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Buenos Aires
Es en una causa que se le sigue al ex intendente Darío Giustozzi . El perjuicio determinado por la justicia es de casi 5 millones de pesos.
Además fueron procesados y embargados Eduardo Bortolozzi, ex administrador de Enhosa y Lucio Mario Tamburo, ex subadministrador .
El juez federal Sergio Torres procesó al ex intendente de Almirante Brown y diputado nacional Darío Giustozzi, en una causa en la que se investiga la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Claypole que, pese a estar finalizado, se determinó en la investigación que no funciona.
El juez dictó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de administración fraudulenta y le trabó un embargo de 3.000.000 de pesos.
La maniobra investigada relacionada con las obras en Claypole comenzó en 2009 y finalizó en 2015.
Esas obras en el municipio de Almirante Brown quedaron bajo observación cuando el juez Torres se hizo cargo, por orden de la Corte Suprema de Justicia, de la supervisión y control de los trabajos para proveer de agua potable y cloacas en el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza.
El juez detectó irregularidades, hizo la denuncia y le tocó por sorteo a su juzgado.
La realización de las obras como las investigadas está a cargo de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), de la provincial Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).

Argumentos
Una de las irregularidades halladas en la investigación es que las obras se hicieron argumentando que sería parte del plan director que estaba a cargo de AySA, pero en realidad no lo era ni había sido avalado por esa empresa estatal.
Además, desde el 2011 -la obra había empezado tiempo antes- estaba prohibido hacer sistemas desvinculados en el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Para la construcción investigada, el municipio no pidió autorización de la Autoridad del Agua (ADA), órgano que funcionaba en la órbita del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.
Se evitó gestionar la declaración de impacto ambiental ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires y se avanzó en la realización del proyecto pese a que se sabía que no contaban con la aprobación de AySA, cuyo respaldo era indispensable e ineludible; tampoco fue avalado por la Agencia de Planificación (APLA) un entre tripartito de Nación, Ciudad y Provincia que debía analizar las obras.

Falsificación
También se detectó que se falsificó documentación para acreditar aspectos técnicos y de viabilidad ambiental, como la necesaria autorización de AySA, y con eso lograron justificar el financiamiento del Enhosa.
El juez señaló en su procesamiento que “el suceso bajo pesquisa concluyó en un resultado de perjuicio concreto, consistente en que se realizó un Sistema -conformado por una planta de tratamiento y un colector cloacal- que por sus deficiencias técnicas, inconsistencias constructivas, defectos de diseño e implementación y otras demás falencias estructurales, conllevaron a que sea una obra inútil, inhábil e imposible de ser puesta en funcionamiento”.
Y agregó que “se despilfarraron ingentes recursos públicos en un proyecto que siempre se supo que era ineficaz e inviable siendo que, para poder alcanzar tal cometido, desplegaron una gestión que exhibe un sin número de irregularidades de diversa consideración con las que se pretendió justificar, avalar y esconder esa infiel actuación y el resultado disvalioso aludido”.

