio de Planificación, a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), y la “tercerización de todas las obras a través de la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) de la UTN”.
Así, a través de una fundación vinculada a la Facultad se realizaron compras y contrataciones “de forma directa sin sujeción a las normas en materia de contrataciones públicas”.
La maniobra defraudatoria investigada fue “orquestada y ejecutada entre 2008 y 2015”. Se calcula que el perjuicio al Estado fue superior a los $ 567 millones.
Esta cifra fue rebatida por el juez Rodríguez que determinó que el perjuicio ocasionado al Estado es de 176 millones de pesos. El importe se compone de los montos efectivamente recibidos por la FRSC y la Fundación por “gastos administrativos” reconocidos en los convenios investigados en el sumario, por 91.990.000 pesos y 84.083.000 pesos, respectivamente.

Diseño
Para el fiscal Stornelli los imputados “diseñaron todo este sistema” para “sustraer dinero y defraudar” al Estado. Gran parte de la responsabilidad recae sobre YCRT y sus autoridades, Pérez Osuna como Larregina, que obraron de manera “irregular” tanto en la ejecución de convenios millonarios como en “pagos realizados”.
Según la Justicia, Baratta, Larregina, Pérez Osuna, Goycochea y Sánchez “tomaron parte en el diseño de esta estructura delictiva, junto a la ejecución y desarrollo de una ingeniería que desvió 265 millones de pesos, dinero que se abonó como gastos administrativos y comisiones a la FRSC, a su Fundación”, con YCRT y la UTN.
Ahora será la Sala II de la Cámara federal porteña integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah quienes deberán decidir sobre la situación de los procesados.
El informe de la SIGEN determinó que además, existe un monto de 88.320.750 pesos en concepto de “gastos administrativos” que fue reclamado por la FRSC y la Fundación, pero no fue abonado por YCRT.
El ex interventor de YCRT Pérez Osuna (actual intendente del FPV en Río Turbio) convalidó gastos a simple firma por $ 13.600.000 y, según la Justicia, “dicho límite fue deliberadamente evadido” y consideraba “otra ingeniería para sustraer fondos públicos” al firmar convenios que no superaban los $ 12,5 millones.
Además, señaló que todos pertenecían a la misma obra y los acusados “conocían el límite y buscaron burlarlos desdoblando los convenios en un evidente fraude”, según la indicación del fiscal.
Las irregularidades se “observaron también en los funcionarios de la UTN” que realizaron contrataciones “por fuera de la ley”, tercerizando proyectos con la FRSC. “Goicochea fue el que firmó la mayoría de los convenios”, se agregó.
Mientras la UTN-Santa Cruz cuenta con dos carreras de ingeniería “se transformó en subcontratista de obra pública y cobró en comisiones más de $ 176 millones”. (Fuente: Clarín)

Bariloche

El juicio de extradición de Facundo Jones Huala comenzó pasadas las 10 en la sala montada en el gimnasio municipal 3, con poca presencia de público y un fuerte operativo de seguridad.

En primer lugar, se leyeron los cargos que se le imputan al líder mapuche en Chile. La abogada defensora Sonia Ivanoff solicitó incorporar como prueba el informe de la RAM presentado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el año pasado que vincula a Jones Huala como líder de esa organización.

La abogada remarcó que ese documento “corrobora la persecución política”.

El fiscal federal Jorge Bagur Creta, en cambio, dijo que esto era “improcedente” argumentando que ya venció el plazo para aportar pruebas. El juez federal Gustavo Villanueva dispuso un cuarto intermedio para resolver si finalmente incorpora esa prueba o no.

El líder mapuche arribó a Bariloche en un helicóptero chileno que presta servicio para el Plan Federal del Manejo del Fuego a las 8.30. La aeronave aterrizó en una cancha de fútbol ubicada a pocos metros del predio del gimnasio municipal y el hombre de 31 años fue trasladado hasta el lugar previsto para el juicio custodiado por unos seis agentes policiales.

En ese momento, un grupo de unos 50 manifestantes que se encontraban sobre la calle Esandi -que permanece cortada- corrieron hasta uno de los paredones (contiguos a la calle Santiago de Chile sobre la que se ubica el gimnasio) para poder ver al líder chileno.

“Libertad al lonko por luchar”, gritaban las consignas que además tuvieron los tradicionales palines (instrumento de un juego mapuche).

Los manifestantes gritaron además consignas de rechazo e insultos a los gendarmes que con cascos y escudos estaban apostados a pocos metros.

“Soy un prisionero político”

El líder mapuche reconoció haber reivindicado algunos sabotajes pero “no el que se le endilga”. Afuera un grupo de manifestantes siguió paso a paso la declaración de Jones Huala ante el juez.

