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Buenos Aires.
En el primer día de audiencia por la tragedia ferroviaria de Once, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido escuchó la acusación en su contra por dos delitos que tienen una pena máxima de prisión de 11 años.
Se trata del primer juicio oral contra quien fue ministro durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de las varias causas judiciales que tiene. De Vido está procesado por las irregularidades en la obra pública, la compra de trenes chatarra a España y Portugal y la no renovación de contratos ferroviarios, entre otras.
De Vido llegó a las 9:20 de la mañana a los Tribunales de Comodoro Py. Dieciocho minutos después empezó a ser juzgado por la tragedia en la que en febrero de 2012 fallecieron 52 personas. Se enfrenta a una pena máxima de 11 años de prisión.
Desde ayer, el Tribunal Oral Federal 4 comenzó el juicio en el que también está acusado Gustavo Simeonoff, quien era titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).
Ambos serán juzgados por los delitos de estrago culposo agravado y administración fraudulenta, que tienen una pena que va de los tres a los 11 años de prisión. En caso de una condena por la pena mínima será de cumplimiento efectivo en una prisión.

“Descontrol”
Durante su denuncia, la fiscalía advirtió: “la imputación que se erige respecto de Julio Miguel De Vido, durante su gestión como Ministro de Planificación Federal, Inversión y Servicios Públicos, consiste en no haber controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido y la aplicación de fondos públicos que el Estado Nacional puso a disposición de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A.. Asi, la inacción del nombrado, en función del rol que desempeñaba, como de las dependencias subordinadas -pese al notorio deterioro de los bienes afectados a la concesión-, posibilitaron las circunstancias precedentemente detalladas”.
Y se agregó: “En la empresa concesionaria se omitieron realizar las tareas de mantenimiento y sistemáticamente no se ejecutaron los planes que se encontraban obligados a cumplir, circunstancia que ocasionó un perjuicio económico al erario público, como consecuencia del grave deterioro de los bienes concesionados cuya conservación y custodia les fuera contractualmente confiada, como así también la falta de durabilidad de las inversiones efectuadas por el Estado Nacional para proceder a las reconstrucciones del material rodante solventada con fondos públicos y ejecutada por la empresa Emprendimientos Ferroviarios S.A”.
La lectura de la acusación de la Fiscalía y de las querellas -la Oficina Anticorrupción y las cuatro que representan a las víctimas- se detalló el deficiente estado de funcionamiento del tren que chocó en la estación.
Respecto a Simeonoff, el fiscal federal Ramiro González entendió que, durante su gestión como titular de la UNIREN “no avanzó en la renegociación del contrato de concesión suscripto con la firma Trenes de Buenos Aires S.A., omitiendo realizar el correspondiente análisis de situación y grado de cumplimiento alcanzado por el contrato, como así también efectuar alguna recomendación tendiente a mejorar el funcionamiento de este servicio”.
En la audiencia de ayer solo se leyeron las acusaciones y una querella planteó su disconformidad con la unificación que el tribunal dispuso en dos grupos. La abogada Patricia Anzoátegui pidió que la separen de la querella de los abogados Leonardo Menghini Rey porque tienen intereses distintos.
El abogado de De Vido, Maximilino Rusconi, anunció que van a hacer planteo previos al inicio de la declaración de los acusados pero pidió tiempo para analizar la causa porque asumió la defensa el lunes. El tribunal aceptó el planteo y lo hará el próximo miércoles cuando se haga la segunda audiencia del juicio.

Operativo
Para esta primera audiencia se montó un operativo especial de seguridad por la presencia de familiares de las víctimas. Además del personal habitual de Comodoro Py, hay dos equipos de contención de la Unidad de Intervención Territorial (DUIT), otro del escuadrón antibombas y personal de video para grabar.
Precisamente, junto a los familiares estuvieron presentes Leonardo Szuchet, jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, el cineasta Juan Campanella, Nilda Gómez, víctima de la tragedia de Cromañón, Carolina Píparo y Matías Bagnato.
También acudieron los políticos Vilma Ripoll, Alejandro Bodart y Juan Carlos Giordano, de partidos de izquierda, y el titular del gremio de empleados judiciales, Julio Piumato.
Los familiares estuvieron desde temprano. Colgaron banderas en la puerta de los tribunales y estuvieron presentes en la audiencia con carteles en los que reclamaron justicia para las víctimas.
A De Vido lo acompañaron Roberto Baratta, uno de los ex funcionarios más cercanos durante su gestión en el Ministerio de Planificación, y Jose María Olazagasti, su secretario privado. No hubo dirigentes del kirchnerismo.

Malversación de fondos
Ya hubo un primer juicio en el que se determinó que el tren funcionaba en malas condiciones y que hubo malversación de los fondos que el estado le daba a TBA para el mantenimiento del servicio. En ese primer juicio el Tribunal Oral Federal 2 condenó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, a la pena única de seis años de prisión, y Juan Pablo Schiavi, a ocho años; a Sergio Cirigliano, dueño de TBA, a nueve años; a 17 ex directivos de esa compañía; y a Marcos Córdoba, el motorman que manejaba el tren, a tres años y seis meses.
El único que está preso es Jaime y por otras causas.