SP
Junto a Giustozzi también fueron procesados y embargados Eduardo Bortolozzi, ex administrador de Enhosa; Lucio Mario Tamburo, ex subadministrador y luego administrador de Enhosa; Daniel Bolettieri, ex secretario de Infraestructura de Almirante Brown, y Luis Carusso, ex director de Hidráulica y Saneamiento del municipio de Almirante Brown.
En su fallo, Torres explicó que “(…) el planeamiento del suceso achacado previó aprovecharse de la función que ejercían todos quienes lo pergeñaron y ejecutaron ya que, en su conjunto, encabezaban y dirigían a sendos entes públicos involucrados en el financiamiento y realización del proyecto ‘Sistema Claypole’.
En suma, el universo de partícipes ostentaba todas las funciones de administración, dirección y gestión de los fondos que se asignaron al proyecto.
Además, el conjunto concentraba gran parte de las funciones de contralor, siendo que –como ya fue dicho- aquellas otras que se mantenían en cabeza de entes ajenos al grupo, fueron ilegítima e ilegalmente apropiadas por los nombrados, con el único y claro fin de garantizar el desfalco y su ocultación”.
Se determinó en la investigación que “el sistema desvinculado Claypole, en la forma en que fue diseñado y ejecutado, no resulta posible de ser puesto en funcionamiento, y dicha circunstancia era harto conocida por los incusos desde que se lo diseñó. Más ello no les importaba, solo les interesó tener obras en ejecución y decir que eran útiles. En esa línea, desplegaron todas las acciones necesarias a fin de cumplir con su ilegítima realización, valiéndose para ello de irregularidades, falsedades, incumplimientos de mandas legales y otros tantos artilugios que escondieron su ineficacia y permitieron su ejecución”.
Por último, el juez Torres determinó que se “dilapidaron $ 4.971.753,92”, pero también explicó que hubo otros perjuicios cuando señaló que: “… todo lo dicho perjudicó de manera relevante las arcas del estado, además de impedir el atendimiento en debido tiempo y forma, de las problemáticas de salud y ambientales de la zona de influencia del proyecto”. (Fuente: infobae)

Buenos Aires

La zona en la que los buzos de Prefectura Naval Argentina encontraron el cuerpo de Santiago Maldonado el 17 de octubre pasado tiene promedios de profundidad que superarían el 1,90 metros, con picos de hasta 3.

Personal que participó de la búsqueda en aquella jornada le informó a Clarín detalles de los trabajos y del informe que elaboraron para sus superiores. Por otro lado, el martes, los efectivos entregaron una versión jurada ante el juez Federal Gustavo Lleral, donde confirmaron que Maldonado fue encontrado en un pozo profundo en un área peligrosa y poblada de ramas y vegetación. Clarín había adelantado días atrás parte de esta información.

Testigos y participantes directos del rastrillaje le indicaron a este diario que el artesano se encontraba en un sector en el cual los buzos de un 1,70 o más, que con sus patas de rana agregan 30 centímetros a su estatura, no hacían pie en el sector. También fue detallado que el cuerpo estaba en un pozo superior a los 2,4 metros, cubierto de vegetación, entre ramas de sauces y raíces en un espacio donde apenas penetra la luz solar.

Agresión

Los trabajos en Pu Lof fueron muy complejos porque en el transcurso de la tarde arribó desde Chile un grupo muy agresivo –serían integrantes del RAM– que se oponía terminantemente a que continuaran con las pesquisas en el lugar. A su llegada comenzaron de inmediato a la lanzar piedras. El resultado habría sido dos buzos y tres policías heridos. “Fuimos agredidos física y verbalmente”, señaló un especialista que participó del operativo.

Otro testigo también narró que mientras preservaban el cuerpo en el agua, aparecieron varios indígenas, los cuales se dedicaron a insultar a los buzos, a los funcionarios y al juez. Uno de los funcionarios judiciales “fue atacado con patadas”, indicó. Además, la camioneta de Prefectura Naval fue impactada con piedras y como resultado terminó destruida una de sus ventanas.

“¡Tenés que cumplir con los acuerdos!”, se le habría escuchado gritar a uno de los mapuches al tiempo que insultaba al magistrado. El juez Lleral había reconocido que hubo un momento de tensión aquel día pero no quiso entrar en detalles.

La idea original de los expertos era tomar muestras del suelo y de la zona donde fue encontrado el cadáver, pero la arremetida de los presuntos mapuches habría impedido continuar las pesquisas obligando a los investigadores a salir apresuradamente del Pu Lof, cuentan voces que estuvieron presentes.

Un testigo confirmó a Clarín que en una de las balsas había un encapuchado que parecía asesorar a algunos de los especialistas. “La negociación quedó a la vista”, dijo una fuente calificada. “Fue descubierto a 7 metros desde la orilla hacia el centro del río, es la zona en la que se ahogó”, agregó.