“Fui combatiente en algún momento de la Resistencia Ancestral Mapuche. Y estuve involucrado en alguna situación de sabotaje pero no en la que se me endilga en este caso. He reivindicado los sabotajes porque no nos dan otra alternativa”, remarcó Facundo Jones Huala durante su declaración en la sala montada en el gimnasio 3, durante la segunda parte de la audiencia.

A lo largo de su declaración, de más de 45 minutos, el líder mapuche se definió como “un prisionero político” que ya lleva ocho meses de prisión. “Nosotros somos tratados como delincuentes cuando defendemos nuestros derechos. Y cuando vienen, nos asesinan como pasó con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”.

También señaló que es considerado un “terrorista” junto a otros integrantes de comunidades mapuches y se preguntó: “¿si somos terroristas dónde están los muertos? los muertos siempre son de nosotros”, enfatizó..

“Este es un juicio político; si no, ¿por qué hay tanta prensa?”, dijo al tiempo que rechazó la investigación judicial en Chile por considerarla irregular. También exigió “un diálogo político serio al gobierno argentino y chileno”

“El movimiento mapuche representa un peligro. No nos dejan ser mapuches, entrar libremente a nuestros espacios sagrados. No se atreven a bajar y hablar con nosotros y hablo de Bullrich, Macri, Bachellet y Piñera. Ni siquiera lo hizo Cristina Kirchner”, planteó.

Caleta Olivia
Recientemente el gremio de los profesionales de la salud, envió una nota al responsable de la secretaria de trabajo, Teodoro Camino, y a la ministra Rocío García a fin de dar apertura a la paritaria del sector y así atender, “el retraso” de las soluciones laborales y salariales que no llegan por parte del gobierno.
Por otra parte, APROSA solicita a las autoridades de la “CSS” que se enfoquen en el peligro que implica la “desidia” de la obra social hacia los pacientes oncológicos, y en esta línea, pidió cordura, porque tratarlos como “enemigos políticos” es una respuesta institucional que no tiene precedentes mundiales, indicaron.
La salud pública en Santa Cruz camina por un precipicio al borde de su peor final, con el agravante que sus responsables “siguen sin tomar conciencia” de las “consecuencias sociales” que esta situación provoca en la población, dejando vecinos desprotegidos y a la deriva.
Bajo este contexto, APROSA resolvió enviar una nota a la Secretaría de Trabajo y a la ministra de salud, Rocío García, a fin de dar apertura a la paritaria en el sector y acelerar los tiempos para avanzar en resolver la “problemática salarial” y la “crisis” de recursos humanos que existe dentro del sistema público, tras los reiterados perjuicios que ocasionan, tanto la “incertidumbre, como la falta de previsibilidad en la gestión política” de la Gobernadora Alicia Kirchner, quien invita todos los días a los trabajadores para abandonar el esquema estatal, obligándolos a buscar otras alternativas que brinden distintas condiciones.
En este sentido desde el gremio marcaron la postura y explicaron que es imperioso abrir esta instancia urgentemente, porque el momento refleja, que después de un año de no otorgarse un incremento en los haberes de los trabajadores, es imperioso que se actualice la política salarial y laboral.
Bajo esa órbita de sequía-agregaron- se origina que el costo de vida, producto de una inflación desmedida, supere ampliamente la escala salarial del sector salud.
Al respecto, “si el gobierno, marcaron desde APROSA, busca fortalecer el sistema de salud, deberá abandonar su tozudez de no mejorar los sueldos” y cambiar radicalmente esta posición, poniendo al trabajador dentro de sus prioridades, porque nadie merece una economía que congele sus proyectos o aplaste las ganas de poder vivir mejor, explicaron.

CSS
Por estas horas se supo, que los pacientes oncológicos de la zona norte de la provincia están “sufriendo el abandono y negligencia” de los funcionarios de la Caja de Servicios Sociales y de la Gobernadora Alicia Kirchner, al ver afectado su tratamiento por la no entrega de sus medicamentos desde la obra social.
En APROSA se preguntan “donde están los millones que se aporta mensualmente para el funcionamiento de esta institución” y en paralelo, afirmaron que las “personas que padecen esta enfermedad no pueden recibir este destrato y ser considerados como enemigos políticos”.
En este sentido comentaron, que el “reclamo es valioso y justificado”, por lo que el sindicato pidió para que la máxima mandataria, y todo el arco opositor, dejen las miserias de lado y se convoquen en un punto en común para buscar una salida acorde al conflicto.
Un segundo de espera-explicaron- es toda una vida que se pone en juego, admitieron desde APROSA, por ello en estos casos, es vital que los funcionarios de la CSS se “pongan en el lugar del otro” y se ubiquen encima del problema, para buscar y encontrar las mejores soluciones para quienes sufren este flagelo, argumentaron.