Buenos Aires

El emblemático rompehielos «Almirante Irízar» tuvo su final feliz tras una década de inactividad por el incendio que devoró su ingeniería en 2007. Hoy, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, fue a recibirlo a los astilleros de Tandanor. El buque de la Armada llegó luego de diez días de navegar a prueba la Antártida, adonde volverá para su primera campaña de verano ya reparado. En el medio hubo una historia de reparaciones, demoras y alquileres que le costó al Estado argentino 248 millones de dólares.

«El buque demostró estar en perfectas condiciones, ha roto hielos de hasta cuatro metros de espesor, y ha hecho funcionar sus motores, motores que son nuevos. El barco está digitalizado. Sentimos la satisfacción de tener una alta capacidad tecnológica y humana como para que un barco de esta naturaleza se pueda haber hecho casi a nuevo en un astillero argentino», señaló este jueves el ministro. Si bien no está confirmado, es posible que él y el presidente Mauricio Macri visiten la Antártida durante el verano 2017-2018.

Más allá del abrazo que le ha dado al reparado y modernizado buque, la nueva gestión de Aguad no oculta que la larga reparación del Irízar es también una historia amarga, llena de misterios e irregularidades, en las que no ahondó la Justicia.

Dudas

Según los números proporcionados a Clarín por fuentes castrenses, la reparación del rompehielos costó al final 105 millones de dólares, y las campañas antárticas efectuadas durante el gobierno kirchnerista con barcos y helicópteros extranjeros -entre ellos el ruso Vasily Golovniv – sumaron otros 142,9 millones de dólares. En total, el Estado gastó unos U$S 248 millones de dólares en una década, cuando un buque nuevo podría haberse adquirido por entre U$S 120 y U$S 150 millones, mientras se reparaba el Irízar de otra manera.

En Defensa existe un pormenorizado detalle aún no difundido que podría arrojar precisiones de cómo se gastó cada peso y dólar desde que el buque fue remolcado a la base aeronaval de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca en 2007 y años después a Tandanor. Sobre todo, resta dilucidar por qué hubo obras de ingeniería eléctrica que comenzaron y se cancelaron para luego reiniciarse con una u otra empresa.

También se podría saber qué ocurrió con una causa que se abrió en la Justicia contra el ex ministro de Defensa, Arturo Puricelli, y contra su hijo, cuyo destino se desconoce. En su momento, Puricelli cambió de la noche a la mañana la concesión del alquiler de los buques a los rusos, y los reemplazó por un barco polar alquilado a los suecos. Lo cierto es que en la transición, y la marcha atrás, se perdió tiempo y dinero, ya que además se judicializaron también algunas de las obras.

Al llegar el radical Julio Martínez a Defensa (al asumir el gobierno de Mauricio Macri), la campaña antártica se comenzó a realizar con barcos de la Armada Argentina, y lo curioso es que esta fue por demás exitosa. Ello arroja por la borda la teoría de que se necesitaban buques extranjeros.

Flota antártica

Ahora, nuevamente en actividad, el Irízar encabezará la flota antártica como lo hizo desde 1978 hasta su accidente de 2007. El jefe de Pruebas de Tandanor, José Luís Pérez Varela, informó recientemente que en la última etapa se le hicieron dos tipos de pruebas sobre dos espesores de hielo: la de navegación en campo de hielo plano a velocidad y potencia constante para determinar la capacidad continua de rotura del buque hasta un metro de espesor uniforme; y la de penetración por impacto o ramming, cuyo objetivo era determinar la fuerza y capacidad de penetración en campos de espesores superiores a tres metros.

El buque tiene ahora helipuerto, aumentó la capacidad de personal embarcado de 245 a 313 plazas, se incrementó el área dedicada a laboratorios de investigación, y se realizaron cambios en todo el sistema eléctrico de media tensión de corriente continua a corriente alterna. Todo terminó como esperaban, aunque se pagó muy caro.